El reclamo de la Asociación de Centros Privados de Diálisis de Salta (Cepridiasa) al Ministerio de Salud de la Provincia es básico y justo: cobrar en tiempo y forma por las prestaciones que realizaron los asociados de la entidad. El pedido, por más simple que parezca, lleva años sin soluciones, pero en los últimos tiempos se hizo urgente por la crítica situación económica que atraviesan las clínicas.
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El reclamo de la Asociación de Centros Privados de Diálisis de Salta (Cepridiasa) al Ministerio de Salud de la Provincia es básico y justo: cobrar en tiempo y forma por las prestaciones que realizaron los asociados de la entidad. El pedido, por más simple que parezca, lleva años sin soluciones, pero en los últimos tiempos se hizo urgente por la crítica situación económica que atraviesan las clínicas.
De acuerdo a los datos del Cepridiasa, la deuda del organismo que dirige Roque Mascarello, que también se hace cargo de los pagos del programa nacional Incluir Salud (exProfe), ronda los $27 millones. Por la atención que reciben los 370 pacientes cubiertos por el Ministerio hay cuotas impagas desde abril pasado e incluso un saldo de 2017 que llega a cerca de $7 millones, y desde el exProfe se debe alrededor de $20 millones también desde hace seis meses.
A partir de este año el programa nacional que cubre a los pensionados por discapacidad empezó a transferir a las provincias los fondos para la atención de sus afiliados. Es por eso que el reclamo de los centros de diálisis es hacia a la cartera de Salud local que su vez reclama a la Nación por las deudas en las transferencias, aunque ese traslado de responsabilidades no es algo que le competa a las instituciones médicas.
El Instituto Provincial de Salud también era moroso, pero el viernes pasado canceló una deuda de $4 millones por las prestaciones de julio, por lo que la obra social se puso "al día" en el curioso sistema argentino en el que los prestadores médicos cobran con tres meses de atraso.
Mañana, desde las 9, los directivos del Cepridiasa mantendrán una reunión con autoridades del Ministerio de Salud para tratar de destrabar el pago de las deudas y avanzar en la confección de un nuevo convenio entre los centros de diálisis y el Estado que permita deslindarlos de algunas responsabilidades que se hicieron onerosas en extremo.
"El diálogo con el ministerio es bueno, pero el problema es que nunca llegamos a soluciones", explicó a El Tribuno el presidente de Cepridiasa, Mario Espeche.
El directivo señaló que por los atrasos en los pagos y la constante inflación, llevar adelante un centro de diálisis resulta casi imposible por la distancia en precios que existe desde que se adquieren los insumos hasta que el Estado paga por las prestaciones. Aún peor, la mayoría de los elementos que se requieren para los tratamientos nefrológicos son importados y están a precio dólar.
De vida o muerte
En la provincia existen 13 centros privados de diálisis de los que depende la vida de mil pacientes todos los meses. La mitad de ellos están cubiertos por el Ministerio de Salud (que asiste a quienes no tienen obra social), por Incluir Salud y por el IPS. Del resto, o de la gran mayoría, se ocupa el PAMI.
Los pacientes deben someterse a 13 sesiones de diálisis por mes para purificar su sangre. Cada sesión tiene un valor de $3.450 en Salta y es uno de los más baratos del país. En otros puntos ronda los $5.000.