El debate en torno de la legalización del aborto fue detonante de una de las controversias más profundas y participativas que registra la historia de la democracia argentina.
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El debate en torno de la legalización del aborto fue detonante de una de las controversias más profundas y participativas que registra la historia de la democracia argentina.
Los tiempos han cambiado y nuestro país atraviesa un cambio cultural que no puede ser ignorado.
La imagen de las movilizaciones multitudinarias identificadas con pañuelos verdes y celestes es una interpelación a los legisladores y una advertencia de la pujanza alcanzada por el movimiento feminista.
La posibilidad de activar la despenalización de la práctica del aborto, que hoy se analiza en el Congreso, puede brindar a ese debate no saldado una nueva vía de canalización.
Los sectores proabortistas se sienten derrotados y buscan culpables, con descalificaciones a los legisladores que muestran muy poco respeto por la democracia representativa. Antes sucedió lo mismo con los antiabortistas cuando los diputados aprobaron el proyecto.
La democracia admite las exteriorizaciones callejeras y los debates mediáticos, pero la decisión deben adoptarla los legisladores. Y siempre alguien puede sentirse defraudado.
Despenalizar el aborto sería un paso racional y pragmático, que facilitaría el blanqueo de un procedimiento que hoy se realiza con cierta habitualidad. Para los sectores que se oponen al aborto legal sería inadmisible y para los abortistas, insuficiente. Pero puede ofrecer un avance para comenzar a ubicar el problema como una cuestión de salud pública. Según el Ministerio de Salud de la Nación, por año se registran unas 50.000 atenciones hospitalarias por abortos y otras 110.000 interrupciones legales de embarazos. Si el número -no verificado- de 500.000 abortos anuales fuera real, el 32% entonces, ya estaría blanqueado. Es decir, hay una práctica generalizada, prohibida por la ley pero legitimada de hecho.
El aborto es un tema de enorme dimensión humana. Pone en juego los temas de vida y de muerte. Los credos monoteístas lo consideran un crimen que quita la vida a un hijo de Dios. Esa mirada es inamovible y la teología católica no puede transigir con esa práctica. Las otras iglesias cristianas adoptan distintas interpretaciones; algunas más liberales y otras, más rígidas. Nuestro Código Civil considera ser humano al nacido vivo. La diferencia con católicos y evangélicos es insalvable.
Ni la fe ni la ciencia pueden brindar evidencias definitivas acerca de la naturaleza humana del embrión; ambas posiciones tienen argumentos sólidos, pero no persuasivos.
El embarazo es una vivencia muy especial y el Estado no puede imponer una ley para obligar a una mujer a llevarlo adelante contra su deseo.
El movimiento feminista expresa su frustración, en estos días, con un discurso anticlerical que desconoce los valiosos aportes que la tradición judeocristiana brindó a nuestro derecho. Ese anticlericalismo militante generó reacciones adversas a la legalización especialmente entre los sectores populares. En tanto, las redes sociales dan muestras de maniqueísmo en ambos sectores.
La reivindicación de los derechos de las mujeres introdujo en el proyecto del aborto una visión del hombre y la mujer, de patriarcado y de matriarcado, que no necesariamente son ni tienen por qué ser compartidos por todos, ni por la mayoría. Por caso: ninguna ley podría atribuir la violencia de género que hace estragos en el norte argentino a una cultura “patriarcal” de origen católico, porque es un supuesto no demostrado. El legislador no debe recortar ese flagelo de otras violencias sociales en la región, y que coinciden con alarmantes indicadores de subdesarrollo humano.
Sin empleo, sin formación laboral, sin expectativas de futuro para los jóvenes, es imposible la paz social. La ausencia de educación sexual en las escuelas es una realidad, pero nadie puede atribuir a esa exclusiva causa, ni a la ilegalidad del aborto, la incidencia del embarazo precoz o no deseado. El Congreso y la dirigencia deben asumir que persiste un debate agónico, que las mujeres reclaman derechos que hoy les son retaceados o denegados, y que la cuestión del aborto no es producto de un capricho sino que manifiesta un vacío legal. Ambas corrientes tendrían que asumir lo que tienen de legítimo las certezas íntimas del adversario; y las autoridades, a su vez, deberían actuar con sabiduría, decisión y liderazgo.