Con la adhesión de Salta a la Ley Nacional 27.348 sobre riesgos del trabajo, se establece la obligatoriedad de la intervención de las comisiones médicas como paso previo al reclamo judicial de un trabajador por un accidente o una enfermedad laboral. Uno de los principales obstáculos que presenta esta norma para su puesta en marcha es la falta de comisiones médicas en la provincia, ya que solo existe en el Distrito Judicial de Salta.
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Con la adhesión de Salta a la Ley Nacional 27.348 sobre riesgos del trabajo, se establece la obligatoriedad de la intervención de las comisiones médicas como paso previo al reclamo judicial de un trabajador por un accidente o una enfermedad laboral. Uno de los principales obstáculos que presenta esta norma para su puesta en marcha es la falta de comisiones médicas en la provincia, ya que solo existe en el Distrito Judicial de Salta.
Es más, el secretario de Trabajo y Empleo de la Provincia, Alfredo Batule, comentó a El Tribuno que "se hará efectiva la aplicación de la ley" con la existencia de la comisión médica en los distintos distritos judiciales, por lo que faltaría instalar en: Cafayate, Tartagal, Orán, Metán y Joaquín V. González. Ese obstáculo que presenta, es también la mayor crítica de los referentes sindicales. Los secretarios gremiales piensan que por lo menos se va a dilatar en el tiempo la creación de las comisiones médicas en Salta.
César Guerrero, secretario del Sindicato de Comercio, dijo a El Tribuno que para hablar de comisiones médicas primero se deberían instalar en toda la provincia. "Cómo van a hacer si un trabajador debe ir desde Orán a Salta, porque en esa localidad no hay comisión, esos son temas que todavía se siguen discutiendo", afirmó. Y agregó: "Espero que el convenio que firmó la Provincia no quede solo en la firma y lo lleven a la práctica. Sería muy dificultoso para alguien que está en el interior y que no funcionen comisiones médicas cerca de donde desarrollan su trabajo".
Aguilar, secretario general de la Uocra, también marcó la carencia en la provincia de las comisiones médicas y consideró que no se puede obligar a un trabajador a trasladarse cientos de kilómetros.
"Está buena la ley, en la medida que agilice el trámite y no tengamos inconvenientes con las comisiones que solamente están en Salta capital. Tenemos todo el interior que está sin comisión y ahí puede haber una trampa hasta que las pongan, porque lo van a tener piloteando al trabajador. Actualmente no tenemos el instrumento para aplicar eso; y nos pasa porque siempre hacemos las cosas a contramano. Estamos cansados de que siempre hagan cosas improvisadas", criticó el dirigente.
Por su parte, Pablo López, secretario general de Uthgra Salta, se mostró a favor de la existencia de las comisiones médicas para evaluar la salud de los trabajadores pero pidió que sean "imparciales" y que la junta médica sea "seria".
"Nos pongamos todos a la par, y que el empresario no exija a los trabajadores, que se respete la decisión de la comisión médica. En nuestro caso, tenemos reclamos de trabajadores que los empleadores no les dan la credencial de la ART que es esencial para ellos", advirtió el gastronómico.
Sin ART
Rubén Aguilar, titular del gremio de la construcción, destacó la alta siniestralidad que existe dentro de la actividad y culpó a las empresas inescrupulosas de tener a obreros trabajando sin ART. El sindicalista afirmó que desde el gremio se hicieron las denuncias pero que es "complicado" cuando hay un abandono de parte de las ART o de quienes tienen que aplicar la ley.
"El trabajador de la construcción tiene lesiones graves con secuelas de por vida y en muchos casos tiene que cambiar de profesión si quiere seguir trabajando porque no puede reinsertarse dentro de la construcción. Es una actividad donde el riesgo laboral los puede llevar a la muerte o a la discapacidad", expresó.
Aguilar también criticó a las ART y las llamó "cajas recaudadores de dinero". Consideró que no le prestan atención a los trabajadores o las empresas en que condiciones tienen a los trabajadores. "Solo les importa recaudar", remarcó.
Pablo López también agregó que los empresarios deben tener "consideración" con los empleados y tener las ART al día ya que muchos empresarios no pagan la cobertura.
"Es fundamental para los empleados tener la credencial para saber cuáles son los pasos si es que tienen un siniestro, pero lamentablemente en el sector hay muchos empresarios que son un desastre", marcó.
Prevención
El punto que más hizo referencia César Guerrero fue el de la prevención. El secretario de Comercio advirtió se debe trabajar en resguardar al empleado.
"Cuando entra la ART ya estamos hablando de un hecho consumado, con el trabajador accidentado. Acá no se habla de prevención y las ART son actores fundamentales de esto. Hay que ver si dictan los cursos de prevención o si hay folletería en las empresas. Podemos tener comisiones pero si la prevención no existe van a seguir ocurriendo accidentes y enfermedades que solo traen un atraso en el sector productivo y consecuencias gravísimas para los empleados", afirmó.
Dentro de la actividad que César Guerrero representa, reconoció que hay complicaciones con las ART para los diagnósticos y reconocimientos de las enfermedades laborales propias de la actividad como el túnel carpiano, las hernias de disco o las várices bilaterales. "Es ahí cuando empiezan las discrepancias y están al orden del día. El túnel carpiano es muy discutido y tenemos muchos casos de compañeras que trabajan como cajeras o cortadoras de telas que sufren esa enfermedad", afirmó
Baja de alícuotas para 44 mil pymes en el país
La Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) emitió la Resolución 2018-53, a través de la cual implementará un nuevo control permanente sobre las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART) para que adecuen las alícuotas al régimen de Promoción del Trabajo Registrado. La medida beneficiará a 44 mil microempleadores registrados como beneficiarios del programa e implicará un ahorro mensual de $36,6 millones. Muchos de esos empleadores actualmente están pagando casi el doble de los topes establecidos por ley.
En esa norma, se dispone que el monto máximo de la cuota correspondiente al régimen de Riesgos del Trabajo, aplicable a toda la nómina de empleadores deberá ser inferior al valor promedio de las cotizaciones totales de dicho régimen en los distintos sectores de actividad.
Sin perjuicio de los controles dispuestos, los empleadores podrán solicitar la intervención de la SRT, a los fines de establecer si corresponde la aplicación de los beneficios previstos en la norma antes mencionada.
Según explicó el superintendente Gustavo Morón “existen 528 mil contratos de cobertura de riesgos del trabajo en los que el empleador presenta declaraciones juradas a la AFIP, y 65.700 empleadores que son beneficiarios del régimen Ley 26.940. Unos 44 mil microempleadores están pagando una alícuota superior al tope establecido por ley, que para el caso de la cuota correspondiente al régimen de riesgos del trabajo se prevé que sea inferior al valor promedio de las cotizaciones totales del mercado”.
“A partir de ahora y con la aplicación de este nuevo sistema, la SRT va a informar a las ART los casos en los que los empresarios Pymes deben abonar alícuotas según los topes establecidos por tipo de actividad. Por ejemplo, para los beneficiarios del Programa cuya actividad es Comercio que en la actualidad paga una alícuota promedio del 6% de la masa salarial mensual, pasarán a tener un tope máximo del 3%, indicó el superintendente.
Para el caso de las industrias manufactureras o agricultura, estas empezarán a pagar un 5% y 11% respectivamente como tope, en vez del 9,3% y 15,9 % de alícuota promedio que venían abonando hasta ahora. La construcción dejará de abonar el 16,5% de alícuota promedio, para pasar a abonar un máximo de 12% de la masa salarial mensual, siempre que sean beneficiarios del Programa.