Tras un fuerte rechazo político y social, el Gobierno decidió suspender por 30 días corridos el decreto que recortaba el monto de las asignaciones familiares a trabajadores de zonas diferenciales del país, entre ellas Salta, donde 36.583 personas se verían afectadas. En ese plazo se evaluarán los alcances de la medida.
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Tras un fuerte rechazo político y social, el Gobierno decidió suspender por 30 días corridos el decreto que recortaba el monto de las asignaciones familiares a trabajadores de zonas diferenciales del país, entre ellas Salta, donde 36.583 personas se verían afectadas. En ese plazo se evaluarán los alcances de la medida.
Para el diputado nacional Sergio Leavy la suspensión no es la solución. "El próximo martes tenemos una sesión extraordinaria, donde pediremos que se revoque el decreto 702 y también el de las Fuerzas Armadas. Tenemos el consenso de todo el arco opositor y vamos a insistir porque no queremos que se suspenda, queremos que desaparezca", señaló.
El Ministerio de Trabajo aclaró que quienes percibían estas asignaciones en las zonas designadas cobrarán los montos de acuerdo con las escalas vigentes previas a la publicación del decreto que firmó el viernes pasado la vicepresidenta Gabriela Michetti. "Durante este período se realizará una evaluación del alcance de la medida y los tiempos de implementación de la misma, con el objeto de seguir trabajando para alcanzar un sistema de seguridad social más inclusivo y sustentable", señaló la cartera a cargo de Jorge Triaca.
La medida, que había desatado un generalizado rechazo de todo el frente opositor pero también de dirigentes de Cambiemos, eliminaba un régimen diferencial que alcanzaba a más de 100 mil chicos de provincias de la Patagonia y algunas zonas del noroeste del país, que cobran más que el resto. En Salta afecta a los departamentos de Santa Victoria, Rivadavia, Los Andes, Orán y San Martín, ambos con excepción de los municipios cabecera San Ramón de la Nueva Orán y Tartagal, respectivamente.
Según informaron fuentes del Gobierno, la resolución se adoptó luego de una reunión en Casa Rosada entre el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, con dirigentes de Cambiemos de las provincias afectadas por el recorte.
El decreto de Michetti, por ahora suspendido, también elevó el piso y bajó el techo de los salarios que debe tener un grupo familiar para cobrar asignaciones familiares, pero en este punto seguirá vigente y empezará a regir desde el primero de septiembre.
Por las modificaciones del decreto 702, el valor de la asignación familiar por hijo podía llegar a caer entre 50 y 75% en algunas provincias, ya que los trabajadores registrados de Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego y de departamentos de Catamarca, Jujuy y Salta iban a pasar a cobrar el "valor general". Este monto por hijo se ubica en 1.578 pesos para el área metropolitana de Buenos Aires y la mayoría de las provincias, pero se incrementaba entre 3.155 y 3.407 pesos en los distritos diferenciales. "Si han tomado esa decisión es porque saben que por ley vamos a conseguir los números para voltear ese decreto", advirtió Leavy, que junta firmas de legisladores de distintos bloques.
Senadores contra el decreto
Los senadores salteños se pronunciaron en la sesión de ayer en contra de la medida de reducir el beneficio de las asignaciones familiares en un cincuenta por ciento en provincias del sur del país y en localidades relegadas del norte, entre ellas Salta.
A través de una resolución, impulsada por los senadores Silvina Abilés y Dani Nolasco, se pide al jefe de Gabinete de ministros un informe del impacto económico que generaría en esta provincia y la cantidad de niños a los que afectaría por departamento.
Por otra parte, a través de una declaración, los senadores provinciales solicitan que sus pares nacionales por Salta realicen gestiones para que se deje sin efecto el polémico decreto del Ejecutivo nacional.
“Dicho dispositivo legal determina arbitrariamente una reducción del universo de beneficiarios de prestaciones e implica, en muchos casos, una disminución del valor de las asignaciones”, fundamentaron los legisladores provinciales.