El Comité de Evaluación de Femicidios, Transfemicidios y Violencia de Género que preside el procurador general, Abel Cornejo, solicitó al Ejecutivo provincial que retire el pliego con el que propuso al abogado Juan Marcos Ezequiel Molinati para el cargo de fiscal penal del Distrito Judicial del Centro.
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El Comité de Evaluación de Femicidios, Transfemicidios y Violencia de Género que preside el procurador general, Abel Cornejo, solicitó al Ejecutivo provincial que retire el pliego con el que propuso al abogado Juan Marcos Ezequiel Molinati para el cargo de fiscal penal del Distrito Judicial del Centro.
A través de una nota que giró ayer al Grand Bourg, Cornejo informó al gobernador Juan Manuel Urtubey que el órgano evaluador multisectorial objetó el pliego de Molinati ante el Senado por "los antecedentes fácticos del impugnado, su vinculación con hechos constitutivos de violencia de género, la violación de preceptos establecidos en el reglamento interno del Consejo de la Magistratura y las obligaciones del Estado Argentino, en relación a la vulneración de los derechos humanos de las mujeres".
El procurador adjuntó a la nota dirigida al gobernador una copia de la impugnación que había ingresado horas antes a la Cámara Alta provincial.
La comisión de Justicia, Acuerdos y Designaciones del Senado recibió el escrito con 40 firmas, entre las que resaltan las de la mayoría de los miembros del órgano evaluador, junto a las de otros 26 ciudadanos que adhirieron a la impugnación del aspirante a fiscal.
Integrantes
El Comité de Evaluación de Femicidios, Transfemicidios y Violencia de Género está actualmente conformado por la coordinadora general del Ministerio Público Fiscal, Ana Cecilia Carraro; la responsable del Centro de Comunicaciones Institucionales de la Procuración, Natalia Nieto, y las fiscales Claudia Geria (Violencia de Género), María Luján Sodero Calvet (Unidad de Graves Atentados contra las Personas) y María Soledad Filtrín Cuezzo (Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual y Violencia de Género de Orán).
También lo integran la secretaria de Justicia y Métodos Participativos de Resolución de Conflictos, Carina Iradi; la subsecretaria de Políticas de Género, Rosaura Gareca; el subsecretario de Asistencia Integral a Víctimas de Violencia, Leandro Ramos; las directoras del Observatorio de Violencia contra las Mujeres, Tania Nieves Kiriaco, María Pía Ceballos y Ana Pérez Declercq; Yésica Montagna, una abogada especializada en Derechos Humanos, y Ana Fernández, presidenta de la Fundación Cintia Fernández.
Deberes del Estado
En su nota al gobernador, el jefe de los fiscales de la Provincia remarcó que el Estado debe abstenerse de "cualquier acción o práctica de violencia contra las mujeres", y asegurarse de que todos sus agentes "cumplan con esa obligación". Por eso, recalcó, "solicitamos a usted que atento a sus facultades, contempladas en la Constitución de la Provincia, retire el pliego que propone al postulante cuestionado".
Antecedentes
En la impugnación que presentaron ante el Senado provincial, los firmantes resaltaron que Molinati figura en los registros del Ministerio Público de Salta con dos denuncias vinculadas a violencia de género que datan de 2011 y 2017. Ambas se iniciaron con actuaciones de la comisaría quinta de la ciudad de Salta y fueron archivadas por desistimiento de las presuntas víctimas. "Ello pese a las marcadas recomendaciones sobre indagar sobre los motivos que llevaron a la víctima a retractarse, ya que estos pueden ser una manifestación de la violencia denunciada, a través de coacciones o intimidaciones ejercidas por el agresor para que retire la denuncia", remarcaron los 14 miembros del Comité de Evaluación de Femicidios, Transfemicidios y Violencia de Género y los 26 ciudadanos que adhirieron al escrito.
"Las denuncias reflejan prácticas similares de violencia de género y familiar y en ambos casos fueron encuadradas para su desistimiento dentro del margen de una discusión normal, resultando dudosa tal afirmación en razón de los hechos graves descriptos por las dos mujeres", advirtieron los impugnantes.
Certificados obligatorios
En ese marco, hicieron notar que el artículo 27 del reglamento de los concursos selectivos convocados por el Consejo de la Magistratura obliga a los postulantes a presentar los certificados expedidos por el Registro Nacional de Reincidencia y la Policía de la Provincia. "Resulta llamativo que el Sr. Molinati en su presentación no cuente con dichos antecedentes en el marco de los registros de la Policía de la Provincia", advirtieron.
Valores éticos
Más allá de las causales de exclusión establecidas en el reglamento de los concursos, los firmantes manifestaron que "la omisión de las denuncias ante el Consejo de la Magistratura por parte del postulante no se condice con los valores éticos, y que su contenido se vincule con acciones típicas de violencia de género constituye una violación a los derechos humanos".
En este punto, se recordó que el Observatorio de Violencia contra las Mujeres, a través de la resolución 2/2016, recomendó establecer como requisitos para acceder o permanecer en cualquier cargo público "no registrar antecedentes de violencia familiar, de género o contra las mujeres en todos sus tipos y modalidades".
También fue impugnada una candidata a asesora
En el proceso selectivo no informó sobre una denuncia en su contra por violencia laboral.
El Comité de Evaluación de Femicidios, Transfemicidios y Violencia de Género también impugnó el pliego de la postulante a asesora de Incapaces Nº 5 del Distrito Judicial del Centro Eugenia María Celeste Hernández Berni. En su caso, se denunció que no informó al Consejo de la Magistratura sobre una denuncia administrativa en su contra por violencia laboral.
Niña wichi
La candidata al cargo de asesora de incapaces también fue cuestionada por su actuación en el recordado caso de la niña de la comunidad wichi de Alto La Sierra que fue violada en 2015 por un grupo de jóvenes criollos, de ese paraje del departamento Rivadavia.
La nena, de 12 años y con retraso madurativo, sobrellevó por más de seis meses sin ninguna asistencia, ayuda ni contención oficial un embarazo crítico que fue interrumpido en un hospital de la ciudad de Salta.
La impugnación al pliego de Hernández Berni entró a la comisión de Acuerdos de la Cámara alta provincial con 11 firmas.
Nueve cargos
El mes pasado, el Ejecutivo envió al Senado nueve pliegos en los que solicitó acuerdos para designar a cinco nuevos jueces, tres fiscales y una asesora de incapaces. Entre esos candidatos se cuentan los impugnados Juan Marcos Ezequiel Molinati y Eugenia María Celeste Hernández Berni.
El Senado publicó los pliegos el 16 de octubre y fijó un plazo de diez días hábiles (vencerá el miércoles 10) para recibir apoyos y objeciones en su comisión de Justicia, Acuerdos y Designaciones.
La denuncia
Hernández Berni, según registros del Ministerio Público de Salta, tiene una denuncia en su contra por violencia y acoso laboral. La presentó el 11 de julio de 2018 la Agremiación de Empleados del Poder Judicial y del Ministerio Público, que solicitó el inmediato traslado de un funcionario de la Asesoría de Incapaces Nº 2 del Distrito Tartagal, donde la postulante es titular, a otra dependencia.
Sumario administrativo
En la presentación, la entidad gremial denunció “permanentes agresiones, hostigamientos y vulneraciones que deben ser interrumpidas de manera inmediata”, y solicitó la instrumentación de un sumario administrativo contra la funcionaria por entender que “estamos en presencia de violencia y acoso laboral”.