A Raúl Vertúa, el empresario que se sumó el pasado viernes a los detenidos de la causa de los cuadernos, Enarsa le adjudicó en 2014 las obras del Gasoducto del NEA que abandonó, en diciembre de 2015, con los trabajos a medias.
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A Raúl Vertúa, el empresario que se sumó el pasado viernes a los detenidos de la causa de los cuadernos, Enarsa le adjudicó en 2014 las obras del Gasoducto del NEA que abandonó, en diciembre de 2015, con los trabajos a medias.
Esas obras, según estudios comparativos publicados por El Tribuno en agosto de 2016, se contrataron con un sobreprecio del 77%.
Servicios Vertúa dejó los trabajos el 4 de diciembre de 2015, en medio de conflictos sociales que, según denuncias, promovió la propia contratista con activistas pago de la agrupación Quebracho.
Antes de retirarse, dejando un avance de obra del 53,92% y más de 100 kilómetros de caños enterrados con cuestionables prácticas, Vertúa había cobrado $733 de los $1.280 millones convenidos. El 9 de diciembre de 2015, un día antes del cambio de gobierno, reclamó otros $538 millones por actualización de costos y supuestos incumplimientos de Enarsa.
En base a una auditoría que reflejó irregularidades, la nueva conducción de la empresa nacional de energía rescindió el contrato en mayo de 2017 y volvió a licitar, tres meses después, los trabajos pendientes.
Carlos Mundín, otro de los empresarios imputados, ejecutó en Salta millonarios proyectos de infraestructura ligados a dos sonadas causas de corrupción: Lava Jato (Brasil) y Skanska (Argentina).
En agosto de 2016, el Gobierno nacional suspendió las obras que la empresa de Mundín, BTU, realizaba en la planta compresora de gas de Pichanal, como subcontratista de Odebrech, luego de que Nación Fideicomisos detectara un sobreprecio del 400%.
En la causa del Lava Jato, la brasileña Odebrecht reconoció que pagó coimas por 35 millones de dólares a funcionarios argentinos.
BTU, como subcontratista de Odebrecht, también ejecutó en Salta las plantas compresoras de La Candelaria -que costó más de 50 millones de dólares- y la de Lumbreras. Según el expediente penal del caso Skanska, esas instalaciones y las de Torzalito se contrataron en 2005 con sobreprecios del 81,6% y el 118%.
Electroingeniería, el grupo del encausado Gerardo Ferreyra, construyó en Salta el tramo oeste del anillado de alta tensión NOA-NEA con un presunto sobreprecio del 86%.
El citado tramo del anillado eléctrico regional de 500 kilovoltios (KV) fue adjudicado en 2008 por el disuelto Ministerio de Planificación Federal de la Nación en $987 millones.
El costo final de la obra, sin embargo, ascendió dos años después a $2.525 millones.
En los dos años que llevó la instalación de la línea, los costos se elevaron un 156%. Con la inflación del período ponderada, el sobreprecio se ubicó en torno del 86%.
En la provincia, el grupo empresario del cordobés Ferreyra también explotó la concesión de peaje que tenía Vial NOA en Cabeza de Buey (ruta 9/34). La salida de la firma subsidiaria de Electroingeniería fue escandalosa.
Una gigantesca caja
Entre mayo de 2003 y diciembre de 2015, el Ministerio de Planificación Federal canalizó más de 60.000 contrataciones de obras públicas por un total de $ 596.000 millones.
En las licitaciones que convocó la cartera conducida por Julio De Devido por su cuenta intervinieron más de 150 empresas.
Otras 1.600 empresas intervinieron en los procesos licitatorios que ejecutaron provincias y municipios a través de acuerdos firmados con el disuelto Ministerio que tiene a casi todos los exfuncionarios que dependían de De Vido denunciados, imputados, procesados y, en algunos casos, ya condenados en distintas causas federales.
José López (exsecretario de Obras Públicas); Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi (exsecretarios de Transporte), Daniel Cámeron (exsecretario de Energía); Roberto Baratta (exmano derecha de De Vido); Exequiel Espinosa (expresidente de Enarsa) y Néstor Ulloa (exgerente de Nación Fideicomisos) integran la lista de los más comprometidos.