"En Salta, las familias y los chicos víctimas de abuso no saben a dónde recurrir y cuando buscan que alguien los escuche quedan entrampados en un sistema de sin salida. La mayoría de las personas y familias que atraviesan esta situación y buscan resolverla trata de encontrar alguien que los ayude", expresó Lucrecia Miller, de la Fundación Papis (Plan de Ayuda para Una Infancia Segura)
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"En Salta, las familias y los chicos víctimas de abuso no saben a dónde recurrir y cuando buscan que alguien los escuche quedan entrampados en un sistema de sin salida. La mayoría de las personas y familias que atraviesan esta situación y buscan resolverla trata de encontrar alguien que los ayude", expresó Lucrecia Miller, de la Fundación Papis (Plan de Ayuda para Una Infancia Segura)
Según datos oficiales de la Organización Mundial de la Salud, se estima que son víctimas de abuso sexual 1 de cada 5 niñas y 1 de cada 13 niños. El 80% de los ataques son cometidos por padres o familiares cercanos y en un 90% de los casos el atacante es hombre.
Desde 2016 se desarrolla un proyecto nacional de federalización de la línea 102 para la atención de niños que sientan que sus derechos están siendo vulnerados. En Salta, este número gratuito comenzó a funcionar hace un mes, el pasado 24 de agosto.
Papis ayuda a las víctimas y brinda asistencia legal con la colaboración de abogados ad honorem. "En los casos de abuso sexual infantil, la situación es mucho más grave porque se debe, no solo ayudar a la víctima, sino también a una familia que en muchos casos debe reconstruirse", sostuvo Miller.
La representante de Papis advierte que en la provincia se puso en práctica un protocolo de detección de caso que se redactó en forma conjunta entre referentes del Ministerio de Educación de la Provincia y el Observatorio de Violencia contra las Mujeres, según el cual las denuncias deben realizarse en la Asesoría de Menores.
Sin embargo, no se hace referencia a cuál debe ser el accionar Secretaría de Niñez y Familia del Ministerio de la Primera Infancia, ni se nombra la necesidad de realizar la denuncias en la Fiscalía de Delitos contra la Integridad Sexual, teniendo en cuenta las nuevas leyes vigentes y las modificaciones del Código Civil que así lo permiten.
"Estas acciones son delitos, por lo tanto tiene que ser un fiscal que resguarda la integridad sexual el que actúe", analizó Lucrecia Miller y consideró que se advierte la falta de asistencia social a las víctimas, la protección al denunciante y la atención con personal capacitado para captar lo que vive o busca evidenciar el niño.
Leyes vigentes
La Ley Provincial 7970, de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes establece que los trabajadores de los establecimientos educativos y de salud, públicos y/o privados y todos los agentes y funcionarios públicos que tuvieren conocimiento de una situación de amenaza y vulneración de derechos de niñas, niños o adolescentes deberán "comunicar, en el término de veinticuatro horas, dicha circunstancia ante los organismos
administrativos provinciales del Sistema de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes establecidos en la presente Ley, bajo apercibimiento de incurrir en responsabilidad por tal omisión".
La ley nacional de protección integral de derechos de niñas, niños y adolescentes N§ 26.061 expresa que la comunidad debe evitar agregarle sufrimiento a las víctimas o revictimizarlas.
Para ello se propone elaborar acuerdos entre los organismos que intervienen ante sospechas o casos de abuso sexual. Dichos acuerdos debieran implicar un accionar coordinado y sin superposiciones, de acuerdo a la ley 26.061 de protección integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.