A horas del inicio de la feria judicial, el caso de los animales envenenados en el barrio El Refugio de San Luis tuvo novedades. El fiscal penal interino de Rosario de Lerma, Gabriel Portal, requirió ante el Juzgado de Garantías 4 la elevación a juicio de la causa que tiene como imputados a Roberto Flores, acusado del delito de maltrato y actos de crueldad contra animales, envenenamiento de sustancias alimenticias y amenazas en concurso real; y a Sebastián Saravia Zenteno, por el delito de crueldad contra animales y envenenamiento de sustancias alimenticias en concurso real. Advirtió que además de animales, podrían haber muerto personas.
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A horas del inicio de la feria judicial, el caso de los animales envenenados en el barrio El Refugio de San Luis tuvo novedades. El fiscal penal interino de Rosario de Lerma, Gabriel Portal, requirió ante el Juzgado de Garantías 4 la elevación a juicio de la causa que tiene como imputados a Roberto Flores, acusado del delito de maltrato y actos de crueldad contra animales, envenenamiento de sustancias alimenticias y amenazas en concurso real; y a Sebastián Saravia Zenteno, por el delito de crueldad contra animales y envenenamiento de sustancias alimenticias en concurso real. Advirtió que además de animales, podrían haber muerto personas.
En sus fundamentos, el fiscal Gabriel Portal consideró que se encuentra plenamente acreditada la existencia del delito y la responsabilidad penal de los imputados Roberto Flores, de 41 años y Sebastián Saravia Zenteno, de 48; "quienes crearon un peligro común porque envenenaron trozos de carne, lo que finalmente causó la muerte de cuantiosos animales", en barrio El Refugio, sobre la ruta provincial 87, de San Luis.
Portal advirtió en la solicitud que "si se examina tal conducta, causó colateralmente la intoxicación de personas, quienes al entrar en contacto con sus animales que fueron envenenados, sufrieron también los efectos de la sustancia venenosa carbofurán". La intoxicación por órganos fosforados fue certificada por los informes de profesionales médicos incorporados a la investigación.
En esta inteligencia, advirtió Portal que además de los animales y como sucedió colateralmente con las víctimas de la carne envenenada que fueron tratadas en el sistema de salud, podrían haber tomado contacto otras personas con la carne contaminada.
Al referirse al peligro para la salud y la posibilidad de generar un menoscabo, perjuicio, dolor, molestia o detrimento a la víctima, el fiscal señaló que el veneno empleado por los encausados tiene la potencialidad e idoneidad para poner en peligro la salud de las personas en general, puesto que es un potente biocida.
En el decreto de requerimiento de elevación a juicio, el fiscal Portal citó todas las medidas ordenadas y elementos probatorios colectados, entre los cuales se encuentran los informes policiales, inspecciones oculares, fotografías de los animales víctimas de envenenamiento (perros, caballos y aves), declaraciones testimoniales de veterinarios y vecinos, actas de secuestros, informe de allanamiento producido en el lugar de los hechos y autorizado por el juez de Garantías 4, además del informe toxicológico del CIF.
También sumó un informe de la Unidad de Análisis Criminal que confirman una relación de dependencia laboral entre Saravia Zenteno y Flores, ya que el segundo es empleado del último y encargado de la finca donde ocurrieron los hechos investigados.
El fiscal Gabriel Portal solicitó al juez, que "disponga sin demoras la elevación al Tribunal de Juicio que corresponda para la Audiencia de Debate" y que incorpore la plantilla prontuarial actualizada e informes del Registro Nacional de Reincidencia de ambos imputados.
Vecinos agradecidos
Consultados sobre la novedad judicial, los vecinos de El Refugio destacaron la celeridad del procedimiento. "La verdad es que esperábamos que salga después de la feria, pero destacaron que tomaron el tema con seriedad", expresaron algunos de los afectados.
Roxana Belbruno, vecina de El Refugio, y damnificada con la pérdida de dos perros guardianes de su vivienda, destacó también la celeridad del fiscal y que se advierta que no solo se trataba de un caso de violencia contra los animales sino que estuvo en juego la vida de dos vecinos.
Belbruno recordó que en la comisaría de San Luis se presentaron 15 denuncias por la muerte de perros, más la de los equinos y por las consecuencias que tuvo el carbofurán en la salud de dos personas. Una de ellas, madre de dos niñas menores de 5 años, que estuvo en observación en el hospital Del Milagro y un vecino que recibió tratamiento ambulatorio.
Los vecinos de El Refugio alertaron que no fueron notificados formalmente sobre el resultado que arrojaron las muestras de agua de la zona. Se debe recordar que los cebos con veneno fueron colocados sobre el cerco rural que colinda con una ruta provincial 87, sobre la que corre una acequia. Se cree que el veneno habría entrado en contacto con el agua, ya que por el consumo de esta, murieron dos yeguas y un centenar de aves silvestres.
Las aves en algunos casos aparecieron muertas en los algibes que abastecen los terrenos, ya que no se cuenta con agua potable. Ante la posibilidad de una contaminación de las napas de agua, se tomaron muestras de agua. Sin embargo, los vecinos reiteran que nunca fueron notificados en forma oficial sobre el estado del líquido elemental.
Luego de lo ocurrido en el barrio El Refugio, los vecinos destacaron la labor de la comisaria Lorena Cardozo, a cargo de la dependencia policial de San Luis, que los acompañó en busca de soluciones y que incluso se encargó de buscar asistencia con los Bomberos Voluntarios de Vaqueros para retirar los cuerpos de los animales envenenados.
Defensores de animales
Ante la novedad en el caso de los perros intoxicados, la abogada Carmen Céspedes Cartagena expresó que se presentarán en el caso bajo la figura de amicus curiae.
Esta expresión es utilizada para referirse a presentaciones realizadas por terceros ajenos a un litigio, que ofrecen voluntariamente su opinión frente a algún punto de derecho u otro aspecto relacionado, para colaborar con el tribunal en la resolución de la materia objeto del proceso.
La letrada aclaró que los vecinos afectados por la muerte de los animales estaban interesados por conseguir que se realice un control ambiental en la zona y que los organismos intervinientes le dieran solución a la posible contaminación del agua, razón por la cual su estudio no se presentará como querellante en la causa.