Cada vez que una persona detenida por violencia de género o familiar quede en libertad, la Justicia deberá comunicar inmediatamente a las víctimas.
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Cada vez que una persona detenida por violencia de género o familiar quede en libertad, la Justicia deberá comunicar inmediatamente a las víctimas.
Tras cambios en la legislación de protección de víctimas de violencia familiar, el Poder Judicial informó adecuaciones en el tratamiento de las causas.
La modificación del artículo 10 de la ley 7.403, a través de la ley 8.099, fue promulgada por el Poder Ejecutivo Provincial. Establece distintas medidas para proteger la integridad y los derechos de la víctima, para hacer cesar la situación de violencia y evitar la repetición de los hechos.
Una vez "producida la audiencia y por auto fundado, el juez establecerá las medidas que estime convenientes con el fin de proteger la integridad y los derechos de la víctima, procurando hacer cesar la situación de violencia y la repetición de los hechos", fija concretamente la nueva norma.
Entre otras medidas, el juez podrá ordenar bajo apercibimiento de desobediencia judicial, la realización de tratamiento a través de medios asistenciales públicos o privados, a los que deberá requerir informes periódicos. Teniendo en cuenta la situación planteada, la gravedad de los hechos y los eventuales peligros que pudiera correr la víctima, el juez fijará la duración de las medidas y su modo de seguimiento.
Ante el incumplimiento de las medidas ordenadas o la reiteración de hechos de violencia por parte del agresor, el juez podrá ordenar la realización de trabajos comunitarios. Además, el funcionario deberá comunicar las medidas decretadas al Registro Informático de Violencia Familiar del Poder Judicial.
De considerarlo oportuno, el magistrado comunicará las medidas decretadas a los organismos públicos o privados a los que se hubiere dado intervención en el proceso o resultare necesario, como así también a aquellos cuyos intereses pudieren resultar afectados por la naturaleza de los hechos.
Por otra parte, los varones que ejerzan violencia familiar o de género contra sus parejas o exparejas serán derivados por la Justicia a un programa especial de asistencia.
Según un convenio que firmaron la semana pasada el Ministerio de Gobierno y el Poder Judicial, en esta etapa de experiencia piloto habrá cupo para 25 hombres.
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