Cada vez que parece que nada puede estar peor para las constructoras y sus trabajadores surge una nuevo dato económico que perjudica aún más la actividad. La construcción está lejos de salir de la virulenta tormenta que padece desde fines de mayo, cuando inició la corrida cambiaria que descalabró todas las previsiones de obras públicas y privadas que se tenían para este año. Ahora, con un dólar a $40 (hasta ayer), la situación está mucho peor.
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Cada vez que parece que nada puede estar peor para las constructoras y sus trabajadores surge una nuevo dato económico que perjudica aún más la actividad. La construcción está lejos de salir de la virulenta tormenta que padece desde fines de mayo, cuando inició la corrida cambiaria que descalabró todas las previsiones de obras públicas y privadas que se tenían para este año. Ahora, con un dólar a $40 (hasta ayer), la situación está mucho peor.
La creciente devaluación del peso argentino frente a la moneda estadounidense golpea a diario a las empresas del sector. Si se tienen en cuenta los costos de la construcción de junio pasado en Salta, último dato disponible de referencia del Consejo Profesional de Agrimensores, Ingenieros y Profesiones Afines (Copaipa), en tres años el precio para edificar una vivienda básica aumentó un 154%. Si para la relación se toma el comienzo de la actual gestión presidencial, en diciembre de 2015, el incremento es de un 109% hasta junio.
Ante la volatilidad de la moneda local se puede afirmar que el aumento de los valores de materiales y mano de obra continuó a ritmo sostenido, incluso peor, hasta estos días.
Sin embargo, el encarecimiento del dólar no se traslada de manera lineal a los precios de la construcción. Juan Martín Biella, presidente de la Cámara Inmobiliaria salteña, explicó que la devaluación del 40% del peso que se registró entre enero y junio pasado se reflejó en un aumento de solo el 15% en lo que se tuvo que invertir para construir hace dos meses.
"Entendemos que todo lo que está ocurriendo con esta nueva devaluación traerá, evidentemente, una suba en los materiales, pero no será trasladada en su totalidad. De igual manera, la vivienda no va a mantener su precio en dólares", adelantó el dirigente empresarial ayer en el programa Salteados de Radio Salta.
Valores
Según los cálculos del Copaipa, para construir una vivienda estándar de dos plantas, de 249 metros cuadrados, se debían invertir $4.610.254 hace dos meses.
En tanto, una casa del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), de 44m2, costaba $804.179 en junio. El valor del metro cuadrado en ese caso fue de $18.276, mientras que la Nación aún no actualizó el precio que les paga a las constructoras locales, que deben cobrar las certificaciones por los avances de obra con precios de abril de 2016, cuando el metro cuadrado salía ocho mil pesos menos. Eso produjo una paralización prácticamente total de los proyectos habitacionales en marcha.
La Provincia se empezó a hacer cargo de parte del retraso de Nación durante este año, en el que ya aportó $150 millones y se comprometió recientemente con las constructoras a girarles otros $200 millones para que se vuelvan a reanudar las obras frenadas, por lo menos en las viviendas que tengan un 60% de avance.
Aun así, los empresarios del sector tuvieron que pedir de manera urgente una reunión con diputados y senadores nacionales representantes de Salta a quienes les advirtieron el lunes pasado sobre la severa crisis que atraviesan.
En la oportunidad, los dueños de las constructoras dieron a conocer que desde junio otros mil trabajadores se sumaron a los tres mil desempleados que dejó la construcción salteña en el primer semestre del año. Para lo que resta del año están en peligro otros 3.500 empleos más, según alertaron.
Los desarrollos de complejos habitacionales, que son los que más mano de obra demandan, tienen pocos avances en los últimos meses. Según aseguran desde el IPV, están en carpeta unas 3.500 viviendas.
A todo esto, los legisladores nacionales se comprometieron a impulsar obras de arquitectura (viviendas, escuelas, salitas, etcétera) en el presupuesto nacional 2019.
También sugirieron, como fue el caso del senador Juan Carlos Romero, que a los proyectos adjudicados a las grandes empresas investigadas por coimas se transfieran a uniones transitorias de empresas (UTE) conformadas por firmas locales y de otras provincias.
“Juntando las empresas del interior puede haber una gran capacidad de obra”, dijo.