El Gobierno de Salta reglamentó esta semana el nuevo Régimen Penal Juvenil, pero al proyecto de ley original le realizó algunas modificaciones. Una de ellas tiene que ver con el tiempo de aplicación y quedó abierta una incógnita sobre cuándo podrá funcionar el nuevo proceso para juzgar a niños, niñas y adolescentes en la Justicia provincial.
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El Gobierno de Salta reglamentó esta semana el nuevo Régimen Penal Juvenil, pero al proyecto de ley original le realizó algunas modificaciones. Una de ellas tiene que ver con el tiempo de aplicación y quedó abierta una incógnita sobre cuándo podrá funcionar el nuevo proceso para juzgar a niños, niñas y adolescentes en la Justicia provincial.
"El proceso aquí establecido se aplicará por hechos cometidos a partir de la publicación de la presente Ley, en todos los Distritos de la Provincia" decía el artículo 28 aprobado por senadores y diputados, que en la reglamentación fue vetado.
"Se estableció que sería dentro de un año", señaló la directora general de Justicia Penal Juvenil de la Provincia, María Juncosa.
El nuevo régimen responde a una iniciativa de la Corte de Justicia de Salta y crea nuevas figuras. Pero como aún no hay designaciones, se continuaría dilatando el proceso.
"Hay que nombrarlos para que se reglamente. Se aplicará una vez que estén todos los actores involucrados, que son estas nuevas figuras, por sobre todo en la provincia, donde no hay", aseguró Juncosa.
El proceso de juicio para los y las menores de 18 años demanda la designación de fiscales penales juveniles, defensores oficiales y asesores de incapaces. Se estima que son alrededor de quince cargos los que se necesita crear para cumplir con la nueva tarea. Ahora la Corte de Justicia provincial debe llamar a concursos.
"Son figuras clave. Por sobre todo los fiscales, porque no hay fiscales penales juveniles", detalló la funcionaria. Antes eran los jueces quienes llevaban a cabo la investigación, ahora la tarea estará a cargo del fiscal penal juvenil.
La designación de las nuevas figuras debería aplicarse sobre todo en el interior. En la capital existen juzgados de menores, los que deberán cambiar de nombre por juzgados penales de menores. El sistema judicial capitalino también cuenta con defensores, por lo que deberá crearse la figura del fiscal penal juvenil. Mientras que en el interior, es diferente.
"En el interior, por sobre todo, no hay jueces de menores. En Metán hay jueces de tribunal de juicio y también cumplen el rol de juez de menores. No son específicamente de menores", explicó Juncosa.
Otros de los cambios que introdujo la oficialización de la ley 8.097 es que el juez no podrá tomar alguna medida "asegurativa del proceso" con motivo de un peligro de fuga o entorpecimiento de la investigación, sin pedido del fiscal.
Entre las medidas que se podrán tomar a pedido del juez está la de mantener a la niña, niño o adolescente en su ámbito familiar o, de no ser posible, confiárselo a otra persona para su supervisión.
También está la posibilidad de obligarlo a concurrir periódicamente al juzgado y abstenerse de concurrir a determinados lugares o frecuentar a determinadas personas, además de cualquier otra medida conveniente para resguardar las garantías del proceso. La ley indica que debe tomarse la decisión "menos gravosa" para el niño, niña o adolescente. La detención en un hogar de menores es una de las opciones, pero se la indica como un último recurso.
Registro
Uno de los puntos del nuevo régimen que generó polémica fue la creación de un registro de antecedentes para los menores de 18 años involucrados en algún delito.
Se estableció que la Corte de Justicia de Salta estará a cargo. Los datos serán reservados y se podrá acceder a ellos solo mediante orden judicial.
El sistema reconoce a los menores como sujetos de derechos y deja de lado el sistema de patronato, tan cuestionado por especialistas en Derechos Humanos.
Además de los cambios en los procedimientos judiciales, se introduce una mirada sociólogica al proceso para tener en cuenta el contexto de la niña, niño o adolescente juzgado.
Se ordena que se realicen estudios integrales para "determinar el grado de maduración, conocimiento y situación de la realidad circundante en cada caso antes de resolver.