La causa que lleva ocho años abierta por contaminación del río Arenales continúa sin encontrar solución a pesar de las sentencias judiciales que se dictaron. Los demandantes aseguran que, si la situación no cambia, llevarán la causa al fuero federal por tratarse de afluentes contaminantes que afectan a otras provincias. El juez de la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial Marcelo Domínguez llamó a una audiencia para el 14 de noviembre.
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La causa que lleva ocho años abierta por contaminación del río Arenales continúa sin encontrar solución a pesar de las sentencias judiciales que se dictaron. Los demandantes aseguran que, si la situación no cambia, llevarán la causa al fuero federal por tratarse de afluentes contaminantes que afectan a otras provincias. El juez de la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial Marcelo Domínguez llamó a una audiencia para el 14 de noviembre.
"La situación es, injustificadamente, igual o peor", aseguraron los abogados Pedro Arancibia y Julio Chávez, que representan a los vecinos denunciantes. Una vez más, los letrados hicieron una presentación ante el juez a cargo de la causa solicitando que se tomen medidas y advirtieron que, luego de la última inspección ocular en marzo pasado, la situación no mejoró a pesar de los compromisos asumidos por los funcionarios municipales y provinciales.
El amparo fue iniciado en 2011 por más de 150 vecinos de Ceferino, Santa Cecilia, 13 de Abril, Solidaridad, Democracia, Villa Lavalle, Asentamiento 20 de Junio, Angelita, San Juan de Dios y Gauchito Gil.
Los vecinos presentaron la medida contra la Municipalidad, el Ejecutivo Provincial, Aguas del Norte y la empresa Néstor Marozzi SRL. Pidieron que se investigue la contaminación del afluente y la falta de obras por la que aseguran que terminaron inundados.
Desde 2017 que el juez Marcelo Domínguez solicita diferentes medidas que no logran una real ejecución. A partir de la causa se creó la Unidad Ejecutora de Recuperación y Saneamiento Integral del Río Arenales, de la que participan académicos de la UNSa y organismos provinciales y municipales.
El organismo tenía a cargo la elaboración de los planes sanitario, de emergencia, de manejo y monitoreo, los que se fueron presentando de a poco o a medias, por lo cual el juez ya realizó diferentes intimaciones.
Demarcación de un cordón sanitario y de la línea de ribera; desmalezamientos; limpieza de los márgenes; prevención y concientización a través de cartelería y charlas con los vecinos también estuvieron entre las medidas solicitadas por Domínguez que todavía no se hicieron realidad.
En marzo el juez realizó una inspección ocular: "¿Qué esperamos para comenzar?", les dijo a los funcionarios.
"Si nadie se la juega me voy a llevar el reclamo de la contaminación al ámbito federal porque los delitos ambientales en las cuencas hídricas son, generalmente, interjurisdiccionales. La cuenca del arenales sale al dique campo alegre y de ahí al río Juramento, que sigue para Santiago de Estero y Chaco. La contaminación de las aguas es interdjurisdiccional", advirtió Pedro Arancibia.
El letrado hizo hincapié en que, durante la última inspección ocular de marzo, los funcionarios públicos se comprometieron una vez más a hacer tareas que luego de seis meses no fueron ejecutadas. Puso el foco en la cercanía de las épocas de lluvia, lo que supone un peligro latente de que los vecinos sufran una nueva inundación. "Saneamiento, vertidos de aguas cloacales, desmalezamiento, remoción del talud hasta los estribos del puente y evitar la instalación de usurpadores dentro de la línea de ribera", enumeró Arancibia como las tareas que "el ingeniero Zapata (Secretaría de Recursos Hídricos), Gastón Galíndez (secretario de medio ambiente municipal), y Aguas del Norte se comprometieron a realizar ante el juez y no lo hicieron".
"Ellos no argumentaron falta de presupuesto sino la cuestión de la lluvia. Como las acciones son reiteradas, pedí sanciones económicas a los funcionarios por el incumplimiento de las ordenes judiciales. Hacen lo que quieren con la vida de los demás. Ellos están en su oficina tomando café con aromatizador y a nadie le importa", advirtió.
Domínguez tiene a su cargo también otra causa por contaminación, la del vertedero San Javier. Los vecinos denuncian que el basural contamina el río. Según Arancibia, ambas causas deberían ser unificadas.
En marzo de 2018, el Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) consideró como "crítica a alarmante" la situación del cauce, a partir de estudios indicaron que la contaminación "avanza hacia niveles que ponen en verdadero riesgo la salud de la población".