Mujeres representantes de distintos gremios realizaron hoy un "pañuelazo" a favor del aborto legal en la puerta de la histórica sede de la CGT, en la calle Azopardo, para reclamar que la central obrera aclare su postura sobre la iniciativa y asegure que, en caso de que se apruebe en el Congreso, las obras sociales sindicales se hagan cargo de las prácticas.
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Mujeres representantes de distintos gremios realizaron hoy un "pañuelazo" a favor del aborto legal en la puerta de la histórica sede de la CGT, en la calle Azopardo, para reclamar que la central obrera aclare su postura sobre la iniciativa y asegure que, en caso de que se apruebe en el Congreso, las obras sociales sindicales se hagan cargo de las prácticas.
Las manifestantes concurrieron a las sedes de la central obrera de otras ciudades del país como Bahía Blanca, Rosario y Salta.
El "pañuelazo" en Salta. Foto gentileza Irene Cari
"Aborto legal en la obra social", fue uno de los principales cánticos que entonaron las militantes de la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
La movilización se produjo luego de que surgieran trascendidos respecto de la preocupación de referentes sindicales acerca de los costos que tendrían los eventuales abortos para las obras sociales sindicales.
"Los abortos son 60 por ciento más baratos si se producen en el Estado y sin riesgo ni costo para la mujer, también se pueden hacer en el domicilio. La plata de las obras sociales es nuestra, la aportamos mensualmente", sostuvo la dirigente del MAS Vilma Ripoll.
En el "pañuelazo" frente a la sede ubicada en Azopardo 802 también se pudo ver a la diputada nacional del Frente de Izquierda y dirigente de Suteba, Romina del Plá.
Reunión con referentes de la central obrera
La secretaria de Igualdad de Oportunidades y Género de la central obrera, Noé Ruiz, recibió a un grupo de referentes de la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, que le pidió una reunión formal con las autoridades.
"Estamos cruzados por políticas económicas y financieras. No estoy hablando como CGT sino como mujer de lucha", afirmó Ruiz.
La semana pasada, la Confederación General del Trabajo (CGT) emitió un comunicado en el que señaló que no manifestaría "una posición institucional" sobre el aborto "por el debido respeto que merecen las convicciones personales". No obstante, recordó que la central "viene gestionando y alertando al Poder Ejecutivo y a los Ministerios de Trabajo y de Salud sobre el impacto que la inflación descontrolada imprime sobre las economías de las obras sociales".
Arrancó el debate en el Senado
El Senado realizó hoy la primera audiencia pública sobre la legalización del aborto con la presencia de referentes de los ámbitos médico y legal, que se expresaron a favor y en contra del proyecto aprobado por la Cámara de Diputados.
Los expositores se presentaron ante el plenario de las comisiones de Salud, de Justicia y de Asuntos Constitucionales, que volverá a reunirse este miércoles en el Salón Arturo Illia a partir de las 10 para continuar el debate.
La senadora de Cambiemos Silvia Elías de Pérez, contraria al proyecto, preguntó a varios de los expositores a favor si recibían financiamiento de la organización Planned Parenthood y solo obtuvo respuesta afirmativa de Mariana Romero, médica y referente del Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES).
Los senadores Alfredo Luenzo y Pamela Verasay, que están a favor del proyecto, interrogaron a los críticos sobre su visión respecto de la criminalización de la mujer y todos se expresaron en contra.
Voces a favor
El director ejecutivo de Fundación Huésped, Leandro Cahn, se refirió a la objeción de conciencia que se plantea frente a la legalización del aborto y afirmó: "Es similar a la objeción de conciencia de hecho que muchos practicaron con las personas HIV positivas en el comienzo de la epidemia. Era casi abandono de persona".
"Cuando el aborto sea ley, las mujeres no solo accederán a una práctica más segura, también a métodos anticonceptivos que permitan evitar embarazos no deseados", agregó Cahn, quien justificó el plazo de las 14 semanas de gestión para realizar un aborto legal.
En este sentido, explicó: "Una mujer notará un embarazo recién en la semana cuatro" y precisó: "Si acortamos el plazo, menos mujeres, fundamentalmente las más jóvenes y las más vulnerables, van a poder acceder a la práctica".
La exdirectora del Consejo de la Mujer María Lucila Colombo consideró que el aborto "no es un derecho de las mujeres", pero que "las mujeres no deben ser penalizadas" por recurrir a esa práctica, al tiempo que subrayó que "el voto de rechazo no da ninguna respuesta a la realidad" que se vive en este tema.
El abogado Martín Farrell sostuvo que "la autonomía es un principio liberal" y que "las declaraciones de derechos y garantías de la Constitución Nacional están sustentados en la ideología liberal" por lo que "el proyecto, que menciona la autonomía, está armonizando la Constitución Nacional con la legislación".
La médica y psicoanalista Martha Rosenberg destacó "el inmenso movimiento social hasta ahora obturado por fuerzas conservadoras y clericales" y agregó: "Somos las únicas derechohabientes a considerar".
El jurista Marcelo Alegre remarcó que "el artículo 19 de la Constitución Nacional protege las decisiones privadas que no afecten a terceros" y afirmó que "el aborto en las primeras 14 semanas es una acción privada porque el feto no tiene intereses y derechos", tras lo cual agregó: "Asimilar el feto a un niño no es un principio aceptable".
Voces en contra
El abogado Manuel García Mansilla afirmó: "El derecho a la vida está reconocido en normas de máxima jerarquía. El aborto es un delito con algunas causales de no punibilidad. Pretenden garantizarlo como si fuera un derecho, pero ese supuesto derecho no existe".
A su turno, el urólogo Fernando Secin también se expresó en contra y afirmó: "Los médicos pensamos que la legalización del aborto podría ocasionar un descalabro en la salud pública y expresamos un rechazo absoluto a este proyecto de ley".
La primera polémica de la jornada llegó cuando Secin comparó el aborto con la desaparición forzada de personas, una declaración que fue objetada por el jefe del Bloque Justicialista, Miguel Pichetto, quien le pidió "criterio prudencial para usar las palabras".
"Respeto los derechos de la mujer, pero creo que la mujer no puede decidir sobre otra persona", indicó a su turno Eduardo Young, ginecólogo y miembro de la Academia Nacional de Medicina, que sostuvo además que el feto "no es una persona" sino "una persona en potencia" y valoró los métodos anticonceptivos como "el mejor instrumento para prevenir abortos".
La abogada María Angélica Gelli sostuvo que "hasta un niño en situación de calle puede esquivar su situación terrible, pero el niño no nacido, si su madre decide terminarlo, no tiene defensa alguna", al tiempo que señaló que el proyecto "consagra un derecho subjetivo de la mujer" mientras "ignora en términos absolutos el tercero en cuestión que es el concebido".
María Elena Critto, socióloga, afirmó que "Uruguay, Chile y Argentina disminuyeron la mortalidad materna por aborto sin una ley de aborto" y que "en Uruguay subió un 40% la cantidad de abortos desde la legalización".