Un virtual conflicto de poderes se planteó en torno a la investigación del caso de la persona que apareció asesinada e incinerada en el "camino de los bagayeros" en el departamento Oran, el 30 de mayo pasado.
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Un virtual conflicto de poderes se planteó en torno a la investigación del caso de la persona que apareció asesinada e incinerada en el "camino de los bagayeros" en el departamento Oran, el 30 de mayo pasado.
El asunto se desmadró con las declaraciones del secretario de Seguridad, Jorge Ovejero, quien aseguró a El Tribuno y otros medios de la provincia que el único detenido, Juan Carlos Tejerina Ortega, oriundo de Bolivia, confesó el aberrante hecho. Claudia Carreras, la fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Orán, desacreditó al funcionario al señalar que sus dichos no se ajustan a la verdad.
Según Ovejero, el detenido declaró que todo sucedió durante un ingesta de bebidas alcohólicas con un compatriota en un galpón de acopio de mercadería de contrabando, ubicado a un costado de la ruta nacional 50, donde trabaja de sereno. En esas circunstancias -según el funcionario- Tejerina confesó que atacó con un cuchillo a su ocasional adversario y le produjo lesiones profundas en la espalda. Luego de comprobar que estaba muerto, el hombre arrastró el cuerpo por más de cien metros hasta el "camino de los bagayeros" , donde le prendió fuego, utilizando combustible, troncos, ramas, cajones de madera y otros elementos de fácil combustión.
Sin embargo, las aseveraciones del funcionario gubernamental fueron desmentidas de manera terminante por la fiscal Carreras, quien aclaró que estas manifestaciones carecen de veracidad, con el argumento de que Tejerina Ortega se abstuvo de declarar durante la audiencia de imputación, tal como se había informado oportunamente desde la fiscalía que tiene a su cargo la dirección de la investigación del caso. Lo único que reconoció fue que al acusado se le imputó el delito de homicidio "críminis causa".
La fiscal norteña negó también que las prendas de vestir secuestradas a Tejerina Ortega presentaran rastros de sangre humana, contrariamente a lo afirmado por Ovejero a la prensa. El secretario de Seguridad había señalado que el detenido entregó la remera lavada que tenía puesta al momento del hecho y que a pesar de ello los peritos encontraron restos compatibles con sangre al practicarse las pruebas científicas de rigor. Para no dejar duda acerca de esta controversia, Carreras consideró "prudente aclarar" que las pruebas de luminol practicadas en las prendas de vestir del sereno Tejerina Ortega no revelaron presencia de sangre
Por otro lado, la representante del Ministerio Público sostuvo que durante los allanamientos realizados el fin de semana pasado se secuestraron las cámaras de seguridad que existían en el playón, cuyo análisis se considera de suma importancia para la investigación. Carreras indicó que está a la espera de que el Juzgado de Garantías de Orán se expida ante el requerimiento que hizo para que dichas grabaciones sean revisadas a la brevedad.
Sin identificar
Respecto a la identidad de la víctima, la fiscal explicó que aún no ha sido posible su individualización, pese a que se dieron todas las directivas pertinentes para lograrlo. Carreras dejó en claro que nada se sabe acerca de quién es la persona fallecida. Con ello la fiscal también echó por tierra los dichos de Ovejero, quien subrayó que Tejerina Ortega manifestó que el muerto es un compatriota suyo y que dio su identidad. Las pericias médicas están a cargo del equipo forense del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) que hasta el momento no pudo determinar la data ni las causas de la muerte. La tarea se dificulta por el hecho de que el cadáver quedó virtualmente carbonizado.
Tras desmentir lo expresado por el secretario de Seguridad, Carreras sentenció que la investigación sigue su curso y que no se descarta ninguna hipótesis acerca del hecho. Lo que se sospecha es podría tratarse de un crimen mafioso por cuestiones relacionadas con las actividades ilegales que imperan en la caliente frontera.
Las fuentes consultadas apuntaron a que el caso podría estar vinculado con la lucha entre grupos que pretenden monopolizar el contrabando de mercadería, que se ve facilitado por la falta de políticas de Estado para el control de este comercio ilegal.