Hoy el presidente Alberto Fernández tendrá el primer gesto de su flamante gestión hacia los castigados recursos provinciales con el anuncio de la suspensión del Consenso Fiscal que 19 administraciones, entre ellas la de Salta, firmaron con Nación hace dos años.
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Hoy el presidente Alberto Fernández tendrá el primer gesto de su flamante gestión hacia los castigados recursos provinciales con el anuncio de la suspensión del Consenso Fiscal que 19 administraciones, entre ellas la de Salta, firmaron con Nación hace dos años.
Si bien a esa medida ya la habían esbozado los gobernadores en los últimos meses del gobierno de Mauricio Macri, será su sucesor quien la lleve a cabo. En los hechos significa que para 2020 no se reducirá la carga de los impuestos provinciales por ingresos brutos y sellos que se le cobran a las actividades económicas como estaba previsto y se mantendrán las que están vigentes este año.
Será el propio presidente quien brinde el detalle del congelamiento del pacto fiscal a los mandatarios de las distintas jurisdicciones en una reunión a la que fueron convocados, en principio, para cerca del mediodía en Casa Rosada.
Con la adhesión al Consenso Fiscal, las provincias se habían comprometido a reducir la presión impositiva de manera gradual hasta 2022, pero el contexto de crisis económica más la disminución de fondos coparticipables y subsidios dejó a las finanzas de los distritos en rojo y sin posibilidades de perder más recursos.
A Salta, la medida significaría ingresos estimados por cuatro mil millones de pesos para el año próximo, según adelantaron a este diario fuentes del Gobierno nacional. Ese es el monto que iban a dejar de entrar a las arcas locales si es que continuaba la merma escalonada en las alícuotas por ingresos brutos.
Presión
La contracara del anuncio son los aportantes: comerciantes, productores agropecuarios, empresas constructoras, transportistas, hoteleros, industria manufactureras y demás pymes que seguirán sometidas al mismo nivel asfixiante de imposición tributaria.
En rigor, para los emprendedores salteños el acuerdo fiscal significó desde un principio todo lo contrario a un alivio en sus obligaciones ante el fisco, como fue el espíritu de esa iniciativa que empezó a regir en 2018. Ese año la mayoría de los porcentajes que percibe la Provincia por ingresos brutos aumentaron significativamente con la excusa de llegar a una uniformidad con el resto de los distritos.
Con el cuadro tributario que se dispuso en ese entonces se aumentó del 3,6 al 5 por ciento la carga para el comercio, por ejemplo. El campo y la industria pasaron de estar exentos de pagar por sus ingresos a abonar el 1,5 y 2 por ciento el año pasado. Aunque en 2019 se empezaron a aplicar las reducciones en los impuestos, no se llegó a compensar el aumento que se aplicó a las actividades económicas 12 meses atrás.
Solo Salta y Río Negro tuvieron un incremento en promedio de los impuestos a los ingreso brutos entre 2017 y 2019, de acuerdo a un informe de política tributaria que dejó el gobierno de Macri días antes de entregar el poder. El resto de las provincias redujeron el impacto de la distorsiva alícuota.
La evolución de la presión impositiva local fue del 10% en dos años para llegar una media del 2,94%, según el estudio de Nación. En Río Negro, el crecimiento fue del 1,5%.
Compensación
Otros de los temas que está previsto que el presidente trate hoy con los gobernadores, aunque no se esperan definiciones, es la paralización de los juicios que las provincias iniciaron a la Nación por las pérdidas económicas que causaron en los fondos coparticipables la quita del IVA en 14 alimentos básicos y la elevación del piso del impuesto a las ganancias. La Corte Suprema de Justicia ya determinó que esa quita es ilegal y ordenó compensaciones.
Lo que pretende Alberto Fernández es evitar las sentencias judiciales y consensuar una reparación financiera.
La recaudación provincial sigue en picada
Sin que todavía se conozcan pautas económicas sobre el rumbo que pretende la flamante administración provincial, la dependencia sobre “lo que puede hacer Nación” crece al mismo ritmo que caen los ingresos tributarios locales, que no son otra cosa que el reflejo de la pálida actividad comercial y productiva de Salta.
Solo hacer funcionar la máquina estatal de la Provincia requiere de un aporte de poco más del 70% de recursos nacionales sobre el total de los gastos. Así, la caída ininterrumpida de este año en la recaudación de la Dirección de Rentas agranda aún más esa subordinación y acorta el margen de maniobra del nuevo Gobierno salteño.
Entre enero y octubre de 2019, Rentas tuvo una merma interanual del 15% en términos reales (es decir descontando el porcentaje de inflación en el mismo período, que fue del 50,5%) en lo que recaudó de los impuestos provinciales, cuya mayor porción, en un 89%, corresponde a lo que se cobra a las actividades económicas (comercio, construcción, industria, agricultura, turismo, etc.) bajo el gravamen por ingresos brutos.
Sin bien la carga de ese impuesto tuvo una merma con respecto a 2018 por el Consenso Fiscal que firmó la Provincia hace dos años para bajar de manera progresiva los tributos, la disminución porcentual no se equipara, ni por cerca, a la caída en la recaudación. Es innegable que la fuerte contracción en los ingresos es uno de lo síntomas de la crisis que atraviesa el país y que se agudiza en distritos más marginales.
Contexto nacional
Un reciente informe del Instituto de Estudios Económicos sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (Ieral ) de la cordobesa Fundación Mediterránea da cuenta de que la recaudación tributaria cayó en todas las provincias, a excepción de Neuquén, que atraviesa una realidad paralela por las inversiones petroleras en Vaca Muerta.
En el estudio se aclara que el impuesto sobre los ingresos brutos explica alrededor del 70% de la recaudación autóctona de los distritos. Neuquén fue la única provincia en lograr un aumento de la recaudación, del 6%, por encima de la inflación en los 10 primeros meses del año. El resto de las provincias registraron bajas en torno del 12% real promedio.