Ampliación Santa Ana II se levanta entre los barrios Santa Ana II y Estación Alvarado. Los primeros vecinos se ubicaron allí en 1998, cuando comenzaron a pagar sus lotes a una empresa que posteriormente se declaró en quiebra. La deuda pasó por varios bancos, hasta que llegó al Caseros, que también se declaró en quiebra. En medio de la crisis de la década del 2000, los vecinos de este barrio quedaron a la deriva, sin que nadie se hiciera cargo del proyecto de loteo.
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Ampliación Santa Ana II se levanta entre los barrios Santa Ana II y Estación Alvarado. Los primeros vecinos se ubicaron allí en 1998, cuando comenzaron a pagar sus lotes a una empresa que posteriormente se declaró en quiebra. La deuda pasó por varios bancos, hasta que llegó al Caseros, que también se declaró en quiebra. En medio de la crisis de la década del 2000, los vecinos de este barrio quedaron a la deriva, sin que nadie se hiciera cargo del proyecto de loteo.
Actualmente, todos los vecinos tienen cédula parcelaria individual e incluso algunos, que ya habían cancelado el terreno por aquel tiempo, lograron hacer su escritura. Sin embargo, hace tres meses todos, sin excepción, recibieron una notificación de un estudio jurídico, en la que los intiman a acercarse a las oficinas del doctor Pablo de la Merced, para regularizar su situación, firmar un nuevo contrato de pago en dólares, bajo la advertencia de que quien no lo hiciera sería desalojado. "En el momento en que nos dieron la nota, advirtieron que teníamos 5 días para acercarnos a la oficina", explicó uno de los vecinos, quien destacó que el supuesto nuevo dueño de los terrenos, el señor Miguel Rueda, los había comprado en un remate en Buenos Aires y que ahora se hacía cargo del cobro de la deuda pendiente.
Jaquelina González destacó que cuando los vecinos tomaron conocimiento de que alguien se hacía cargo del loteo lo invitaron al reunirse con ellos, pero Rueda se negó y afirmó que solo los recibiría en el estudio y que no atendería a más de 5 vecinos por encuentro. "Fuimos a la Dirección de Inmuebles para pedir una cédula parcelaria, para saber si Rueda figuraba en ella. Su nombre no aparece", explicó González.
Gabriela es otra de las vecinas que se convocó en la plaza del barrio, para contar a El Tribuno la situación. Buscando más información sobre el supuesto nuevo dueño de los lotes, esta mujer advirtió que el número de matrícula de los terrenos que figura en la notificación no coincide con su número de vivienda. Así fue que desde la Dirección de Inmuebles le informaron que la matricula por la que el señor Rueda reclama corresponde a dos viviendas en barrio San Antonio.
Los vecinos advierten que irregularidades -como las antes mencionadas- se repiten en cada uno de los encuentros o notificaciones que envía el señor Rueda. González destacó que el barrio cuenta con 311 catastros y solo hizo citaciones a los vecinos enunciando dos catastros que no están en la lista de los supuestos implicados.
Los 200 vecinos que en la actualidad habitan los terrenos, y ante la situación de amenaza de desalojo recurrieron a sus abogados, los que coincidieron en advertirles que no se puede cumplir una orden de desalojo con la notificación de un estudio de abogados, sino que se requiere de la intervención de la Justicia provincial. "Las notificaciones deben tener el nombre de los afectados y debe llevar el sello de la Justicia. Igualmente, el abogado de Rueda asegura que varios vecinos ya firmaron un acuerdo de mediación, y que depositaron 5 mil pesos para acceder a un nuevo boleto de compra venta", afirmó la mujer.
En conjunto, los vecinos reunidos destacaron que Rueda ofrece como medio de comprobación de pago solo un boleto de compra venta, en el cual el comprador asume el pago del terreno al precio de 20 mil dólares, a 10 años y se declara usurpador del espacio. "No somos usurpadores. Nosotros pagamos por estos terrenos", expresó uno de los hombres, que vive en Ampliación Santa Ana II desde hace 10 años.
Los vecinos afectados por esta situación advirtieron que no se niegan a terminar de pagar los terrenos, pero reclaman más claridad sobre este procedimiento, que aparentemente está viciado de errores administrativos desde sus comienzos.
Jaquelina González advierte que los abogados consultados por los vecinos no pudieron comprobar ni encontrar documentos que aseguren que el señor Rueda es el nuevo dueño de estos espacios. "Por eso buscamos que algún funcionario u organismo del Estado nos asesore y nos ayude a ver que este procedimiento que exige Rueda es realmente legal y claro", agregó.
Entre las distintas situaciones que los vecinos vivieron en el estudio jurídico que tiene por cliente a Rueda, aseguran que a algunos se les ofreció un descuento si llevaban a más vecinos a firmar los nuevos contratos.
"Al ingreso del barrio, se ubica un terreno de Ahynarca. Hace una semana Rueda instigó a una familia para que usurpe ese terreno asegurando que eran de él y que se lo vendía en cuotas. Los abogados de la empresa tuvieron que venir con la Justicia y sus papeles para demostrar que son los dueños. Este señor es muy raro", expresó uno de los representantes del vecindario que teme estar siendo víctima de una estafa.
Los vecinos destacaron que el diputado provincial Claudio Del Plá fue uno de los pocos que se acercó a asesorarlos para ver cómo pueden resolver esta situación. "El diputado nos adelantó que se puede reclamar al Gobierno provincial que realice una expropiación y se haga cargo de la situación, con el objetivo de terminar de clarificar la situación legal de los terrenos", expresó uno de los vecinos que invitó a los funcionarios interesados a una reunión hoy en la plaza del barrio.
Esperando encontrar asesoría, los vecinos ofrecieron algunos números de teléfonos para que alguna entidad oficial, interesada en su situación los contacte. Los números son 387 454-0851, 387 486-1075 y 387 503-6180.