La Red de Sobrevivientes de Abusos Eclesiásticos de Argentina cuestionó el documento titulado “Instrucción sobre la confidencialidad de las causas”, con el que el papa Francisco eliminó el 17 de diciembre el secreto pontificio para los casos de curas acusados de abuso sexual.
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La Red de Sobrevivientes de Abusos Eclesiásticos de Argentina cuestionó el documento titulado “Instrucción sobre la confidencialidad de las causas”, con el que el papa Francisco eliminó el 17 de diciembre el secreto pontificio para los casos de curas acusados de abuso sexual.
El secreto pontificio corría para guardar silencio en todas las causas por abuso sexual en los que hubiera un juicio eclesiástico interno en la Iglesia. Se hacía jurar sobre los sacramentos y se debía callar todo lo que estuviera relacionado con el proceso. Incluso, si la Justicia solicitaba las actas de dichos procesos, las autoridades podían resguardarse en el secreto pontificio para no entregarlas ni tampoco testificar nada concerniente a ello. También corría para todos los involucrados como acusados, denunciantes y testigos.
Eco en Salta
El secreto pontificio tuvo su máxima muestra local con el allanamiento que libró la Justicia contra el Arzobispado de Salta para secuestrar las actas eclesiásticas del juicio canónico contra el cura Emilio Lamas. Las actas habían sido solicitadas en diferentes oportunidades. Fue el primer allanamiento en el país a un arzobispado por causa de abuso sexual.
“Demuestra un profundo desprecio por la vida y la salud física y emocional de las personas vulneradas”, criticaron en un comunicado las personas que integran la red. Aseguran que esto no es un avance “real” ni “efectivo” para los derechos humanos de quienes se debiera proteger en estos casos y compararon al funcionamiento de la Iglesia a los de una “asociación ilícita” (SIC).
Posteriormente argumentaron las críticas punto por punto. Comenzaron por advertir que el levantamiento del secreto pontificio rige solo par las autoridades judiciales estatales, lo que deja en un segundo lugar a los “principales interesados” en obtener una respuesta: los sobrevivientes. “Así se pisotea una vez más el principio jurídico universal pro homine. Simulando transparencia, se les da la espalda obligándoles a recurrir sí o sí a la Justicia estatal, que será la que solicite la información”, indicaron.
Restricción
En el mismo sentido resaltaron que el documento no brinda información sobre la posibilidad de pedir información personalmente o por representante legal. Tampoco se refiera al tiempo de respuesta. Por lo que entendieron que de esta manera “obligará” al denunciante, “una vez más, a introducirse en los tenebrosos laberintos burocráticos del clero católico. Como históricamente ha pasado, quedarán en la más absoluta orfandad, esperando una respuesta que se genera a miles de kilómetros de sus lugares de residencia”.
Al requerir información, la Iglesia suele derivar los pedidos a la Congregación para la Doctrina de la Fe, en Roma, como lo hizo en el caso Lamas, actitud que sostienen que ya no se repetirá con esta nueva disposición.
El Vaticano anunció el fin del secreto pontificio el 17 de diciembre.
El cambio introducido por la Santa Sede fue un pedido expreso de varios religiosos que participaron de la cumbre contra los abusos eclesiásticos celebrada en febrero pasado.
Por otro lado, pidieron que se eliminen los cánones 1717 y 1719 del Código de Derecho Canónico. “Esos cánones son los que invoca la Iglesia para no dar información sobre el estado procesal de la investigación previa. Vulneran los derechos de las víctimas porque solo se les toma declaración o reciben su denuncia. El resto de la investigación se hace a espaldas suyas. Eso no lo han modificado. Por lo tanto, si se pide información, le dirán cómo está el procedimiento y punto. No hay defensa posible cuando las víctimas no pueden leer quién declaró, si mintió o no, qué declaró el cura, poder presentar recursos”, explicó el abogado y profesor Carlos Lombardi, asesor de la red.
Pero además de criticar lo expresado, pusieron bajo la lupa lo que quedó por fuera. Indicaron que la Iglesia no se expresó sobre cómo se desarrollan los juicios canónicos por abuso sexual. Procesos que consideran que “vulnera derechos y garantías de las víctimas, en especial, la imparcialidad”. Además, se refirieron al secreto de confesión, “fuente primaria e infame del encubrimiento de pederastas”, que, aseguran, “prevalece sobre el daño ocasionado” a los sobrevivientes.
Planteo
Por otro lado, recordaron que esta medida es solo una de las nueve que pidió a la Iglesia en el 2014 el Comité de los Derechos del Niño. Según señalaron, quedaron por fuera el pedido de separar “inmediatamente del cargo a todas las personas de las que se sabe o sospecha que han cometido abusos sexuales”, además de derivar los casos a la Justicia. Observaron que también se pasó por alto el pedido de modificar en el derecho canónico, “para que el abuso sexual de los niños se considere un delito y no una simple infracción moral”.
De pecado a delito
“Antes tipificábamos los abusos como pecados, ahora como delitos”, indicó hace un año en una entrevista a El Tribuno el arzobispo Mario Cargnello cuando explotaron los casos de abusos eclesiásticos en Salta.
Los diferentes denunciantes de abusos eclesiásticos expusieron más de una vez haberse sentido “abandonados”, sin ninguna ayuda psicológica. Esto también formó parte del pedido del Comité de Derechos del Niño de lo que no se hizo referencia. Los sobrevivientes recordaron que este pedido va en “conformidad con los documentos finales aprobados en los Congresos Mundiales contra la Explotación Sexual Comercial de los Niños”.