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Ricardo Gil Lavedra: “El empoderamiento respecto de los derechos de la mujer ya está y es imparable”

Miércoles, 25 de julio de 2018 02:26

 Ricardo Gil Lavedra, exjuez integrante del tribunal de juicio a las juntas y exdiputado nacional, expuso en mayo, tanto en Diputados como en Senadores, su postura a favor del proyecto de legalización del aborto. En diálogo con El Tribuno, se refirió al debate, los ejes de la discusión, la legislación y explicó por qué la criminalización ha fracasado. 

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 Ricardo Gil Lavedra, exjuez integrante del tribunal de juicio a las juntas y exdiputado nacional, expuso en mayo, tanto en Diputados como en Senadores, su postura a favor del proyecto de legalización del aborto. En diálogo con El Tribuno, se refirió al debate, los ejes de la discusión, la legislación y explicó por qué la criminalización ha fracasado. 

¿Cual es su postura con respecto al proyecto de legalización del aborto?
Me parece que es un proyecto trascendente. En todas las sociedades del mundo occidental en las que se han dado estos debates, han producido cambios profundos. Incluso han sido debates muy intensos porque tocan creencias ancestrales, prejuicios, ideas religiosas o bien culturales. El debate se está haciendo ahora también en Argentina y creo que en el fondo del mismo, lo que prima es una determinada concepción acerca de cuál es el rol de la mujer dentro de la sociedad y cuál es el alcance de sus derechos. Yo creo que la mujer ha sido, desde hace muchos siglos, una categoría vulnerable porque se le han reconocido siempre muchos menos derechos que los que le correspondían. Basta mencionar que en el Código Vélez Sarsfield durante el siglo XIX, la mujer tenía una incapacidad relativa, es decir, no podía estar en el comercio y para todas las cosas que quería hacer le tenía que pedir autorización al marido. La mujer tuvo derechos políticos desde la mitad del siglo XIX. La patria potestad compartida la tiene recién hace 30 años y me parece que esta agenda de género, esta lucha por alcanzar niveles de igualdad y paridad sustancialmente tiene mucha relación con la discusión del aborto porque ésta se vincula directamente con la posibilidad de que la mujer tenga autonomía, es decir, que pueda decidir su propio plan de vida y con la inviolabilidad de su cuerpo, es decir, que su cuerpo no sea utilizado como instrumento para otro fin.

Usted en su exposición en Diputados delimitó ejes de la discusión...
La polémica es tan fuerte, que incluso ha tenido ribetes de intolerancia y hasta muchas veces de violencia. Esto desdibuja muchas veces qué es lo que se está discutiendo. Todos estamos de acuerdo en que el aborto es algo no deseable, es decir, todos quisiéramos que existieran menos abortos. Lo que ocurre es que la solución para esto no es criminalizar a la mujer que así lo decide sino la posibilidad de que haya menos abortos. Esto se vincula directamente con que haya menos embarazos no deseados sobre todo entre las adolescentes, ya que las cifras son de terror, apabullantes, y también que haya una muy fuerte educación sexual integral y reproductiva, tal como lo contempla el tercer título del proyecto, que enseñe el acceso a los métodos anticonceptivos, sobre todo a los adolescentes para que la mujer pueda, en esas circunstancias, tomar la mejor decisión. Esta educación es clave. Hay que buscar de qué manera hacer realidad esto que estamos pregonando de que la maternidad sea una decisión, no una obligación, y eso se vincula directamente con las políticas de educación sexual integral.
Por supuesto que embarazarse es una cuestión seria, pero la solución para esto no es castigar poniendo penas de prisión a la mujer.
Es decir, el derecho penal ha fracasado en el tema y me parece que no tiene sentido hoy en día seguir hablando de una criminalización.

¿Por qué la criminalización ha fracasado?
La norma penal no solamente tiene una función simbólica, sin duda que hay una conducta prohibida, sino también lleva una función de prevención: tratar de disuadir la comisión de ese delito. No tenemos números exactos, es cierto, pero se calcula que hay cientos de miles de abortos por año y esto demuestra que la función preventiva, en este caso, de la pena ha fracasado.
Por otro lado, hay una hipocresía porque si bien hay casos horrendos y me he enterado de algunos que han ocurrido en la provincia de Salta, si uno mira los pocos números que hay respecto de persecución penal del aborto, no son tantos. Por supuesto que hay casos puntuales muy estremecedores de niñas que han obligado a continuar sus embarazos, incluso habiendo sido abusadas, o mujeres que las han encarcelado en esas circunstancias al haber ido a un hospital. Pero el número global en Argentina no es tan alto. Esto demuestra que no hay una persecución penal intensa. Sin embargo, al mantenerlo esto dentro del ámbito del derecho penal, lo que se está determinando es que los abortos que se practiquen sean clandestinos, no legales, y esto es lo que trata de solucionar el proyecto que está en discusión.

¿Que implica esta criminalización?
Significa una grave violación a sus derechos humanos y salud. El derecho de autonomía que tiene cualquier persona es poder hacer su propio plan de vida sin interferencia del Estado. En el caso de la mujer, tiene derecho a ser madre o a no ser madre. La maternidad es una elección, no una obligación, y hay una idea, yo creo que ancestral, de que la función social de la mujer es tener hijos, la maternidad. Es decir, se considera a la mujer no como un sujeto sino como un objeto. 
Simone de Beauvoir, en un libro extraordinario que se llama el Segundo sexo, dice que estas ideas terminan sosteniendo que la mujer es un útero, no un sujeto de derechos que pueda decidir qué hacer con su propio cuerpo porque aun admitiendo por supuesto de que la vida en gestación, el embrión, tiene derecho a la vida, este derecho a la vida no puede ser a costa del cuerpo de la mujer.
Por eso es importante que la mujer pueda decidir autónomamente en los primeros momentos del embarazo si continúa con él o no. Que no pueda hacer esto, decidir, viola claramente el principio de autonomía y de inviolabilidad que significa que nadie puede obligar a otro a utilizar su cuerpo con un fin utilitario. 

Usted afirmó en el plenario que ni la Constitución Nacional ni los tratados internacionales son obstáculos para la despenalización...
Hay toda una serie de muy respetados y prestigiosos juristas que, sobre la base del texto de la Convención Americana de Derechos Humanos, y aun de nuestro propio Código Civil que protege la vida desde la concepción y, sobre todo, a partir de la ley argentina que ratificó la Convención de los Derechos del Niño diciendo que se entiende niño a todo ser humano desde la concepción hasta los 18 años, argumentan que “el embrión es un chico y tiene los mismos derechos que un niño, en consecuencia, no se puede atentar contra su vida, porque la legalización del aborto violaría esa protección a la vida”, en los términos en que está aceptada por la República Argentina. Pero yo, sinceramente, no comparto para nada este punto de vista. En primer lugar, porque no es cierto que haya una protección absoluta en el caso de la vida, no la hay incluso en el derecho positivo vigente en Argentina, y por el otro lado porque es una ficción, el embrión no es un chico. Incluso, el derecho positivo argentino regula esto de diferente manera. Hoy en día, si el embrión fuera un chico, desaparecería el aborto y sería un homicidio y si uno ve el Código Penal vigente dice en el capítulo del homicidio “el que matare a otro”, en cambio respecto del aborto dice “el que causare un aborto”. La pena del homicidio es superior, de 8 a 25 años, contra de 1 a 4 años respecto a la del aborto. Las lesiones tampoco son punibles. La tentativa de la mujer tampoco es punible, con lo cual no se trata de la misma manera al embrión, al feto, que a la persona ya nacida. Si se pretendiera que hay un derecho absoluto a la vida de parte del embrión, como se dice para quienes están en contra de la despenalización, entonces se debería eliminar el aborto y que sea todo homicidio.

En Diputados usted sostuvo que para tomar una decisión debe haber razones objetivas...
Hay detrás de esta discusión un fuerte sentimiento muchas veces de creencias religiosas legítimas, por supuesto que sí, pero que no son las que deben inspirar al legislador. El legislador, en este caso, tiene que hacerlo por razones de interés público para la generalidad y debe apoyar sus decisiones en razones objetivas, no en dogmas ni prejuicios ni cuestiones por el estilo. No hay ley, tampoco el proyecto que está en revisión en el Senado, que obligue a la mujer a abortar. Es decir, cualquier mujer, en cualquier circunstancia, aún la que ha sido objeto de una violación puede decidir continuar con el embarazo. Nadie quiere a través de una ley estimular ni promover el aborto sino que lo que se busca con esta ley es que los abortos que existan por una decisión autónoma de la mujer sean seguros, esto quiere decir, que puedan tener acceso a la salud pública y podamos bajar esa tasa de mortalidad tan alta que tenemos de mujeres por abortos clandestinos.

¿Cual es su expectativa con respecto al Senado?
No lo sé. Todas las informaciones dan cuenta de que la votación está pareja. Yo creo que es probable que el proyecto pueda aprobarse, con o sin modificaciones, esto dependerá también de los acuerdos parlamentarios. A mí no me cabe la menor duda de que esta ley va a ser realidad, ojalá sea ahora, pero si no es ahora lo va a ser el año que viene o el que le sigue. Si esto no es sancionado, la cuestión está instalada porque está instalado el movimiento de recuperación de los derechos de la mujer. Si uno mira cuál es la opinión de los adolescentes y jóvenes, la mayoría a favor de una ley de esta naturaleza es apabullante. No se engañen, el empoderamiento respecto de los derechos de la mujer ya está, y es imparable.
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