Las pruebas son contundentes. Nadie trabajó "ad honorem" en el Concejo Deliberante de Campo Quijano durante la gestión anterior, pese a existir una ordenanza que estipulaba que los entonces concejales debían trabajar tres meses gratis.
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Las pruebas son contundentes. Nadie trabajó "ad honorem" en el Concejo Deliberante de Campo Quijano durante la gestión anterior, pese a existir una ordenanza que estipulaba que los entonces concejales debían trabajar tres meses gratis.
Todos cobraron religiosamente sus dietas. Los informes que acreditan estas afirmaciones serán elevados a la Fiscalía de Delitos Económicos esta semana, para iniciar una causa de defraudación al Estado.
La denuncia caerá sobre siete exediles del Portal de los Andes. Quien iniciará la presentación judicial, el edil Ariel Gallardo, quiere que "devuelvan el dinero, peso por peso, para evitar la cárcel".
Gallardo inició las investigaciones a partir de ciertos rumores llegados al Concejo Deliberante, que daban cuenta de que los ahora exediles, que ejercieron en el período anterior al actual, cobraron sus haberes a pesar de haber estado en vigencia una ordenanza que fue considerada en su momento como modelo en el país, cuyo objetivo era que los ediles no perciban sus dietas, para que sirviera de "ejemplo decente y patriótico".
"Voy a denunciar penalmente a todos. Deberán responder a la Justicia. Tendrán que devolver el dinero que en realidad no tenían que cobrar. Las pruebas son evidentes", dijo el actual concejal a El Tribuno.
Las investigaciones por el cobro indebido de dietas de los exconcejales del periodo 2015-
2017 salieron a la luz en medio de un clima de escándalo en el Concejo de Campo Quijano.
Es que los siete concejales con mandato cumplido cobraron los meses de octubre, noviembre y diciembre del año pasado, siendo que la promocionada ordenanza estipulaba su aplicación desde el mismo mes en que fue sancionada.
La duda que les carcome el alma
La iniciativa fue aprobada en octubre del año pasado y se entiende que fue promulgada en noviembre, aunque no existe un trámite que sostenga tal paso administrativo.
"Si el Ejecutivo la promulgó en los plazos pertinentes, recién podía aplicarse en noviembre. Pero cobraron sus dietas los tres meses", dijo.
Y agregó: "Deberían haberse negado de cobrar; era una cuestión de honestidad. Pero cobraron cuando su propia ordenanza era considerada un ejemplo a nivel país".
Las evidencias fueron aportadas por una planilla de cobros suministradas por la entidad bancaria que realiza los pagos al personal municipal.
Las dudas surgen del proceso administrativo que siguió la norma. Al estar promulgada los exediles no deberían haber cobrado. Sin embargo, si nunca tuvo tratamiento por el Ejecutivo, tal vez nunca fue promulgada. Este punto, es la duda, porque no hay pruebas que demuestren lo contrario.
"Yo cobré porque estaba en mi derecho, la ordenanza no fue promulgada, por lo tanto no estaba en vigencia. Los que denuncian quieren un espacio en los medios", se defendió Carlos "Lupi" Cruz, que es edil actualmente y también integraba el cuerpo anterior. Lo cierto es que si la ordenanza no fue rechazada, los actuales tampoco pueden cobrar.
Pero los actuales legisladores comunales buscan por todos los medios cobrar y presentaron un proyecto para que las dietas se establezcan en 15 mil pesos. Pero el presupuesto no se puede modificar y por lo visto seguirán sin cobrar.