¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

16°
28 de Marzo,  Salta, Centro, Argentina
PUBLICIDAD

El criadero ilegal con 3.900 cerdos clausurado en Campo Quijano está pegado a una escuela

“Por velar por la integridad de los niños fui denunciado”, dijo el intendente de Quijano. “¿Vamos a esperar a que muera otro chico, como Thiago?”, se preguntó una abogada.
Domingo, 01 de julio de 2018 00:00

"Por actuar conforme a derecho, en defensa de la salud pública y en particular de la integridad de los niños de la escuela República de Venezuela, en tiempo récord fui denunciado penalmente". En esos términos el intendente de Campo Quijano, Manuel Cornejo, aludió a la insólita batalla administrativa y judicial que estalló en ese municipio por un mega criadero de cerdos que opera, desde hace dos años, sin habilitación legal.

Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

"Por actuar conforme a derecho, en defensa de la salud pública y en particular de la integridad de los niños de la escuela República de Venezuela, en tiempo récord fui denunciado penalmente". En esos términos el intendente de Campo Quijano, Manuel Cornejo, aludió a la insólita batalla administrativa y judicial que estalló en ese municipio por un mega criadero de cerdos que opera, desde hace dos años, sin habilitación legal.

La citada escuela rural cumplió 102 años de vida en el camino a Corralito y alberga en sus aulas de los niveles inicial y primario a 33 chicos de la zona de Cámara. Según un informe del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), la salud de los pequeños está expuesta por la actividad irregular de la granja porcina que opera pegada al establecimiento educativo, sin la licencia habilitante ni el certificado de aptitud ambiental (CAAM) que exigen las normas vigentes.

La jueza de Garantías de Sexta Nominación, Sandra Espeche, había ordenado su clausura y desalojo el pasado 11 de junio, pero en los últimos días la empresa responsable del emprendimiento, Regata SA, fue favorecida con dos espaldarazos judiciales que dejaron el cierre de su actividad marginal en suspenso.

Cerdos muertos fotografiados por policías y profesionales del CIF en una fosa abierta

El pasado martes, la jueza Espeche le concedió a la firma un recurso de apelación, con efecto suspensivo, y elevó el expediente al Tribunal de Impugnación. De esa forma, la sociedad anónima que preside Patricio Manuel Bobbio podrá mantener en pie su criadero de cerca de 3.900 cabezas porcinas, sin afrontar las acciones por desobediencia judicial que la Fiscalía Penal de Rosario de Lerma tenía en la gatera, hasta tanto los jueces de alzada diriman la cuestión de fondo del recurso.

Silvina Borla, abogada: “La pretensión de la empresa es algo así como que un ladrón pida que se lo deje robar porque gastó en la compra de un arma. Se está robando a niños el derecho a desarrollar actividades escolares en un ambiente sano y adecuado”.
 

El miércoles, en tanto, la jueza de Garantías de Primera Nominación, Ada Zunino, hizo lugar a una medida cautelar que solicitó Regata, en el marco de una denuncia presentada contra el intendente Cornejo, y ordenó la suspensión de la clausura que había dispuesto el Ejecutivo municipal de Campo Quijano el pasado 6 de junio. En la meteórica resolución, la magistrada evaluó los perjuicios económicos que tendría la empresa con la medida de cierre (unos $57 millones, según estimaciones de la propia firma), sin considerar su irregular actividad de cría intensiva de cerdos ni los riesgos a que están expuestos los alumnos de la escuela República de Venezuela. "Esto último pareciera no existir", denunció la abogada ambientalista Silvina Borla en diálogo con El Tribuno.

"Me parece extraño y absurdo que quienes defendemos los intereses de los más vulnerables, como el intendente de Quijano, terminemos señalados como los responsables de la situación que hoy enfrenta la empresa, cuando ella misma eligió desarrollar su actividad en forma clandestina e ilegal", recalcó la letrada que asiste a vecinos afectados.

"¿Vamos a esperar a que muera otro niño, como Thiago, o los que mueren en las comunidades originarias en el norte, para hacer algo?", se cuestionó la abogada ambientalista.

En el mismo sentido, el intendente Cornejo subrayó que la preocupación central está puesta en los niños de la escuela del paraje Cámara. "La ley me obliga a actuar y debo ante todo velar por la salud de los 33 chicos que tenemos en su jardín de infantes y la primaria".

El jefe comunal recordó que el pozo del establecimiento escolar se secó hace seis años y se tuvo que perforar uno nuevo que ahora tiene serios interrogantes planteados por los vuelcos contaminantes del criadero. "La Constitución, la Convención Internacional de los Derechos del Niño, otros tratados internacionales, la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Código Alimentario y leyes que protegen la salud y el medio ambiente no admiten una actividad como la que se desarrolla a metros de la escuela", puntualizó Cornejo.

La abogada Borla subrayó que los vuelcos directos del criadero son realizados en un sector de la finca Santa Sofía que tiene una pronunciada pendiente hacia la escuela, de modo que, ante cualquier desborde, las excretas porcinas que se vierten en las lagunas de tratamiento acabarían en el jardín de infantes. 

Una de la lagunas donde se vierten las excretas y aguas residuales del criadero 
 

En un informe presentado el 31 de mayo último al fiscal penal de Rosario de Lerma, Gustavo Torres Rubelt, el CIF advirtió sobre “la falta de impermeabilización de las lagunas y su proximidad a cursos de agua” de los que dependen las fuentes de suministro de la escuela y de la localidad de Rosario de Lerma. 

La empresa nunca presentó el estudio de impactos previo y obligatorio que exige la ley 7070 de protección del medio ambiente. Sin ningún permiso lleva dos años de actividad. Ante las primeras denuncias, en abril último obtuvo una habilitación irregular en el municipio de Rosario de Lerma. El permiso ilegal fue dado de baja, en mayo, porque el criadero está Quijano y es allí donde debió gestionarse.

Con el escándalo desatado, Regata solicitó a la comuna competente la regularización del enorme criadero, pero el 6 de junio, a través de la resolución municipal 33/18, el intendente Cornejo rechazó su pedido “por no contar con ninguno de los requisitos previos y obligatorios para el presente trámite” y por resultar la actividad contraria al desarrollo urbanístico y turísticos de la zona. En esa misma resolución, el jefe comunal de Quijano dispuso el cierre por el que fue denunciado.

“La empresa, sin ningún permiso, viene desarrollando su actividad desde 2016. Tiene una autorización del Senasa, que la pone como un establecimiento modelo, sin haber verificado nunca las condiciones de su producción, si estaba legalmente habilitada y si contaba con certificado de aptitud ambiental. Me pregunto modelo de qué es, ¿de ilegalidad?”, planteó Borla.
 

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

PUBLICIDAD