El Gobierno provincial y la Justicia consensuaron la unificación del procedimiento en materia de violencia familiar y de género, mediante el empleo policial de los formularios de denuncia aprobados por Acordada 12704 -protocolo de organización y actuación para casos de violencia familiar y de género-.
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El Gobierno provincial y la Justicia consensuaron la unificación del procedimiento en materia de violencia familiar y de género, mediante el empleo policial de los formularios de denuncia aprobados por Acordada 12704 -protocolo de organización y actuación para casos de violencia familiar y de género-.
Además, se acordó reducir los tiempos de ejecución de las medidas cautelares dispuestas por los jueces competentes mediante la coordinación entre los equipos informáticos del Ministerio de Seguridad y de la Justicia provincial.
En ese sentido, ayer se reunieron la secretaria de Informática del Poder Judicial, Marcela Fortuny, la encargada de Firma Digital, Florencia Linares, y el secretario Pablo Zerdán, quien durante el período de feria se desempeña en la Oficina de Violencia Familiar y de Género (OVFG).
El lunes, la jueza de la Corte de Justicia de Salta, Sandra Bonari, se encontró con el ministro de Seguridad de la Provincia, Carlos Oliver. Participaron además el secretario de primera instancia, Pablo Zerdán, la secretaria letrada de Corte, Mónica Antacle, y el secretario de Seguridad, Jorge Ovejero.
La jueza Bonari, que también es directora académica de la Escuela de la Magistratura, convino durante la reunión con el ministro la realización de capacitaciones conjuntas de operadores VIF del Ministerio de Seguridad y auxiliares de Justicia sobre el abordaje a víctimas de violencia de género, el desarrollo de la currícula y otros temas relacionados con la problemática.
En el Gobierno
Diferentes áreas de la Provincia coordinan nuevas acciones para el abordaje de delitos contra la integridad sexual ante una propuesta del Ministerio de Gobierno para la adecuación e implementación de protocolos de actuaciones, capacitación a personal interviniente, sensibilización a la comunidad.
Las acciones tienen como objetivo prevenir la vulneración de derechos, sensibilizar sobre indicadores de riesgo y alertas de abusos.
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