El presidente del Consejo de la Magistratura de la Nación, Miguel Piedecasas, estuvo en Salta la semana pasada para participar de una capacitación del Colegio de Abogados.
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El presidente del Consejo de la Magistratura de la Nación, Miguel Piedecasas, estuvo en Salta la semana pasada para participar de una capacitación del Colegio de Abogados.
Además, recorrió tribunales federales para informarse sobre cómo están trabajando, en una de las jurisdicciones más complicadas por el aumento de los casos de narcotráfico.
En diálogo con El Tribuno, consideró que lograr el acceso digital a la Justicia sería más importante que ampliar el horario de atención de los juzgados, idea que se plantea recurrentemente cuando se analiza la eficiencia del sistema judicial.
Además, aseguró que el crecimiento del crimen organizado representa un nuevo dilema y que se deben reformar las estructuras normativas y procesales.
Hasta hace dos años se hablaba de que el 30 por ciento de los cargos estaban vacantes en la Justicia Federal, ¿cómo están las cifras hoy?
Hay que entender que este Consejo de la Magistratura ha revertido una situación de parálisis que tenía el anterior, que en cuatro años solo había elevado 45 ternas. ¿Qué hemos hecho? Poner en marcha el Consejo y los concursos. Hoy estamos en un número de 200 ternas, pero sobre noviembre habrá 250 o más, lo que va a implicar cinco veces más producción que el anterior Consejo.
Estamos hablando de dos realidades absolutamente diferentes. Hoy, en el Consejo de la Magistratura, estaremos en un 18 por ciento de vacantes. Cuando lo tomamos, tenía el 30 por ciento. Es un 18 por ciento en baja porque vamos a cerrar más ternas hasta fin de año. Realmente es una producción histórica.
"Creo que Argentina debe apostar a los juicios por jurados, pero requiere de una cultura jurídica llevarlos adelante"
Salta y Jujuy son las primeras provincias donde se van a implementar los cambios en el Código Procesal Penal de la Nación.
Estamos acompañando fuertemente ese proceso. De hecho, con los equipos técnicos del Consejo, estamos trabajando muy bien. Ahora vamos a ver si las leyes están en el tiempo oportuno. El Código Procesal Penal está aprobado pero está suspendida su vigencia, también está recibiendo alguna postulación de reformas para su puesta en funcionamiento.
Yo tengo fe de que esta puesta en funcionamiento pueda ser a principios del año que viene. En realidad, la adecuación edilicia va muy bien, la adecuación tecnológica va bien y lo que necesitamos es tener un texto vigente y aplicable. Tengo fe en que el Congreso de la Nación va a hacer las modificaciones que requiere el Código Procesal para su puesta en funcionamiento.
¿En qué va a beneficiar a los ciudadanos este nuevo Código Procesal?
Es un cambio de paradigma que tiene tres ejes. Primero, el actor principal pasa a ser el Ministerio Público Fiscal.
Otro punto es que va a tener un entorno digital, que es fundamental porque se pasa de la base de papel a la base digital, lo que trae de la mano la transparencia, el seguimiento y la trazabilidad. Se acaban los problemas de infraestructura.
Y en tercer lugar está la oralidad, que es inmediatez, celeridad, transparencia e implica un cambio de cultura jurídica porque hay que resolver en el momento. Hay que alegar, plantear y cuestionar en la audiencia y los tiempos se acortan.
Esto debería producir más celeridad, más transparencia y, fundamentalmente, un acercamiento del esquema de Justicia a la ciudadanía. Hay una accesibilidad producto del entorno digital, la oralidad y del cambio de sujeto. Después, si los sistemas dan resultado o no, depende de cómo se los aplique.
"Necesitamos el nuevo Código Procesal pero también hornos pirolíticos, laboratorios y scáners"
El fiscal federal de Salta Carlos Amad denunció que lo amenazaron por medio de un mensaje en el que le decían que sería "el próximo Nisman"y le ordenaban "dejar de investigar en Orán". ¿Cree que se están haciendo más frecuentes estas situaciones?
Primero, repudio cualquier tipo de amenaza contra cualquier persona y, en particular, contra un funcionario que lleva adelante la acción pública.
En segundo lugar, la criminalidad compleja ha crecido. El crimen organizado presenta un nuevo dilema, por eso hay que reformar las estructuras normativas y procesales.
Tenemos un programa con la Unión Europea de asistencia técnica para la lucha contra el crimen organizado, como la corrupción, la trata de personas y los delitos de lesa humanidad. Ellos han detectado que los problemas que tenemos son de adecuaciones normativas.
Necesitamos una normativa adecuada a este nuevo fenómeno. Segundo, necesitamos cuerpos periciales adecuados. En narcotráfico necesitamos, por ejemplo, que este nuevo Código Procesal se ponga en funcionamiento, pero también hornos pirolíticos, laboratorios y scaners, implementos tecnológicos absolutamente necesarios.
Un aspecto que es importantísimo es que el plantel de la Justicia Federal esté completo. Si no, es un partido que estamos jugando con un plantel incompleto.
El crimen organizado es un gran desafío para la Justicia Federal.
¿El país está preparado para avanzar en el juicio por jurado, que ya se implementa en algunas jurisdicciones?
Es una gran inquietud de la sociedad y el sistema de justicia. De hecho, en las últimas entrevistas del Consejo de la Magistratura en las que participé, preguntó la opinión de los aspirantes a jueces.
El juicio por jurado es una gran herramienta de participación ciudadana. Creo que Argentina debería dar ese paso, pero debemos ser conscientes de que se necesita una determinada cultura.
El jurado es una estructura, recursos, preparación. Todos debemos acostumbrarnos a esta nueva herramienta de participación ciudadana. Creo que debemos apostar a este mecanismo de participación ciudadana porque es para mejorar la Justicia, pero requiere de una cultura jurídica llevarlo adelante.
Con respecto a la idea de acortar la feria judicial o alargar los horarios de los juzgados, ¿cree que es una solución?
Lo veo positivo. Pero también debo decir es que es una parte del problema. Lo que creo es que debemos producir la revolución digital. La Justicia debe estar accesible para la ciudadanía de manera permanente.
Hace unos años íbamos al banco, hacíamos cola, sacábamos un número. A las 13.30 cerraba y todos volvíamos al día siguiente. Hoy veo que nadie hace una operación bancaria presencial. La hacemos desde nuestro hogar, con una computadora, las 24 horas del día.
La Justicia tiene que imaginar el entorno digital como un mecanismo de accesibilidad plena, desde cualquier punto del país: desde el hogar, el teléfono o cualquier lugar. Eso va a producir un cambio mucho más importante que agregar una hora o acortar una feria judicial.
La Justicia estaría en tiempo pleno a disposición del ciudadano. El eje principal para acortar los plazos y lograr transparencia está en lograr la llamada justicia digital.
¿Considera que la credibilidad de la Justicia está mejorando?
No tengo una percepción personal porque estoy en el interior del sistema de Justicia. Mi percepción es de trabajar continuamente y cumplir con las obligaciones institucionales.
Tenemos que tener claro que nuestro rol es el de cumplir con responsabilidad. De lo contrario, la respuesta de la sociedad va a ser crítica. Tenemos que completar, por ejemplo, la planta de jueces federales, lograr el entorno digital y la oralidad. Estos logros van a tener como consecuencia lógica una mayor confianza. También debemos lograr resultados eficaces, plazos razonables y una resolución justa para el conflicto.
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