A una semana de las elecciones generales, y ante la perspectiva de un nuevo ciclo político cuyo derrotero es aún muy incierto, el análisis del escenario social y económico del país muestra que llegamos a un punto de inflexión del que solo se podrá salir celebrando acuerdos básicos sobre cuestiones esenciales.
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A una semana de las elecciones generales, y ante la perspectiva de un nuevo ciclo político cuyo derrotero es aún muy incierto, el análisis del escenario social y económico del país muestra que llegamos a un punto de inflexión del que solo se podrá salir celebrando acuerdos básicos sobre cuestiones esenciales.
Todo indica que sería suicida persistir en la estrategia política de la "grieta", que no es más que el resultado de la intolerancia y el mesianismo; para algunos es método; para otros, un esquema de interpretación ideológica, y en definitiva, solo consiste en aferrarse a una creencia, como todos los fundamentalismos.
La sucesión de fracasos, el crecimiento de la pobreza y el deterioro del empleo atraviesan medio siglo de vida argentina, incluido el período más extenso de democracia que registra nuestra historia.
Todos los protagonistas tienen responsabilidades en la crisis. La dirigencia política -especialmente Alberto Fernández, Cristina Fernández y Mauricio Macri-, porque ningún gobierno nacional ha producido logros sostenibles en el tiempo y porque el Congreso y los gobiernos provinciales han contribuido a construir una realidad frustrante. Mientras de un lado de la grieta acusan al "neoliberalismo" y del otro responden con diatribas contra el "populismo", hay una realidad contundente: desde hace demasiado tiempo, el país viene acumulando déficit, porque gasta más de lo que produce y recauda. Ese déficit tiene como consecuencia inflación, porque se lo financia con emisión, presión tributaria, porque de algún lado hay que extraer recursos, y endeudamiento externo, mientras está disponible. Y se los paga con parálisis económica. Hoy se registra una pobreza inflacionaria que se acerca al 40%, y un 8% de indigencia; las carencias esenciales afectan a un tercio de los hogares y las perspectivas son de enorme incertidumbre laboral, con el 55% de asalariados y cuentapropistas privados de los derechos laborales.
Ningún país ha salido adelante de ninguna crisis sin crédito, sin empresas, sin seguridad jurídica y sin condiciones laborales acordes con los objetivos que se proponen.
Hoy se habla de ejemplos como los de Uruguay, de Grecia y de Portugal, y se los considera exitosos. Sin embargo, esos éxitos estuvieron precedidos por el sacrificio y la disciplina fiscal. Si los políticos juegan al todo o nada, el país no tiene salida. Hoy, Alberto Fernández promete un acuerdo de precios y salarios. Para la CGT y las otras ramas sindicales es insuficiente, aunque tampoco entre ellos hay acuerdo sobre el perfil que requiere un verdadero consenso para el desarrollo. La idea expresada por Héctor Daer en estos días insinúa bloquear cualquier modificación de las condiciones de contratación y ese punto es considerado clave por el sector empresario. Por su parte, la CTA de Hugo Yasky, ahora aliada de la CGT, propone una radicalización ideológica sin margen para el acuerdo.
La expresidenta propuso suscribir un "nuevo contrato social", idea a la que también aluden algunos de sus seguidores más radicalizados. El contrato social es una figura alegórica utilizada por los filósofos de la modernidad para explicar el origen de la sociedad y el acuerdo sobre sus reglas. Entre quienes se han pronunciado al respecto se cuentan el jurista Raúl Zaffaroni, el escritor Mempo Giardinelli y algunos intelectuales del Instituto Dorrego que esgrimen ideas extremas como la eliminación del Poder Judicial y su reducción a secretaria del Poder Ejecutivo y, también, el control de lo que publica la prensa. Tales condiciones, por cierto, solo profundizan la grieta y harían inviable un acuerdo partidario.
En esta encrucijada nacional, la única salida posible la ofrece un acuerdo plural entre quienes creen en la democracia. En esa mesa deben sentarse todos los líderes políticos, las empresas, los gremios y la universidad y, en ese encuentro, acordar las condiciones para hacer algo que sería muy novedoso en la Argentina: respetar el espíritu de la democracia y de la República, perfectamente expresado en la Constitución, y comprometerse a cumplir, en primer lugar, con la ley, y sostener esa actitud hasta el final, como lo han hechos los países que supieron cómo salir del pozo.