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Maduro baila alborde del precipicio

Miércoles, 23 de enero de 2019 00:00

 

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A diferencia de lo sucedido con anteriores pronósticos apocalípticos acerca de una inminente hecatombe que nunca se concretó, es posible que, esta vez sí, la permanencia de Nicolás Maduro en el poder penda de un hilo cada vez más delgado y a punto de cortarse.

Frente a una maniobra de pinzas que no parece dejar ningún cabo suelto, en la que la oposición interna funciona coordinadamente con una creciente presión internacional, el régimen de Caracas ensaya una contraofensiva que puede acelerar los acontecimientos y precipitar su caída.

Acorralado

En un pintoresco discurso ante la Asamblea Nacional Constituyente, Maduro anunció un giro económico aperturista orientado a establecer empresas mixtas con "países amigos" para enfrentar una crisis hiperinflacionaria que no tiene parangón en la historia de América Latina, que llevó a que el índice de precios al consumidor aumentara más del 1.000.000 % en 2018 y que 4.000.000 de venezolanos hayan buscado refugio en el exterior.

"Si puedo traer capital privado internacional para recuperar una empresa, ¿no lo traigo?. ¿Me cierro?. Si puedo recuperar Venalum o Bauxilum (dos empresas básicas del Estado) con capital mixto, inversiones y alianzas con empresarios de China, Rusia, Turquía y Qatar, ¿no lo hago?", dramatizó en su alocución el primer mandatario.

La sesgada convocatoria al capital extranjero, que incluye también a Irán, coincide con la decisión política de buscar alianzas extra continentales, en especial con Rusia y China, para compensar el aislamiento de Venezuela en el escenario regional.

Desde el llamado del Grupo de Lima, por el que doce cancilleres latinoamericanos desconocieron la legitimidad del gobierno de Maduro hasta el encuentro entre el presidente Mauricio Macri y su colega brasileño Jair Bolsonaro, todo presagia una escalada de sanciones cuyo final está aún lejos de avizorarse. Esta súbita aceleración de los acontecimientos, adentro y afuera de Venezuela, tuvo como disparador dos asunciones presidenciales registradas este mes. La primera fue la de Bolsonaro, que implica un giro copernicano en la política exterior brasileña. La segunda fue la reasunción del propio Maduro, quien el 10 de enero inició un tercer mandato presidencial originado en elecciones fraudulentas impugnadas por la oposición y desconocidas por gran parte de la comunidad internacional.

El viraje regional

 

El ascenso de Bolsonaro culminó un viraje en América del Sur, manifestado en la victoria de Mauricio Macri en las elecciones presidenciales de la Argentina, de Sebastián Piñeira en Chile y de Iván Duque en Colombia y en la ruptura entre el mandatario ecuatoriano Lenin Moreno con su antecesor, Rafael Correa. El propio Evo Morales estableció una prudente distancia entre La Paz y Caracas. El eje "bolivariano" ha quedado reducido a su mínima expresión. La reasunción de Maduro estuvo acompañada por una inmediata campaña enderezada a deslegitimar su mandato. La Asamblea Nacional, dominada por la oposición y que sigue en funciones a pesar de que la actual Corte Suprema de Justicia la privó de sus facultades legislativas, declaró que había una "usurpación del poder". Su flamante titular, Juan Guaidó, un joven dirigente político de 35 años, asumió la responsabilidad de encabezar un proceso de transición hacia la restauración de la democracia, decisión que recibió de inmediato el apoyo explícito de Estados Unidos y de varios países sudamericanos, hasta el punto que algunos analistas especulan sobre las eventuales consecuencias de un reconocimiento diplomático a su autoridad, al que no sería ajena la OEA.

Las brujas existen

Este audaz paso al frente de Guaidó, quien en los hechos encarna el nuevo liderazgo de una oposición políticamente desarticulada, significó la instalación de una disputa formal por el gobierno entre Maduro, que detenta el ejercicio efectivo del poder, y el presidente de la Asamblea Nacional, cuya legalidad es desconocida por la actual Corte Suprema de Justicia pero avalada por la decisión de una virtual "Corte Suprema en el exilio", integrada por los anteriores magistrados del máximo tribunal que tuvieron que abandonar el país para evitar ser detenidos.

La disputa pone en blanco sobre negro el rol decisivo de las Fuerzas Armadas, que hace veintisiete años fueron la plataforma de lanzamiento de Hugo Chávez, con su frustrada asonada militar contra el presidente Carlos Andrés Pérez en 1992, y hace veinte años su primer sostén político cuando ganó las elecciones presidenciales de 1998, y que ahora constituyen la columna vertebral del gobierno de Maduro, convertido en la práctica en un régimen militar. La cúpula castrense es beneficiaria de un gigantesco sistema de prebendas estatales pergeñado para garantizar su lealtad.

En esta difícil encrucijada puede jugar un papel subterráneo pero determinante la Iglesia Católica. Las contrapuestas interpretaciones sobre la actitud moderada del Vaticano y la beligerancia opositora del Episcopado venezolano, que declaró "ilegítimo" el nuevo mandato de Maduro, opacan un hecho mucho menos visible pero bastante más relevante: el actual Superior General de la Compañía de Jesús, elegido durante el actual pontificado y primer sacerdote no europeo puesto al frente de una orden en la que se formó el Papa Francisco y que históricamente fue instrumento para ciertas "operaciones especiales" del Papado, es Arturo Marcelino Sosa Abascal, un prestigioso politicólogo venezolano que en la década del 90 se desempeñó como profesor en la Escuela de Guerra y en tal carácter conoce a fondo los pliegues y repliegues del mundo castrense de su país.

Como corresponde a su función como Superior General de la Compañía, Sosa Abascal se mueve con una discreción absoluta. Pero el padre Luis Ugalde, un sacerdote amigo suyo que actualmente oficia como director del Centro de Reflexión y Planificación Educativa (Cerpe) de los jesuitas venezolanos, señaló que "el país necesita un nuevo Wolfgang Larrazábal", en alusión al almirante que el 23 de enero de 1958 derrocó al régimen de Marcos Pérez Jiménez y lideró un gobierno cívico-militar de transición hacia el restablecimiento de la democracia.

Sugestivamente, Guaidó llamó a una movilización nacional de la oposición para este 23 de enero en conmemoración del 61´ aniversario de la sublevación liderada por Larrazábal, una convocatoria que cuenta con la adhesión de los obispos. Al mismo tiempo, en un mensaje inequívoco a las filas militares, la Asamblea Nacional aprobó una ley de amnistía para los funcionarios del actual gobierno y oficiales de las Fuerzas Armadas que colaboren para el restablecimiento del orden constitucional. No se trata por supuesto de creer en las brujas, pero que las hay, las hay.

 

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