Con el nuevo Gobierno nadie se aburre.
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Con el nuevo Gobierno nadie se aburre.
El debut de Alberto Fernández muestra un ritmo bastante dinámico y el Presidente no oculta su empeño en construir una imagen de energía y actividad. Apoyado, claro, en “la herencia recibida”. Aún no sabemos qué país imagina. Lo cierto es que nuestro Estado gasta más de lo que recauda y nuestra economía consume más de lo que produce.
Aunque “el hambre” sea la consigna enarbolada para hacer más dramático el drama de los argentinos, la gran urgencia (no confesada) del proyecto de Emergencia Económica es el pago de la deuda externa y la armonía con el FMI.
Nadie desmintió hasta ahora que el primero en conocer el proyecto haya sido el delegado del organismo en Buenos Aires. Tampoco, la satisfacción de la “entidad maldita” con el congelamiento de la movilidad jubilatoria, la ampliación de las facultades del Poder Ejecutivo, el impuesto extraordinario para la compra de dólares y el aumento de la presión impositiva sobre la clase media, el campo y las empresas privadas.
La llamativa vehemencia del ministro Martín Guzmán contra la fórmula de actualización de jubilaciones dispuesta por Mauricio Macri en 2017 parece teatral. Por una parte, es una forma de disimular la cara más cruda del ajuste. Por otro, en los pasillos del Ministerio de Economía sale ahora a la luz que la violencia frente al Congreso contra aquella reforma previsional coincidía más con los intereses del FMI, que no estaba de acuerdo con ese cambio, y nada con los intereses de los jubilados, que ahora, con el congelamiento, quedan a la intemperie. Peor: la consigna oficial de que “los que más tienen deben hacer un sacrificio” ubica entre los supuestos privilegiados a los jubilados que cobran más de $20.000. Nadie conoce aún cuál será el sacrificio que se exigirá a la banca y a los beneficiarios de la enorme trama del clientelismo con fondos públicos que se extiende por todo el territorio de la Nación.
Para recaudar lo que se necesita y para producir lo que se consume hace falta un plan económico que, hasta el momento, no se vislumbra. Más allá de la hipotética venia del FMI, endurecer la presión tributaria, manejar discrecionalmente los fondos, reemplazar la legalidad por la arbitrariedad y cerrar la economía son medidas factibles en el régimen de emergencia, pero que a mediano plazo muestran a los inversores un país no creíble.
Estamos en un mundo en transición. Argentina es vecina de Bolivia y de Chile, dos países en estado de ignición. Brasil pasó de Lula a Jair Bolsonaro, fundamentalmente, por el naufragio económico de Dilma Roussef; Rafael Correa no puede entrar a Ecuador y su heredero, Lenín Moreno, vio tambalear el gobierno hace dos meses. El gobierno de Nicolás Maduro es tan desastroso que ni los viejos amigos pueden hacerse cargo. El reguero de insatisfacción se esparce por el mundo y hasta la teocracia iraní -a la que el movimiento bolivariano sentía como propia- después de un tarifazo desencadenó una represión que costó centenares de muertos.
No son las ideologías, sino las inequidades sociales. Alberto Fernández -cuya ideología parece ser el pragmatismo- deberá asegurar que ningún sector del país se le desmadre.
Un pico inflacionario, una profundización de la recesión, la caída de los ingresos de un determinado sector, la migración de capitales o la desinversión pueden tener secuelas no previstas. En Bolivia, la manipulación electoral de Evo desencadenó reacciones brutales de uno y otro bando. En Chile y Colombia estalló la clase media; en Ecuador, los indígenas.
El “ajuste” de Alberto Fernández, estimado en un 1,4% del PBI, contiene señales positivas en los sectores más carenciados, pero sacrificios para los que también han sufrido las consecuencias de ocho años de recesión.
El kirchnerismo siempre supo detectar focos de incendio y apagarlos a tiempo. Cualquier medida que se tome en este diciembre caluroso debe evitar que caiga sal en las heridas de nadie.