"Inventar noticias" tiene hoy un nombre en inglés: "fake news" (noticias falsas). Lo popularizó Donald Trump para descalificar informaciones adversas u opiniones críticas, simplemente porque los gobernantes autocráticos creen que la noticia es "mera construcción".
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"Inventar noticias" tiene hoy un nombre en inglés: "fake news" (noticias falsas). Lo popularizó Donald Trump para descalificar informaciones adversas u opiniones críticas, simplemente porque los gobernantes autocráticos creen que la noticia es "mera construcción".
Claro que Trump aplica el epíteto a informaciones sólidas y verificables, publicadas por medios que construyen su credibilidad en la coherencia.
Lo que ocurre es que los políticos improvisados y oportunistas sí utilizan la invención de noticias. Encargan la tarea a redactores dispuestos, como los que en la Argentina son llamados "periodistas militantes", que no verifican el dato, y las difunden a través de medios de credibilidad endeble.
Las redes sociales, que difunden cualquier cosa, son un vehículo excepcional para las "fake news", por eso hay legiones de "trolls" dedicados a esa tarea distorsiva.
Pero la invención de noticias no es ingenua: es una de las formas más destructivas para buscar atajos políticos, apelando a la calumnia o la injuria.
Porque esa forma de desinformación trata de sacar provecho de un recurso jurídico, de nombre latino: "notitia criminis".
Generar falsas noticias es una forma de construir "notitia criminis" y da resultado cuando los fiscales omiten la tarea de verificar las pruebas. Elemental. Un diario puede publicar una información más o menos verosímil -sin darla por cierta- pero un fiscal no puede imputar ni acusar con la mera verosimilitud. Y mucho menos promover la acción penal.
Si la causa avanza ningún juez decente puede fallar sin pruebas. Cuando la causa naufraga, el inventor de la "notitia criminis" o "fake news" se siente defraudado. Cuando tiene poder, agravia a los jueces que no le dieron el gusto y hasta pide que se los someta a jury de enjuiciamiento. Pero, hay que recordar, nada de esto es ingenuo ni gratuito.
Una denuncia solo puede convertirse en condena dentro del procedimiento jurídico correspondiente. Al menos, en la democracia republicana. En Salta, la fórmula "fake news notitia criminis" se ha aplicado en forma sistemática en los últimos años.
La política debería contemplar el principio que invocan todos los jueces serios cuando se les consulta sobre un fallo dudoso: "No vi el expediente".
La lectura cuidadosa de un expediente, un dictamen fiscal o un fallo judicial permiten al lector no letrado detectar si hay pruebas, si hay verosimilitud, incluso si hay una intención manifiesta de acusar a alguien a como dé lugar, o de absolverlo a pesar de las pruebas en su contra.
Cuando un dirigente político vocifera contra un juez ante un micrófono, o un diputado lo hace desde su banca, sin haber leído el expediente, está defraudando su rol en la sociedad y su responsabilidad política. Y se aprovecha de una ventaja: el juez no puede polemizar sobre lo que está en su fallo.
La intriga palaciega es antigua como la humanidad; al igual que el abuso de poder. La democracia republicana, con todas sus falencias es el sistema que limita las posibilidades de que la política utilice a la Justicia para sacar del medio a los adversarios, o para hacer campañas truchas a costa del prestigio ajeno. Cuando esto sucede, la democracia empieza a asemejarse, raudamente, a la Venezuela de Nicolás Maduro, a la Nicaragua de Daniel Ortega o a la Cuba de los Castro. Son los tres regímenes contemporáneos en la región donde se registran presos políticos y fusilamientos arbitrarios.
La Justicia adolece de falencias muy claras. Los mismos jueces reconocen que no tiene la celeridad que requiere el derecho de la gente, que es inaccesible y presenta trabas burocráticas, y que hay mucho por mejorar en el sistema.
Pero nada de eso justifica la diatriba y la acusación sin pruebas.
La televisión de nuestros días tiende a aprovechar el modelo de "Polémica en el bar"; esto es sistemático en los programas deportivos, donde los árbitros son criticados sin piedad por errores graves, errores inevitables o aciertos que desagradan a la audiencia del programa.
El periodismo, gráfico, radial, televisivo o digital, tiene una función que no es la de imitar a la mesa de café para que el público se sienta cómodo, sino que le corresponde aportar al debate racional. Y, sobre todo, los políticos funcionarios, legisladores o meros dirigentes no deberían actuar como si la política fuera un "gran hermano".
Sin embargo, eso es lo que ocurre.
Es legítimo criticar a los jueces, con fundamento. Es un deber denunciarlos, cuando hay elementos de prueba. Es válido reclamar explicaciones cuando hay dudas. Pero es infame hacer política (y negocios) con la destrucción de la credibilidad de una institución.
Salta padece hoy problemas sociales estructurales, entre ellos la impotencia de las instituciones para construir seguridad jurídica, empleo productivo y educación para el trabajo.
El oportunismo, la intriga palaciega, la manipulación del poder y la retórica demagógica, que proliferan en la esfera pública, permiten comprender por qué nos cuesta tanto construir en Salta la convivencia democrática y el desarrollo humano.
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