Varias personas pertenecientes al colectivo LGBT denunciaron ante la Justicia por violencia simbólica y discriminación al diputado Andrés Suriani. La acción legal fue planteada ante la secretaria de Violencia Familiar y de Género, Amelia Fuentes Marrupe.
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Varias personas pertenecientes al colectivo LGBT denunciaron ante la Justicia por violencia simbólica y discriminación al diputado Andrés Suriani. La acción legal fue planteada ante la secretaria de Violencia Familiar y de Género, Amelia Fuentes Marrupe.
Los testimonios abundan en referencias a los agravios que ellos perciben en las declaraciones públicas del legislador, al que califican de "negacionista" y le reprochan "desconocimiento de la legislación que hizo posibles nuevos modelos de familia, con matrimonios igualitarios". También denuncian las expresiones de Suriani acerca del sida y su afirmación de que la homofobia y el femicidio son "inventos".
"El diputado provincial se refiere a la ideología del género como "subversión cultural', "totalitarismo', forma de "adoctrinamiento', perversión del orden natural". Los denunciantes puntualizan la "responsabilidad institucional" del legislador y le reprochan haber señalado a la educación sexual integral como "medio por el cual se transmite esa ideología".
Las denunciantes son María Pía Ceballos, Gabriela Mercado, Victoria Liendro, de Mujeres Trans Argentinas; Graciela Mónica Rodríguez García, de Jóvenes por la Educación Sexual y Reproductiva; Anahí Pamela Bares Linares, de Frente Feminista Seamos Libres; Gabriela Elizabeth Veleizan, de ARPIAS, y Marta César, de la Multisectorial de Mujeres de Salta. Acompañan a la petición en esta denuncia Varones Trans, representada por Nicolás López.
"Posicionándose desde una perspectiva biologicista desconoce el respeto por la identidad autopercibida de las personas y el derecho a vivir libre de violencia y discriminación de las mismas, reforzando estereotipos de género y de esta manera fomentando la violencia hacia esos grupos al desconocerlos y desconocer sus derechos, configurando una situación de violencia simbólica en los términos de la Ley 26.485, a más de constituir un hecho discriminatorio conforme lo tipifica la Ley 23.592. Y desconoce el ordenamiento internacional vigente en materia de protección de derechos humanos a los que Argentina adhiere y forman parte del más alto rango normativo...".