El Gobierno anunció ayer que suspendió su decisión de traspasarle a las provincias la responsabilidad de financiar la tarifa social para el servicio eléctrico.
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El Gobierno anunció ayer que suspendió su decisión de traspasarle a las provincias la responsabilidad de financiar la tarifa social para el servicio eléctrico.
La decisión fue tomada por el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, cinco días después de que el entonces ministro de Energía, Javier Iguacel, firmara la resolución para que las provincias se hagan cargo de la tarifa social.
"En el marco de las conversaciones con las provincias, y dadas las nuevas competencias del Ministerio de Hacienda en relación a la energía, el Ministerio suspenderá la entrada en vigencia de la resolución 122/2018 aprobada el pasado 3/09/2018 para su evaluación y eventual modificación", dijo la cartera en un comunicado.
El ya extinto Ministerio de Energía -ahora convertido en Secretaría- publicó el miércoles en el Boletín Oficial la resolución 122/2018 que establecía que, a partir del 1§ de enero de 2019, el financiamiento del régimen de tarifa social de electricidad pasará a estar a cargo de las provincias y de la Ciudad de Buenos Aires.
La resolución del Boletín Oficial tiene fecha del lunes 3 de septiembre, antes de la reorganización ministerial que anunció el presidente Mauricio Macri.
La transferencia a las provincias del régimen de tarifa social eléctrica era una de las iniciativas anunciada por el ministro Dujovne para lograr el déficit primario cero de las cuentas públicas en 2019.
En la búsqueda de alcanzar el equilibrio fiscal, el Gobierno quiere que el recorte del 0,5% del déficit de 2018 (que cerrará cerca de los 2,6% del PBI) provenga del ajuste sobre los subsidios al transporte y a la energía.
Subas en transporte
El Gobierno nacional le traspasará en 2019 a las provincias y municipios la responsabilidad fiscal de subsidiar el autotransporte público de pasajeros local por unos 60.630 millones de pesos, lo que podría determinar fuertes aumentos en las tarifas. Según datos del Ministerio de Transporte de la Nación, el Estado financia el 60 por ciento del boleto de colectivo en promedio en el país, por lo que la supresión de los subsidios en algunas jurisdicciones que no puedan pagarlo repercutirá en un aumento fuerte del precio del viaje para el pasajero. En medio del ajuste fiscal, la gestión de Mauricio Macri le confirmó a los gobiernos provinciales que desde el año próximo tendrán que afrontar con recursos propios una parte del boleto de colectivos urbanos que actualmente subsidia la Nación.
Pero con la economía sumergida en una recesión y con los impuestos locales (como ingresos brutos y sellos) en pleno descenso por la reforma tributaria impulsada por Cambiemos, no todos los gobiernos provinciales y municipales estarán en condición de afrontar el gasto extra. Pasarles la responsabilidad a los gobernadores e intendentes fue una de las medidas que encontró el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, para avanzar hacia el déficit fiscal primario cero en 2019, en medio de un ajuste total que alcanza los 500.000 millones de pesos. El anuncio de Dujovne significa que las provincias y municipios deberán afrontar un gasto global extra de 60.630 millones de pesos a partir del año que viene.