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La sequía y el ordenamiento acorralan al Chaco salteño

Muchas familias criollas, por falta de agua y forraje, perdieron el 30% de sus vacunos. Otras, por desbajerar para tener pasturas, fueron sumariadas y afrontan multas ruinosas.
Domingo, 24 de noviembre de 2019 00:51

La sequía que tiene nuevamente al Chaco salteño pendiente de asistencias alimentarias para los animales de cría, que mueren por falta de agua y forraje, muestra las paradojas de una región que está acorralada por la desertización y un ordenamiento territorial que condena a familias criollas a la pobreza y el desarraigo.

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La sequía que tiene nuevamente al Chaco salteño pendiente de asistencias alimentarias para los animales de cría, que mueren por falta de agua y forraje, muestra las paradojas de una región que está acorralada por la desertización y un ordenamiento territorial que condena a familias criollas a la pobreza y el desarraigo.

Los olvidados

La zona más postergada de la provincia tiene solo en Rivadavia cerca de un millar de familias campesinas relevadas en el marco de la Ley 7.658. La citada norma provincial se sancionó hace nueve años y su finalidad central, la regularización dominial de las tierras que habitan pequeños productores agropecuarios y familias rurales, sigue siendo un objetivo lejano. Por eso, el pasado jueves el Senado dio sanción definitiva a una nueva prórroga que mantendrá las ejecuciones de sentencias de desalojos suspendidas hasta diciembre de 2021.

Por lo demás, los grupos criollos deberán resignarse a vivir en los páramos chaqueños, viendo morir a sus animales de inanición, primavera tras primavera, o terminar condenados al destierro porque la incoherente configuración del ordenamiento territorial de la ley de bosques les impide contar con pasturas y reservas de agua en los inutilizados madrejones.

Hoy, en medio de la sequía en la que muchas familias criollas perdieron hasta el 30% de sus vacunos y tienen al 70% restante con la piel pegada a los huesos, otros pequeños productores esperan la llegada de las lluvias para tener pasturas y agua en sus tierras.

A la luz de los crónicos padecimientos de la zona, estos últimos deberían ser un ejemplo a imitar por otros grupos de campesinos, pero terminaron sumariados y afrontan multas confiscatorias porque el amarillo social del mapa de ordenamiento territorial de la ley de bosques, ese que se suponía establecido para protegerlos de desmontes irracionales, los ató de pies y manos.

En la Secretaría de Medio Ambiente de la Provincia hay más de 500 sumarios abiertos. Los demandados son, en su inmensa mayoría, las familias chaqueñas que ven migrar a sus jóvenes generaciones hacia las grandes ciudades por falta de oportunidades.

"La Ley 7.543, de ordenamiento territorial de bosques, rige para todos por igual", Aclaran desde las oficinas que aplican la norma a rajatablas.

Nadie lo admite abiertamente, pero no hay un solo organismo dentro del Ministerio de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable que disienta en la necesidad de darle a los grupos criollos una oportunidad de desarrollo productivo, social y económico sostenible.

Esa es una asignatura pendiente para las nuevas camadas legislativas. Dos casos testigo muestran lo que se debe revisar.

Renacer prohibido

En la escuela primaria de Dragones hay 500 chicos y en la secundaria, otros 230. Entre esos alumnos se cuentan cinco de los nietos de Héctor Maté, un criollo de 84 años que fue condenado por la Justicia Civil de Salta a pagar una multa de $2 millones por desarbustar 80 hectáreas para poder contar con pasturas para sus animales de cría.

A metros de la tranquera de su finca, llamada Renacer, otros pequeños productores de la zona se manifiestan desde hace cuatro semanas, a la vera de la ruta nacional 81, en reclamo de agua, forraje y asistencia veterinaria.

Sin lluvias ni alimentos, en otra primavera seca, muchos perdieron la tercera parte de sus cabezas vacunas y la mitad de sus cerdos, cabras y ovejas.

En medio de semejante desolación, la hacienda de los Maté, que suma más de un medio centenar de cabezas bovinas con los terneros y novillos, se mantiene en pie por las pasturas que allí se implantaron años atrás.

El manejo también frenó en la finca Renacer los procesos erosivos que, en los desnudos y compactados suelos de la región chaqueña terminan con casi todos los madrejones de agua enlamados (colmatados con sedimentos) e inutilizados. 

Por desbajerar, para poder sostener su hacienda con pasturas, la Secretaría de Medio Ambiente de la Provincia le abrió en 2008 a Héctor Maté un sumario por transgredir el ordenamiento territorial que, desde ese año, pintó su finca de amarillo.

Por esa razón, en vez de ser resaltado como ejemplo para otros criollos que claman por ayudas oficiales en medio de la emergencia agropecuaria, el pequeño productor de Dragones acabó condenado, junto a toda su descendencia, en un proceso ejecutivo que tiene como demandante al propio Gobierno provincial. 

Y no solo eso. Semanas atrás, mientras un abogado de la capital salteña formulaba una acción de nulidad contra la multa de $2 millones, una fiscalía de Tartagal lo intimó a remediar la afectación ambiental que le endilgan. 

El, con argumentos históricos de peso, aclaró que al reemplazar la maraña de arbustos por pastizales solo restableció el ambiente que tenían esas tierras chaqueñas hace poco más de un siglo.

El caso de Maté se asemeja al de Argemina Gutiérrez, la puestera de Capitán Pagé (Rivadavia) que fue sumariada en 2018 por desarbustar, en zona amarilla, 24 hectáreas con las que los ingresos de su rudimentaria ganadería pasaron de 4.000 a 16.000 pesos por mes. Ella también aplicó un rolado selectivo de baja intensidad (RBI) que recomienda el INTA, pero que está vedado por el amarillo social del ordenamiento.

 

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