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Recortan 50% las asignaciones en las zonas más pobres de Salta

A través de un decreto, el Gobierno nacional subió el piso y bajó el techo para percibir el beneficio.Eliminó además el régimen diferencial por el que se percibía un plus en zonas inhóspitas.
Sabado, 28 de julio de 2018 00:00

Lo único que puede seguirle el ritmo a la inflación que afecta al país es el nivel de ajustes que el Gobierno nacional aplica sobre el gasto social y ayer, a través de un polémico decreto que lleva la firma de la vicepresidente Gabriela Michetti, se avanzó sobre los trabajadores al decidir un recorte en las asignaciones familiares.

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Lo único que puede seguirle el ritmo a la inflación que afecta al país es el nivel de ajustes que el Gobierno nacional aplica sobre el gasto social y ayer, a través de un polémico decreto que lleva la firma de la vicepresidente Gabriela Michetti, se avanzó sobre los trabajadores al decidir un recorte en las asignaciones familiares.

Por un lado, se resolvió elevar el piso salarial y poner un tope para acceder al beneficio, medida que afecta a miles de trabajadores en todo el país. Y, por el otro, eliminaron el régimen diferencial que favorecía a quienes viven en zonas inhóspitas y alcanzaba a más de 100 mil chicos de provincias del NOA y la Patagonia, cuyas familias verán ahora recortados esos ingresos en hasta el 75%.

En Salta, si bien no está cuantificado el alcance de la medida, se supo que la misma afectará a los habitantes de Orán, San Martín, Rivadavia, Los Andes y Santa Victoria.

A través del decreto, que regirá desde septiembre próximo, el Ejecutivo decidió implementar un fuerte ajuste en los beneficios sociales que reciben los grupos familiares de menores ingresos.

Con esta medida, que va en línea con el recorte prometido al Fondo Monetario Internacional (FMI), el piso del salario mensual para poder percibir asignaciones llega a 2.816 pesos y en cuanto al techo, bajará de $94.786 a $83.917 en bruto para el ingreso del grupo familiar, aunque ninguno podrá percibir más de $41.959.

También se estableció que el ingreso mínimo a partir del cual se percibirá Asignación por Hijo para el grupo familiar se elevará de 200 a 2.816 pesos: hasta esa cifra, no se cobrarán asignaciones familiares.

Estas últimas se liquidarán de la siguiente manera: para ingresos de entre 2.816 y 24.492 pesos, la asignación será de 1.578 pesos por hijo; hasta ingresos de 35.922 pesos, de 1.063 pesos por hijo; hasta 41.473 pesos de salario, 640 pesos por hijo y hasta 83.917 pesos, será de 328 pesos.

Explicación oficial

Al respecto, la directora de la Delegación Salta de la Anses, Laura Cartuccia, explicó a El Tribuno que "esta es una adecuación del límite máximo de los ingresos para determinar el cobro de las asignaciones familiares", y detalló que "lo que se hace es achicar el techo".

"Esto surge a raíz del cruce de datos que se hace entre la Anses y la AFIP, a través del cual se detectaron irregularidades en el sistema de la seguridad social, se encontraron con que algunos empleadores declaraban sueldos de menos de 200 pesos para que el trabajador pueda cobrar la asignación más alta, con lo cual había una clara maniobra fraudulenta", consideró y agregó que "por eso se llevó el piso del salario mensual a 2.816 pesos para poder acceder a las asignaciones familiares".

Aclaró Cartuccia que "con este nuevo piso no es que van a ser dadas de baja las asignaciones, sino que más adelante los casos en los que sucediera que realmente cobran menos del monto que es el piso, van a pasar a cobrar la Asignación Universal por Hijo".

"Lo que se pretende hacer es abrir una ventana para corregir este tipo de situaciones y la idea es que los empleadores declaren lo que pagan realmente y que ninguna persona quede afuera de las asignaciones familiares", completó.

El Gobierno dispuso, asimismo, eliminar los beneficios extra que alcanzaban a más de 100 mil menores de provincias de Salta y el NOA y de la Patagonia, que cobraban más que el resto.

Por las modificaciones, el valor de la asignación familiar por hijo puede caer entre 50 y 75% en algunas provincias.

Desde septiembre, los trabajadores registrados de las provincias de Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego y de departamentos de Salta, Catamarca y Jujuy pasarán a cobrar el denominado "valor general".

Ese "valor general" por hijo se ubica en 1.578 pesos para el área metropolitana de Buenos Aires y la mayoría de las provincias, pero se incrementaba entre 3.155 y 3.407 pesos en los distritos citados.

Al respecto, Cartuccia indicó que "el objetivo es seguir aumentando la cobertura de las asignaciones pero para todos, que todos cobren el mismo monto".

Además, respecto de los cambios en las diferenciales, explicó que "va a haber una unificación del monto, todos van a cobrar exactamente el mismo monto"

Por el momento no se pudo especificar a cuántas personas afectará la medida en Salta ya que la normativa emitida por el Gobierno nacional es muy reciente, por lo que se espera que en el marco de la implementación del decreto se vayan conociendo más detalles con el correr de los días.

No obstante, Cartuccia buscó llevar tranquilidad al asegurar que no se perderá ninguna de las asignaciones sino que se van a readecuar los montos.

El antecedente, en 2012

En medio de las críticas que despertó el decreto publicado ayer, en el que se modificaron las asignaciones familiares, el Poder Ejecutivo recordó que en 2012 la expresidenta Cristina Kirchner modificó las condiciones de acceso a las asignaciones familiares, considerando al grupo familiar a los efectos del pago, en lugar de los ingresos de un solo titular.

En consecuencia, indicó que ahora “resulta conveniente asociar el valor del límite de ingresos mínimo habilitante para la liquidación de asignaciones familiares, con el valor de la base imponible mínima previsional”.

“Más aún, teniendo en cuenta que el Sistema de Asignaciones Familiares, en su faz contributiva, tiene como fuente de financiamiento a las contribuciones patronales y está fundado en los principios de reparto”, añadió.

La adecuación, según el texto oficial, permitirá “evitar la eventual captación indebida de prestaciones de la seguridad social cuando los importes de las remuneraciones son declarados por el empleador en forma ilegítima, por un monto inferior al mínimo”.

No obstante las explicaciones oficiales, desde la oposición el cuestionamiento gira en torno a que la medida se adopta en un contexto de pérdida de poder adquisitivo.

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