Con un fallo sin precedentes, la Justicia Federal de Salta ordenó al Ministerio de Educación de la Nación que entregue a un ciudadano salteño los resultados de cada uno de los establecimientos educativos de la provincia que participaron en los dispositivos Aprender y Enseñar de 2016 y 2017.
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Con un fallo sin precedentes, la Justicia Federal de Salta ordenó al Ministerio de Educación de la Nación que entregue a un ciudadano salteño los resultados de cada uno de los establecimientos educativos de la provincia que participaron en los dispositivos Aprender y Enseñar de 2016 y 2017.
Las pruebas Aprender y Enseñar son evaluaciones anuales del desempeño de las escuelas públicas y privadas, y de los establecimientos de formación docente de todo el país. Por años, la cartera mantuvo los resultados bajo llave, amparada en el artículo 97 de la ley de educación nacional 26.206, que limita la difusión de los resultados para "evitar estigmatizaciones".
En este contexto, el Ministerio de Educación, que considera "confidenciales" las evaluaciones del rendimiento escolar, rechazó en septiembre de 2018 un pedido de acceso a información pública que presentó un ciudadano, desde la capital salteña, por vía electrónica.
"Como padre consideré que acceder a los resultados de las pruebas constituía un derecho mío y de todos los ciudadanos, para que libremente podamos comparar el nivel educativo de los establecimientos donde educan a nuestros hijos", señaló ayer el peticionante que pidió a El Tribuno mantener su identidad bajo reserva.
Tras la negativa del organismo nacional, a fines de 2018 el peticionante acudió a la Justicia Federal de Salta, donde en primera instancia su acción de amparo fue rechazada. Sin embargo, la apelación fue resuelta favorablemente por la Sala 2 de la Cámara Federal, con la firma de los jueces Guillermo Elías y Mariana Catalano.
En el fallo, que salió el pasado 25 de octubre pero que recién tuyo trascendencia pública ayer, los jueces del tribunal federal de Salta destacaron la importancia del derecho de acceso a la información pública, e indicaron que "siendo la educación un derecho esencial de la población, y encontrándose el Estado obligado a garantizar que aquella sea integral, permanente y de calidad" no es suficiente argir genéricamente que la divulgación de los resultados pueda dar lugar a situaciones de estigmatización o discriminación, pues "los ciudadanos tienen el derecho de acceder a la información referida al funcionamiento y desempeño de las instituciones educativas".
Los magistrados consideraron también que "el Estado debe encontrarse regido por los principios de publicidad y transparencia en la gestión pública, lo que hace posible que las personas que se encuentran bajo su jurisdicción ejerzan el control democrático de las gestiones estatales, de forma tal que puedan cuestionar, indagar y considerar si se está dando un adecuado cumplimiento a las funciones públicas".
El abogado Roque Rueda, quien patrocinó al demandante, remarcó: "Uno de los objetivos principales de mi cliente era hacer valer el derecho de acceder a la información pública, que resulta fundamental para que sea posible el control democrático por parte de los ciudadanos".
El letrado agregó que "también pesó en su decisión de dar esta pelea la convicción de tener derecho como padre a conocer la información pública pertinente para poder tomar sus propias decisiones. Este derecho fue específicamente reconocido por la Cámara".
El abogado afirmó, por último, que "se trata de una sentencia muy importante, con proyección nacional, y que ayudará a consolidar un paradigma de democracia abierta, verdaderamente republicana y participativa". Rueda recordó que existe una ley posterior a la de educación, la 27.275, que garantiza el acceso a la información pública.
De hecho, en la apertura de las sesiones legislativas de este año, el presidente Mauricio Macri manifestó ante diputados y senadores: "El año pasado les pedí y les insistiré, enviando un proyecto de ley, que modifiquemos un artículo de la ley nacional de educación, aquel que no nos permite informar globalmente, totalmente, sobre las evaluaciones de calidad de las pruebas que hacen nuestros hijos. Los padres merecen sabe la verdad".
Ayer, El Tribuno se comunicó con la cartera educativa, para saber si cumplirá o recurrirá el fallo federal ante la Corte Suprema, pero sus autoridades prefirieron el silencio.