A partir de ahora, los corredores inmobiliarios tendrán toda la información necesaria para impedir cualquier operación que esté fuera de la reglamentación vigente para las viviendas sociales construidas por el Estado. Además, tendrán la obligación de denunciar cualquier intento de venta o alquiler de casas que fueron entregadas por el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) a familias que acreditaron una necesidad habitacional.
inicia sesión o regístrate.
A partir de ahora, los corredores inmobiliarios tendrán toda la información necesaria para impedir cualquier operación que esté fuera de la reglamentación vigente para las viviendas sociales construidas por el Estado. Además, tendrán la obligación de denunciar cualquier intento de venta o alquiler de casas que fueron entregadas por el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) a familias que acreditaron una necesidad habitacional.
El organismo provincial tiene el fin de reducir el déficit habitacional de la provincia, ofreciendo soluciones a los que no tienen recursos suficientes para construir por sus propios medios. Además, la institución participa del desarrollo de nuevos barrios o grupos de viviendas con otras entidades atendiendo a un desarrollo urbano equilibrado.
Para dar mayor transparencia y evitar que haya estafas con las viviendas sociales, el presidente del IPV, Sergio Zorpudes, firmó un convenio con la titular del Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de Salta, Andrea Ramonot. El objetivo es frenar la venta, alquiler, transferencia o disponibilidad irregular de viviendas entregadas por este organismo provincial, operaciones que violan la normativa vigente.
En diálogo con El Tribuno, Andrea Ramonot comentó que la idea surgió a partir de la necesidad de información sobre las propiedades que no se pueden poner en venta o alquiler.
"A través de este convenio tenemos la obligación de verificar si las viviendas del IPV están en condiciones de ser vendidas y asegurarnos de que no estén dentro del plazo obligatorio exigido o que no tengan irregularidades", expresó la titular del Colegio de Corredores.
Una de las finalidades de este acuerdo entre el Estado y el Colegio es evitar que personas inescrupulosas vendan, alquilen o transfieran viviendas sociales antes de los cinco años previstos por la norma, que busca evitar que se hagan negocios con los inmuebles construidos con recursos del Estado para familias que no tienen dónde vivir.
Mayor transparencia
El propósito del acuerdo es generar mayor trasparencia en los procesos relacionados con las viviendas entregadas por el IPV.
El reglamento del organismo provincial establece que las viviendas sociales no pueden venderse, alquilarse ni cederse por el término de 5 años. En este período solo pueden habitarlas las familias beneficiarias. Recién después de ese plazo, las viviendas pueden entrar al mercado inmobiliario.
"Nosotros vamos a disponer de un canal directo con gente del Instituto Provincial de la Vivienda para que nos asesoren sobre si las casas están en condiciones. En Salta hay 18 mil viviendas sin escriturar, con lo cual es una cantidad bastante importante y muchas posibilidades de que no estén en condiciones de ser alquiladas o vendidas. Al ser corredores, vamos a ser como protectores de las personas para hacer cumplir la ley y si notamos una irregularidad tenemos la obligación de informar al instituto", destacó Ramonot.
Ahora los corredores van a tener acceso directo a datos del IPV, pero la titular del Colegio de Corredores explicó que será información confidencial y solamente los corredores matriculados tendrán acceso.
Una de las cláusulas del convenio establece que el IPV se compromete a proporcionar los datos necesarios para autorizar o no la operación a los corredores inmobiliarios.
Durante el acto, Zorpudes manifestó que “la venta, alquiler, trasferencia o disponibilidad irregular de una vivienda social están penadas por ley y representan una estafa al Gobierno, por eso celebro este convenio que nos ayudará a detectar anomalías, junto al Sints (Sistema de Identificación Tributaria y Social) y Sigege (Sistema de Gestión de Beneficiarios), que son bases de datos de las familias que recibieron o recibirán una vivienda construida por el Estado”.
Por su parte, Ramonot agradeció “por el espacio que nos dan, somos muchos los corredores que estamos en el medio y en contacto directo con la gente. Esta herramienta será de gran utilidad para la comunidad”.
Se recordó a los adjudicatarios que el IPV, al momento de entregar el inmueble, concede una entrega precaria sujeta al cumplimiento de las obligaciones generales. Si las reglas no se cumplen, el organismo puede anular la adjudicación de la vivienda.
“Se tiene que informar cualquier irregularidad, tenemos la responsabilidad de informar. Somos como guardianes o protectores del beneficio social, de que se dé la vivienda a quien realmente la necesita y que la mantenga”, expresó la presidenta del Colegio de Corredores.
Para Andrea Ramonot, este proceso sirve para darle más transparencia al mercado, en el que 380 matriculados que integran el Colegio, funcionan también como un operador que le dan garantía, tranquilidad y beneficios a la gente, además de seguridad. “Nuestra función es intermediar y buscar el beneficio de ambas partes”, agregó Andrea Ramonot.
Finalmente, el IPV requirió a los corredores inmobiliarios el estricto cumplimiento de las leyes para evitar perjuicios a personas que buscan un inmueble para comprar o alquilar.
Ampliación de requisitos de acceso
El 6 de septiembre, durante la sesión ordinaria de la Cámara de Senadores, se aprobó un proyecto para ampliar de dos a cuatro salarios mínimos el ingreso máximo que debe tener una familiar para ser beneficiaria de una vivienda social.
El proyecto solicita al Poder Ejecutivo Provincial y los legisladores nacionales por Salta que gestionen ante el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Viviendas, la modificación del punto 1.1.5 del anexo I, de la resolución 122-E/2017, elevando como mínimo a cuatro salarios vitales y móviles el monto total.
“Conversando con las autoridades del Instituto de la Vivienda, nos manifestaban la necesidad de ampliar el requisito de hasta dos salarios mínimos, vitales y móviles a cuatro, ya que así, debido a la situación económica del país, más familias podrían aspirar a lograr una vivienda social, que tanta gente espera”, expresó al respecto Roberto Gramaglia, uno de los senadores que formularon la iniciativa legislativa que trató la Cámara.