La reforma constitucional de 1994 es sin duda la más importante desde 1860 a la fecha. Se modificó más de un tercio del texto constitucional, pero además se cambió el sistema de fuentes del derecho argentino al otorgarles jerarquía constitucional a los principales tratados internacionales sobre derechos humanos. De esta manera ahora cuando queremos estudiar un derecho no solo debemos remitirnos al artículo pertinente de la Constitución Nacional, sino que también debemos buscar qué dicen sobre ese derecho los tratados que integran lo que se denomina el bloque de constitucionalidad.
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La reforma constitucional de 1994 es sin duda la más importante desde 1860 a la fecha. Se modificó más de un tercio del texto constitucional, pero además se cambió el sistema de fuentes del derecho argentino al otorgarles jerarquía constitucional a los principales tratados internacionales sobre derechos humanos. De esta manera ahora cuando queremos estudiar un derecho no solo debemos remitirnos al artículo pertinente de la Constitución Nacional, sino que también debemos buscar qué dicen sobre ese derecho los tratados que integran lo que se denomina el bloque de constitucionalidad.
El Pacto de Olivos
La historia de la última reforma constitucional comienza en 1993 con el proyecto político de reelección del presidente Menem. Con ese objetivo el Senado con número ajustado declaró la necesidad de la reforma de la Constitución, pero el proyecto se empantanó en la Cámara de Diputados, frente a lo cual el Gobierno convocó a una consulta popular. Alfonsín en sus Memorias reconoce que frente a la necesidad de mantener cohesionado al radicalismo, tomó la decisión de negociar la reforma, incluyendo muchos de los puntos que habían sido estudiados durante su mandato por el Consejo para la Consolidación de la Democracia.
De la manera indicada nació el llamado "Pacto de Olivos", firmado por Menem y Alfonsín, que determinó la sanción de la ley 24.039 declarativa de la necesidad de la reforma.
Los aciertos
En la reforma constitucional de 1994 hay puntos que son de un indiscutible acierto, como es el caso del capítulo sobre nuevos derechos y garantías, la constitucionalización del amparo, hábeas corpus y hábeas data, el derecho a un medio ambiente sano y equilibrado, los derechos de los consumidores y usuarios, asignar tal como lo hemos señalado jerarquía constitucional a los principales tratados de derechos humanos, la posibilidad de celebrar tratados de integración, la extensión del período de sesiones del Congreso, las mejoras en el procedimiento de sanción de las leyes, la elección directa de los senadores, el tercer senador representando a la primera minoría, mayoría agravada de dos tercios de los miembros presentes para designar a los jueces de la Corte Suprema, la competencia del Congreso para declarar la intervención federal, la autonomía municipal, etc.
El poder
Hay puntos controvertidos, por ejemplo la elección directa del Presidente suprimiendo el Colegio Electoral. Esta reforma le ha quitado peso a las provincias de menor población. La Ciudad de Buenos Aires y las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba reúnen el 66% del padrón electoral, mientras en el Colegio Electoral controlaban solo el 46% del mismo. Está claro entonces dónde se decide la elección presidencial, en una Argentina en la que históricamente el centralismo siempre es un problema.
También alguna reforma no ha fructificado como se esperaba, como es el caso del jefe de Gabinete de Ministros.
Ahora bien, los acuerdos en temas de reparto de poder no fueron completos en todos los casos. Seguramente faltó tiempo en los noventa días que duró la Convención.
Los consensos tienen su complejidad, requieren apertura y concesiones hasta que se llega a una decisión aceptada más allá de diferencias puntuales y secundarias.
De esta manera la Constitución delegó en el Congreso completar los acuerdos a través de leyes reglamentarias. Aquí hay toda una tarea pendiente, porque hay leyes que no se dictaron, por ejemplo la de coparticipación federal y otras sancionadas sin la necesaria construcción de consensos como es el caso de la ley 26.122 reglamentaria de los decretos de necesidad y urgencia.
Olvidos y demoras
A 25 años de la reforma, el Congreso debería con consenso terminar de sancionar las leyes reglamentarias y los argentinos en general comprender que cada artículo de la Constitución tiene su razón de ser y muchos de ellos recogen la experiencia de vida de nuestra sociedad.
Por esta razón ignorar artículos de la Constitución implica repetir errores del pasado.
Es por ejemplo el caso del artículo 95 que dispone que la elección presidencial debe realizarse sesenta días antes de la terminación del mandato, porque lo contrario lleva a turbulencias políticas y económicas, tal como aconteció en 1989 cuando Alfonsín tuvo que renunciar antes de terminar su mandato; sin embargo, este año tal disposición no fue acatada y comenzamos a votar cuatro meses antes.
Para los tiempos por venir, otro mandato constitucional fruto de la experiencia es el contenido en el artículo 75 inciso 19, que le asigna al Congreso el deber de velar por la "defensa del valor de la moneda" y la "generación de empleo".
Los constituyentes tenían en claro que la emisión monetaria sin control provoca inflación y que crear empleo genuino requiere alentar la inversión. Cuántas crisis nos hubiéramos ahorrado respetando el texto constitucional.
Por todo lo expuesto, en vísperas de la tercera década del siglo XXI, el mejor homenaje que podemos hacerle a la Constitución es cumplirla.