Los cuatro años transcurridos desde la muerte del fiscal de la Unidad AMIA, Alberto Nisman, muestran el escenario de impunidad, complicidades y anemia judicial de un país en estado de indefensión.
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Los cuatro años transcurridos desde la muerte del fiscal de la Unidad AMIA, Alberto Nisman, muestran el escenario de impunidad, complicidades y anemia judicial de un país en estado de indefensión.
La Justicia ha caratulado la causa como "homicidio" y señala como "partícipe necesario" a un oscuro personaje, el técnico Diego Lagomarsino, quien habría entregado el arma. Tanto los fiscales como la Cámara Federal actuante vinculan el crimen a la denuncia por corrupción formulada por la víctima contra Cristina Kirchner y funcionarios de su gobierno. La misma expresidenta opinó públicamente que se trató de un homicidio. Sin embargo, no hay certezas sobre los eventuales autores materiales del homicidio.
El desempeño de los organismos de seguridad acumula indicadores de negligencias y complicidades. Nisman contaba con un equipo de trece hombres en su custodia y, sin embargo, permaneció más de 30 horas incomunicado, sin responder a mensajes ni llamadas telefónicas.
En uno de los edificios más seguros de Puerto Madero, esa noche del 17 al 18 de enero de 2015, las cámaras de seguridad no funcionaron.
La reacción inmediata de los operadores del gobierno kirchnerista consistió en instalar la idea del suicidio y en lanzar una campaña denigratoria sobre la vida privada de la víctima. Incluso se difundió un video donde se mostraba al fiscal al arribar al aeropuerto de Ezeiza, sin explicar quién y por qué realizaba ese seguimiento. La investigación posterior encabezada por la fiscal Viviana Fein, designada por la procuradora Alejandra Gils Carbó, solo acumuló desprolijidades, dudas y contradicciones. De este modo, se sumó una nueva muerte a la saga trágica iniciada el 17 de marzo de 1992, con la voladura de la embajada de Israel, y que tuvo un segundo capítulo en el atentado contra la AMIA, el 18 de julio de 1994. La impunidad, en ambos casos, es absoluta.
Sobre el ataque a la embajada, no existe un solo indicio certero y la conducta de la Justicia fue de total impotencia. En cuanto a la AMIA, están identificados una decena de funcionarios del Estado de Irán y fueron procesados, aunque luego absueltos, un grupo de policías y reducidores de automóviles señalados en principio como "conexión local". Hoy están sentados en el banquillo de los acusados, por encubrimiento, el expresidente Carlos Menem y el ex juez federal Juan Galeano, que es quien mostró la trama más conocida del caso.
Nisman fue asesinado cuando denunció a la expresidente por el acuerdo con el Gobierno iraní, al que consideraba un pacto de impunidad para evitar la extradición de los funcionarios de aquel país acusados por el atentado. Fernández de Kirchner había cambiado sorpresivamente su posición, luego de denunciar durante años en los foros internacionales a Irán y a la organización terrorista Hezbollah. El acuerdo, al parecer, respondió al alineamiento de aquél gobierno argentino con Hugo Chávez, proiraní y antisemita, y al interés de Teherán por adquirir tecnología nuclear argentina.
En ese contexto, la muerte de Nisman se enmarca en un entrecruzamiento de intereses de varios países, Venezuela, Cuba, Irán e Israel, entre ellos, donde las perspectivas y los objetivos más profundo que se ponen en juego son difíciles, cuando no imposibles de desentrañar.
Pero los expedientes desarrollados en los 27 años transcurridos desde aquel primer acto terrorista exponen, con cruda obscenidad, la distorsión de los organismos de inteligencia argentinos, que interfieren constantemente en la tarea de los jueces, politizan las causas, construyen entramados de corrupción y solo aportan confusión e impunidad.
La figura del ingeniero Antonio Angel Stiuso, alias Jaime Stiuso, se convirtió en protagonista y emblema de esa corrupción, pero no se trata de personajes; la realidad es que hay un sistema enquistado en las instituciones, que permite que este tipo de espías adquiera un poder que nadie controla.
No solo la muerte de Nisman sigue en penumbras. La impunidad por los atentados que costaron 107 vidas es una infamia; no se trata solo de crímenes gravísimos, sino de agravios nunca reparados contra la soberanía argentina, la seguridad y la confiabilidad de nuestra Justicia.