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La investigación surgió a partir de la entrega de periodistas de los registros de un chofer

El fiscal federal Carlos Stornelli comenzó a investigar una trama de presuntas coimas en la obra pública a partir de la entrega por parte de periodistas de documentación que pertenecería a Oscar Centeno, chofer de Roberto Baratta.
Miércoles, 01 de agosto de 2018 11:24

De acuerdo a la investigación, el chofer del exfuncionario de la cartera de Planificación Federal registró durante casi diez años los recorridos a bordo de su auto.
En los recorridos se habrían realizado presuntos de coimas provenientes de empresarios del sector energético y de la obra pública.
Los apuntes aparecen en en cuadernos escolares, donde se registraban kilómetros recorridos y viajes, al tiempo que se menciona a exfuncionarios contratistas de empresas, dominios de autos y montos de dinero.

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De acuerdo a la investigación, el chofer del exfuncionario de la cartera de Planificación Federal registró durante casi diez años los recorridos a bordo de su auto.
En los recorridos se habrían realizado presuntos de coimas provenientes de empresarios del sector energético y de la obra pública.
Los apuntes aparecen en en cuadernos escolares, donde se registraban kilómetros recorridos y viajes, al tiempo que se menciona a exfuncionarios contratistas de empresas, dominios de autos y montos de dinero.


Según publicó el diario La Nación, si bien la suma de los montos detallados en los ocho cuadernos es de 53 millones de dólares, de acuerdo a la investigación a cargo del fiscal Stornelli, la trama completa involucraría 160 millones de dólares.

En los cuadernos se registran viajes del exsubsecretario de Coordinación y Gestión, Roberto Baratta; el exministro Julio De Vido; el fallecido secretario privado de Néstor Kirchner, Daniel Muñoz; el secretario de Baratta, Nelson Lazarte; el ingeniero y exdirector de Energías Renovables, Ezequiel García; y un exasesor del ministerio, Hernán Camilo Gómez.
La documentación fue entregada a la Justicia en abril pasado y esta mañana el juez federal Claudio Bonadio dispuso la detención de Baratta y otras diez personas, entre ellos empresarios.
En los documentos se registran más de 30 domicilios, mientras que los automóviles donde se realizaban los traslados estaban registrados a nombre de Jefatura de Gabinete o de distintas empresas automotrices que prestaban vehículos a Presidencia.
 

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