Tras haberse cumplido los once años sin recibir justicia, Ernesto Omar Farfán, esposo de la malograda maestra Miriam Luchini, quien murió electrocutada en la vía pública, elevó un queja pública por lo que entiende se le está denegando en tiempo razonable el servicio de Justicia.
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Tras haberse cumplido los once años sin recibir justicia, Ernesto Omar Farfán, esposo de la malograda maestra Miriam Luchini, quien murió electrocutada en la vía pública, elevó un queja pública por lo que entiende se le está denegando en tiempo razonable el servicio de Justicia.
El hombre, de profesión chofer, lleva más de una década reclamando la indemnización que ya le fue otorgada en un juicio oral, llevado a cabo en 2016 y que la empresa de distribución eléctrica Edesa, juntamente con Lusal se niegan terminantemente a abonar.
Según el viudo, la empresa prestataria sostiene no tener responsabilidad sobre el mortal suceso, ocurrido sobre calle Esteco al 900, el 10 de febrero de 2008.
Lo peor, dijo Farfán, es que la empresa apeló el fallo incontables veces hasta llevarlo a la Corte de Justicia de Salta, donde hoy duerme el sueño de los justos.
"Cuando murió mi esposa mis tres hijos eran niños y hoy ya soy abuelo y dos de ellos se encuentran en la universidad. Mientras eso ocurre, yo sigo litigando no por unos pesos sino por ver y creer en la Justicia", dijo.
"Ese accidente negligente, porque se probó que la empresa mintió y sus empleados cuando atestiguaron hicieron lo propio, se produjo sobre una columna denunciada días antes del fatal desenlace como peligrosa porque estaba conduciendo electricidad, señaló el hombre y agregó: "La empresa no reparó la pérdida y días después mi esposa perdió la vida al tocar dicha columna, que aún se encuentra enclavada en el mismo lugar. Creemos que merecemos que se nos conceda lo que los jueces en primera instancia ya fallaron y que se termine el cajoneo de una causa pública que tal parece busca prescripción". Además, dijo a modo de denuncia, que probablemente la empresa cambie de razón social, lo que podría llevar el caso a foja cero.
Historia
El 10 de febrero de 2008 la maestra llegó hasta su domicilio de calle Esteco al 900. Al descender, la muejr se apoyó en un poste de luz que estaba electrificado y recibió una mortal descarga.
Ese suceso conmocionó a la opinión pública salteña y fue tapa de nuestro matutino.
Se supo luego de la tragedia que días antes Ernesto había estado denunciando la situación de electrificación. Pero paradojalmente fue su mujer la víctima de una denuncia que nadie atendió y cuyos registros fueron fraguados, pero demostrados en juicio del 2016.
Primero llamó al Servicio de Emergencia 911, quienes derivaron la denuncia correspondiente a LuSal y posteriormente a Edesa. Todo fue documentado y fue presentado en el juicio. En ese debate se halló culpable a estas dos últimas empresas por la muerte de la joven mamá.
De allí decenas de apelaciones llevaron la causa a la Corte de Justicia, la que después de once años no puede brindar una respuesta adecuada a un papá que crió a sus hijos solo y que hoy exige que, más allá de los intereses, prime el derecho de los ciudadanos.
Se viene el cambio de razón social
Para el viudo de la maestra electrocutada en la vía pública, lo más preocupante es que la responsabilidad sea eludida por un cambio de razón social.
“No es descabellada nuestra presunción porque en los últimos tiempos muchas empresa eludieron sus deudas incluso fiscales con este tipo de maniobras”, dijo.
Hay un fallo y un juicio que respetó todos los derechos de la parte acusada. Hoy el derecho debe ser ejemplar.