En la sesión de esta noche, la Cámara de Diputados tratará un proyecto que tiene por objeto prevenir, controlar y sancionar la violencia laboral, con sanciones que llegan desde la suspensión al despido del personal jerárquico involucrado. El texto prohíbe "en el ámbito de la administración pública provincial y municipal, centralizada, descentralizada, organismos autárquicos, Poder Judicial, Ministerio Público y Poder Legislativo" cualquier forma de violencia laboral por parte de funcionarios o empleados públicos "que valiéndose de su posición jerárquica o de circunstancias vinculadas con su función incurran en conductas que atenten contra la dignidad, integridad física, sexual, psicológica o social del empleado, manifestando un abuso de poder llevado a cabo mediante amenaza, intimidación, amedrentamiento, inequidad salarial, acoso, maltrato físico, psicológico o social".
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En la sesión de esta noche, la Cámara de Diputados tratará un proyecto que tiene por objeto prevenir, controlar y sancionar la violencia laboral, con sanciones que llegan desde la suspensión al despido del personal jerárquico involucrado. El texto prohíbe "en el ámbito de la administración pública provincial y municipal, centralizada, descentralizada, organismos autárquicos, Poder Judicial, Ministerio Público y Poder Legislativo" cualquier forma de violencia laboral por parte de funcionarios o empleados públicos "que valiéndose de su posición jerárquica o de circunstancias vinculadas con su función incurran en conductas que atenten contra la dignidad, integridad física, sexual, psicológica o social del empleado, manifestando un abuso de poder llevado a cabo mediante amenaza, intimidación, amedrentamiento, inequidad salarial, acoso, maltrato físico, psicológico o social".
El proyecto se propone lograr "un clima de trabajo adecuado, con el objetivo de preservar la integridad psicofísica del personal". Define el maltrato físico, psíquico y social contra el empleado, la hostilidad continua y repetida en forma de insulto, hostigamiento psicológico, desprecio o crítica. El proyecto pertenece a Manuel Godoy y el dictamen lleva las firmas de Lucas Godoy, Mario Ángel, Guillermo Jesús Martinelli, Dionel Ávalos, Alberto Luis Abadía y Cristina del Valle Rodríguez, de la comisión de Labor Parlamentaria.