El aumento del desempleo, casi un punto en un año, llevó la cifra a 9,6% en todo el país, lo que permite estimar que son casi dos millones los desocupados y que hay 7,5 millones con problemas de trabajo. El dato muestra el fracaso, hasta ahora, del Gobierno nacional en el objetivo que planteó al asumir, que consistía en tratar de llegar al pleno empleo.
inicia sesión o regístrate.
El aumento del desempleo, casi un punto en un año, llevó la cifra a 9,6% en todo el país, lo que permite estimar que son casi dos millones los desocupados y que hay 7,5 millones con problemas de trabajo. El dato muestra el fracaso, hasta ahora, del Gobierno nacional en el objetivo que planteó al asumir, que consistía en tratar de llegar al pleno empleo.
Además, gran parte del empleo informal (33% a nivel nacional) se genera en pymes, cuya subsistencia está atada, directamente, al equilibrio de la economía global. No debe olvidarse tampoco que los datos de desempleo se toman en los grandes centros urbanos.
En el interior de las provincias, especialmente las del norte, hay millones de personas no registradas que sobreviven con economías de subsistencia y, también, por la ayuda de los municipios.
Si esta tendencia se profundiza, la crisis social puede llegar a límites inimaginables. Frenar la caída de la desocupación y crear las condiciones para recuperar puestos de trabajo debe ser prioridad inmediata. En el actual escenario de recesión económica, con dólar inestable e inflación que desborda cualquier previsión, las perspectivas son sombrías.
Estamos ante un drama humano, que destruye la vida de cada una de las personas que carece de trabajo.
El problema del desempleo es estructural en la Argentina y todos los gobiernos de las últimas cuatro décadas solo contribuyeron a agravarlo. Es inaceptable especular con estas cifras, y sería inmoral ocultarlas. En 1974, cuando la crisis del petróleo modificó el escenario económico mundial, el desempleo no llegaba en la Argentina al 3%. Desde entonces, el poder adquisitivo de los salarios cayó en nuestro país a un 40% y el sistema laboral se degradó, a pesar de contar con una legislación muy sólida y avanzada.
Hace ya una década, el Observatorio de la Deuda Social Argentina advirtió que el 15% de la población argentina, alrededor de siete millones de personas vivía "en hogares con tres generaciones de desempleados". Entre 2006 y la fecha, según estimaciones privadas -entre 2007 y 2015 el Indec estuvo intervenido- el desempleo osciló entre el 8 y el 11%. Pero la palabra "desempleo" no alcanza para ponderar la magnitud del problema. Los altibajos del PBI y del volumen exportador muestran una economía frágil, poco competitiva y sometida a la suerte de los cereales y oleaginosas en los mercados mundiales. Como consecuencia, entre 2006 a la fecha, el gasto público pasó del 30.6% del PBI al 46%. Un volumen insostenible, que se explica por otro dato: entre sueldos, jubilaciones, pensiones, planes sociales y planes de empleo, más de 21 millones de personas, casi la mitad de la población argentina, dependen directamente del Estado para subsistir. Y a pesar de eso, los niveles de indigencia y pobreza superan el 30%.
Es un problema estructural, y no coyuntural; y que se trata de una cuestión nacional, más allá del gobierno de turno o los partidos políticos.
La aparición de organizaciones de "trabajadores desocupados" o de "trabajadores de la economía social" muestra la realidad de miles de personas que quedaron fuera del sistema, más allá de las ideologías o del oportunismo de sus líderes o voceros.
La economía no genera trabajo genuino. Esa responsabilidad debe asumirla ya el actual gobierno, a cuyo cargo está hoy la paz social.
Está claro, y la historia lo muestra, que el tradicional recurso de ofrecer sueldos nacionales, provinciales o municipales en cargos que el Estado no necesita solamente agudiza el problema.
La destrucción del empleo tiene otro correlato dramático: el Estado no ha logrado vertebrar un sistema educativo que garantice una formación eficiente que brinde a los sectores de menores ingresos el instrumento más importante, la formación para la disciplina y la destreza que exige el trabajo.
No se puede esperar. El Gobierno nacional debería convocar con urgencia a un acuerdo con la oposición y los gremios para definir políticas de Estado que permitan soluciones de corto, mediano y largo plazo para este verdadero drama nacional y humano.