"Todos los procesos inherentes a la función de la Junta Calificadora estuvieron empañados por actos rayanos en el delito, como el uso discrecional del sistema informático, elaboración de cuadros mellizos para la cobertura de cargos suplentes e interinos, rectificación de tirillas definitivas de docentes de educación primaria y áreas especiales, la manipulación de los legajos docentes (cuando la función es su custodia), la falsificación de datos y títulos y el abuso de autoridad (el organismo provincial funcionó en las sedes gremiales de la ADP)", denunció el Sindicato de Trabajadores de la Educación de la Provincia de Salta (Sitepsa), agregando que todo esto sucedió ante una "absoluta inacción" de las autoridades educativas locales.
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"Todos los procesos inherentes a la función de la Junta Calificadora estuvieron empañados por actos rayanos en el delito, como el uso discrecional del sistema informático, elaboración de cuadros mellizos para la cobertura de cargos suplentes e interinos, rectificación de tirillas definitivas de docentes de educación primaria y áreas especiales, la manipulación de los legajos docentes (cuando la función es su custodia), la falsificación de datos y títulos y el abuso de autoridad (el organismo provincial funcionó en las sedes gremiales de la ADP)", denunció el Sindicato de Trabajadores de la Educación de la Provincia de Salta (Sitepsa), agregando que todo esto sucedió ante una "absoluta inacción" de las autoridades educativas locales.
El largo listado de cosas indebidas que habrían sucedido en el seno de la Junta Calificadora de Méritos y Disciplina de Salta se lo hicieron llegar al gobernador Juan Manuel Urtubey, a quien piden que por todo lo expuesto se derogue el decreto 1.471 de 2018 que prorroga el mandato de la actual comisión hasta noviembre próximo para que se puedan elegir nuevas autoridades.
El sector considera que el decreto atenta contra el funcionamiento democrático de las instituciones educativas y la transparencia de los actos administrativos por las innumerables denuncias de corrupción y abuso de autoridad de la cuestionada Junta, integrada mayoritariamente por docentes del gremio ADP, hoy en el ojo de la tormenta.
Argumento falso
Sitepsa señaló a través de un comunicado que los considerandos del decreto 1.471/18 hacen referencia falsamente a la necesidad de la reforma del Estatuto del Educador, ley 6.830, cuando es de público conocimiento que dicho proyecto fue analizado y tratado en las mesas de trabajo del Ministerio de Educación, en base a un anteproyecto de Sitepsa, en 2014. Hasta fue analizado y reformulado por todos los docentes de las escuelas en una jornada provincial con suspensión de clases, recordaron.
Señalan que, por este motivo, el 10 de noviembre de 2014, el Ministerio se comprometió a agregar las modificaciones solicitadas y resolvió por decreto 3368/14 prorrogar el mandato de Junta hasta octubre de 2015. Hasta la fecha el gobierno escolar no envió este proyecto a las Cámaras Legislativas para su tratamiento.
"No cabe duda que la decisión de prorrogar el mandato de la Junta Calificadora de Méritos y Disciplina nada tiene que ver con la futura reforma del Estatuto del Educador, y sí con la connivencia del gobierno provincial con la ADP", dice el escrito del sector.