Una situación que mantuvo ocupado al cuerpo de concejales de Tartagal pero que tuvo sus derivaciones en los representantes de la comunidad boliviana local se produjo en la pasada sesión cuando los ediles debatieron una nota de repudio presentada por el referente Dionisio Gutiérrez, pero referida a una sesión anterior.
inicia sesión o regístrate.
Una situación que mantuvo ocupado al cuerpo de concejales de Tartagal pero que tuvo sus derivaciones en los representantes de la comunidad boliviana local se produjo en la pasada sesión cuando los ediles debatieron una nota de repudio presentada por el referente Dionisio Gutiérrez, pero referida a una sesión anterior.
El 31 de julio pasado el edil Santiago Vargas (de profesión bioquímico y quien presta servicios en la actividad privada como en salud pública) se refirió a la apertura de nuevos centros de salud que dependen del hospital Juan Domingo Perón que desde hace varios años adolece de médicos, enfermeros, técnicos insumos y medicamentos para la atención de los pacientes, como es de conocimiento de toda la comunidad.
Vargas, en esa sesión del cuerpo manifestó que a pesar de que se siguen abriendo nuevos centros de salud -en referencia al pequeño hospital Madres de Plaza de Mayo ubicado a la vera de la ruta nacional 86 que se inauguraba en ese momento - había expresado: "Es otro centro que se abre donde no habrá médicos. Lo veía al gobernador Urtubey que con tanta frescura inauguraba un centro donde no habrá médicos, hablar por los derechos de los niños".
En su alocución en el deliberativo local el Dr. Vargas le sugirió a sus pares que debían ir "al hospital Juan Domingo Perón un sábado a la noche, un domingo a la noche o un lunes a la noche y lo atenderá un boliviano porque no hay médicos argentinos que quieran venir a Tartagal. La pediatra que atiende los fines de semana es cubana y menos mal que atiende porque sino, no habría atención médica de esa especialidad", manifestó el edil en referencia a la realidad que vive el hospital de cabecera del departamento San Martín, por todos conocida y motivo e permanentes quejas sobre las que no se avizoran soluciones por parte de los responsables de Salud Pública.
Quien manifestó su malestar por los dichos de Santiago Vargas y los consideró discriminatorio fue Dionisio Gutiérrez, presidente del Centro Cultural Boliviano de Tartagal, quien envió una extensa nota de repudio al cuerpo deliberativo.
Aunque con más de 40 días de la sesión en la que Vargas se expresara, Gutiérrez consideró que los dichos de Vargas "alientan el racismo y la xenofobia hacia nuestros hermanos". Y consideró que "la naturalización de la discriminación a través de gestos y comentarios son incorrectos" entre otras expresiones.
El referente boliviano agregó: "Personas presentes que llevan adelante la sesión del Concejo Deliberante nos han hecho notar el comportamiento del edil tratando de denostar la condición de bolivianos o cubanos por lo que consideramos estas expresiones fuera de lugar y las repudiamos enérgicamente".
Luego del ingreso de la nota donde Gutiérrez pide "que el cuerpo revea la conducta del edil Vargas" el cuerpo deliberativo decidió enviar la nota a comisión. Vargas, por algunos medios de comunicación locales, expresó que nunca tuvo intenciones de ofender a las residentes bolivianos y que de hecho él mismo pertenece a una familia de esa nacionalidad.
Lo que los ediles de Tartagal aún no analizaron es porqué medios pedir informes para determinar si los médicos bolivianos y cubanos que prestan servicios en salud pública revalidaron sus títulos profesionales y cumplieron con todos los requisitos para ejercer la profesión en el ámbito de salud pública. Pero el debate y la exposición de este tema que pone en la opinión pública esta situación, seguramente derivará en algún pedido de informes al menos para que los pacientes que concurren al hospital conozcan qué garantías les ofrece Salud Pública cuando son asistidos por estos profesionales.
Cómo se desnudó esta práctica
Uno de los casos más sonados sobre la atención irregular de estos profesionales se presentó en el sonado caso de una niña wichi violada en el Chaco salteño en 2015 cuando el certificado médico que corroboraba el abuso sexual fue elaborado por Carlos Mamaní, un médico boliviano que no tenía su título habilitante ni matrícula en nuestro país, pero atendía en el Chaco salteño.
Por el hecho Ramón Bustamante, el director del hospital -bioquímico- que había prestado su sello y firmado el certificado elaborado por el médico boliviano fue imputado por falsedad ideológica. Cuando la chica fue revisada en Tartagal por el médico legal, éste contradijo ese primer certificado lo que generó una controversia que todavía no se resolvió.