El informe del Ministerio de Seguridad de la Nación, que detecta que los salteños no se sienten seguros al caminar por las calles, diluye la ilusión bucólica de la paz provinciana. Claro, la realidad de los barrios es más elocuente que el informe. Y lo explicitan los vecinos.
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El informe del Ministerio de Seguridad de la Nación, que detecta que los salteños no se sienten seguros al caminar por las calles, diluye la ilusión bucólica de la paz provinciana. Claro, la realidad de los barrios es más elocuente que el informe. Y lo explicitan los vecinos.
No hace falta un estudio científico -aunque sería muy bueno que alguien lo encargara- para verificar cómo evolucionó en todo el territorio salteño el afianzamiento del crimen organizado desde que el narcotráfico cambió de centro operativo cuando la represión obligó a esas organizaciones a desplazarse desde Colombia hacia Perú y Bolivia.
De todos modos, aquella encuesta ofrece una agenda de trabajo interesante para quienes estén interesados en saber qué significan esos temores de los encuestados, qué es lo que temen y qué es lo que esperan.
La realidad y la ficción
Hace poco, la cineasta Lucrecia Martel sostuvo -con una certeza que hubiera merecido repreguntas- que los femicidios en Salta se deben a la sociedad patriarcal alimentada por la Iglesia Católica. Los problemas de la sociedad requieren diagnósticos más precisos.
De hecho, los informes del Observatorio de Violencia contra las Mujeres, de Salta, permiten detectar causas de otra índole: culturales, sociales y laborales, además de indagar sobre conductas de víctimas y victimarios tratando de encontrar la punta del ovillo a esta tragedia social.
Otra cuestión que plantea la opinión pública en los barrios apunta a la incidencia de “la droga de los pobres”, el paco, en los hechos de violencia que allí se registran. Los avances en la estrategia de “provincialización de la lucha contra el microtráfico” aplicada desde hace varios años son escasos.
La “inseguridad”, dicen los sociólogos, es un sentimiento difuso. Investigar sus raíces es la tarea también de la política. Pero la política argentina funciona como mera “campaña” y pocas veces se detiene en los problemas de la gente.
¿Polémica en el bar?
La política, pero también algunos medios, van tomando el modelo de la polémica de café. A veces, ayudados por las encuestas; otras, para quedar bien con alguien. Pero da la impresión de que se equivocan: la gente piensa y siente distinto.
El martes, la Cámara de Diputados encomendó a los legisladores nacionales que exijan la derogación del decreto que autoriza la colaboración y apoyo logístico de las Fuerzas Armadas a la Gendarmería en el control de las fronteras.
En cierto modo estas decisiones explican por qué la gente tampoco cree en la política. ¿Están seguros de que los habitantes de las zonas de frontera rechazan la presencia militar?
Los discursos no reflejaron un cabal conocimiento del decreto. El Frente para la Victoria omitió explicar cuál es la diferencia entre lo que decretó Mauricio Macri y el Escudo Norte que ordenó en 2011 la expresidenta. Hubo quien atribuyó al texto “modificar una ley a través de un decreto”. El decreto solo cambia otro decreto, de 2006, y reemplaza el concepto de ataque exterior por parte de un Estado por el de “ataque externo” proveniente de organizaciones no estatales.
Faltó en el recinto un análisis calificado acerca de lo que se entiende hoy por seguridad y cuáles son las formas posibles de agresión externa.
En el mundo contemporáneo, ni la policía tiene vedada la inteligencia exterior ni los ejércitos la inteligencia interna, aunque deben acotarse a su función especifica.
Los tiempos del Cordobazo ya quedaron atrás. Los peligros del futuro serán otros.
Habría que preguntarse si una reasignación de funciones a las Fuerzas Armadas en el control de las fronteras es bueno o malo para los habitantes de la provincia. Sería necesario indagar cuidadosamente si existe un riesgo real de militarización del país.
El Partido Obrero atribuyó el decreto a una exigencia del Fondo Monetario Internacional; el mismo enemigo que señalaron los curas villeros al oponerse a la legalización del aborto.
El decreto no autoriza, ni insinúa, la intención de asignar a los soldados funciones policiales. Es cierto que desde hace dos décadas existen signos de reverberancia social y son visibles los indicios de prácticas políticas de impacto callejero; incluso, de acciones violentas en diversos puntos del país.
Pero nada hace pensar que esas situaciones puedan desbordar a las fuerzas de seguridad. Desde 2010 los gendarmes se ven obligados a cumplir funciones lejos de las fronteras; las Fuerzas Armadas cuentan con equipamiento como para brindar apoyo logístico terrestre y aéreo.
La memoria de los tiempos sangrientos no debería paralizar la voluntad política de la democracia, que debe mirar desde el presente y hacia el futuro, porque ¿cómo no va a sentirse insegura la gente si sus representantes debaten ideologías y no analizan el problema multiforme de la inseguridad?.