Una ancestral tradición política mexicana indica que en sus primeros cien días de gobierno cada nuevo presidente está obligado a realizar una clara demostración de poder.
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Una ancestral tradición política mexicana indica que en sus primeros cien días de gobierno cada nuevo presidente está obligado a realizar una clara demostración de poder.
Andrés Manuel López Obrador (AMLO en la jerga periodística) afrontó ese desafío y ganó una batalla donde puso en juego su autoridad. El teatro escogido fue el conflicto desatado entre la nueva administración y Carlos Romero Deschamps, desde hace 22 años secretario general del Sindicato de Trabajadores de Petroleros de la República Mexicana (STPRM), que nuclea al personal de PEMEX. La compañía petrolera estatal es por su dimensión la empresa más importante del país, por sus ingresos la principal fuente de recaudación fiscal y por su valor simbólico una expresión emblemática del orgullo nacional mexicano. También es la "caja" más importante del sistema político.
La piedra del escándalo fue la decisión de combatir el "huachicoleo", una expresión idiomática que alude al robo sistemático de combustibles en las instalaciones y los camiones de transporte de Pemex por cifras que ascienden a 3.000 millones de dólares anuales, ejecutado por bandas armadas vinculadas con el crimen organizado, que viene expandiendo sus operaciones desde su negocio principal, el narcotráfico, hacia los secuestros extorsivos, el tráfico ilegal de personas, los casinos ilegales y una amplia gama de actividades lucrativas cuyo monopolio ejerce por su control territorial sobre vastas regiones del país.
Avionazo
Los sucesivos gobiernos mexicanos caracterizaron a este flagelo como una acción de los carteles del narcotráfico, en la que Pemex resultaba apenas una víctima. La innovación introducida por AMLO fue avalar las antiguas y documentadas denuncias de que ese monumental saqueo contaba con una activa complicidad en las jerarquías y en el personal de la empresa, incluida la propia organización sindical, fuertemente implantada en la estructura burocrática de la compañía. El primer mandatario advirtió: "No tengo evidencias de que los directores de Pemex participaban en el robo de combustible. Lo que sí sé es que tenían conocimiento, de eso no tengo dudas".
La dimensión de esta confrontación adquirió contornos dramáticos a partir de la caída de un helicóptero que costó las vidas de Martha Erika Alonso, gobernadora del estado de Puebla y dirigente del Partido de Acción Nacional (PAN), y de su marido, el senador Rafael Moreno Valle, exgobernador de ese mismo estado. Como la historia mexicana es pródiga en accidentes de este tipo, hasta el punto que el término "avionazo" quedó instalado en la jerga política como denominación de un mecanismo habitual de asesinato, la oposición lanzó la especie de que podría tratarse de un crimen político instigado desde las esferas oficiales. El gobierno se apresuró a señalar que Alonso había anunciado su propósito de encarar una guerra contra el "huachicoleo" dentro de su estado, que es uno de los más afectados por esa práctica delictiva.
Militarización contra piratas
López Obrador puso en marcha el Plan Conjunto para Combatir el Robo de Hidrocarburos y ordenó que 4.000 efectivos del Ejército mexicano ocuparan decenas de instalaciones de Pemex para controlar el flujo de combustibles. Este anuncio coincidió con la versión que Romero Deschamps, una figura histórica del PRI con un lujoso tren de vida y un enorme patrimonio personal que fueron siempre motivo de comentarios, estaba de vacaciones en el exterior. Desde entonces, la población mexicana experimenta los efectos alarmantes de un creciente desabastecimiento de combustibles, manifestado en kilométricas y muchas veces infructuosas colas de automovilistas en las estaciones de servicio. En la prensa azteca, comenzaron a proliferar las analogías históricas y las interpretaciones conspirativas. Hace exactamente veinticinco años, el presidente Luis Salinas de Gortari, artífice de la apertura económica y la negociación del NAFTA, inauguró su mandato con el apresamiento de Joaquín Hernández Galicia, alias "La Quina", el legendario secretario general del gremio petrolero y virtual dueño de Pemex. Hernández Galicia fue juzgado y condenado a prisión por tenencia de armas y explosivos e indultado ocho años más tarde por el presidente Ernesto Zedillo, sucesor de Salinas de Gortari. El trasfondo de aquel episodio fue que en las elecciones presidenciales de 1988, "La Quina" había violado la regla consuetudinaria de que el sindicato petrolero apoyaba al candidato oficial del Partido Revolucionario Institucional (PRI), en este caso Salinas de Gortari. En cambio, apostó bajo cuerda a Cuauhtémoc Cárdenas, postulante del Partido Revolucionario Democrático (PRD), una escisión de izquierda del PRI, e hijo de Lázaro Cárdenas, el mandatario mexicano que pasó a la historia por la estatización de la explotación petrolera, materializada en 1938. En las pasadas elecciones, Romero Deschamps apostó a un caballo perdedor. Apoyó al candidato del PRI, José Antonio Meade, quien salió tercero detrás de López Obrador y de Ricardo Anaya, postulado por el PAN. El gobierno niega haber programado un "quinazo" contra Romero Deschamps, pero los allegados al jefe sindical temen una inminente ofensiva judicial para desplazarlo y encumbrar a una camarilla afín al nuevo gobierno en la cúpula de la organización. La sospecha reconoce un antecedente: el sucesor de Hernández Galicia fue precisamente Romero Deschamps, a quien La Quina siempre acusó de haberlo traicionado con Salinas de Gortari para adueñarse de los negocios de Pemex. De hecho, una agrupación disidente amenaza con impulsar la creación de un sindicato paralelo, mientras que un grupo de trabajadores salió a la calle para pedir la renuncia de Romero Deschamps. Puesto entre la espada y la pared, el líder petrolero optó por un viraje de 180 grados para intentar sobrevivir en su cargo o al menos permanecer en libertad. Sorpresivamente. Mientras en los medios periodísticos circulaban versiones sobre una inminente orden de captura en su contra, Romero Deschamps emitió una insólita declaración, difundida través de un afiche de amplísima difusión callejera, para manifestar su decidido apoyo a López Obrador "en su valiente lucha contra la corrupción en Pemex". El texto, suscripto conjuntamente con los secretarios generales de las 73 seccionales del STPRM, anunció también un cambio en las relaciones con la empresa "para iniciar una nueva era de productividad", un eufemismo que encubre la tardía admisión de la necesidad de poner término a una larga era de privilegios y negocios particulares efectuados a expensas de la empresa.
López Obrador puede galardonarse con un triunfo categórico en la primera gran batalla de su gestión, incluso antes de haber cumplido la mitad de esos emblemáticos primeros cien días de su mandato presidencial.