El lunes, en Tartagal, se realizará la audiencia de alegatos en el juicio por abuso sexual a una niña en Alto La Sierra. El sórdido episodio ocurrió el 29 de noviembre de 2015. La niña, wichi y discapacitada, fue sometida por nueve depravados. Siete meses más tarde, le extrajeron por cesárea un bebé anencefálico. El caso mostró todas las vulnerabilidades del sistema judicial y sanitario; también, las condiciones de vida de las comunidades, originarias y criollas que habitan en las fronteras remotas de Salta.
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El lunes, en Tartagal, se realizará la audiencia de alegatos en el juicio por abuso sexual a una niña en Alto La Sierra. El sórdido episodio ocurrió el 29 de noviembre de 2015. La niña, wichi y discapacitada, fue sometida por nueve depravados. Siete meses más tarde, le extrajeron por cesárea un bebé anencefálico. El caso mostró todas las vulnerabilidades del sistema judicial y sanitario; también, las condiciones de vida de las comunidades, originarias y criollas que habitan en las fronteras remotas de Salta.
Según Foro de Mujeres por la Igualdad de Oportunidades, la niña de doce años fue víctima del “abandono sistémico” de la sociedad. “Los padres denunciaron la violación, pero nunca más nadie se acercó. No accedió a la pastilla del día después, no la informaron sobre su derecho al aborto no punible, no le hicieron una cámara Gessel ... La salud pública no existió y el Estado tampoco”, explicó en aquel momento la entidad.
Para el Inadi, fue discriminada.
Protesta de agrupaciones feministas en la casa de Salta, en 2016
Caso emblemático
Su caso, desgarrador, se conoció en todo el país y fue tomado como emblema por las organizaciones que luchan por los derechos de las mujeres y por la despenalización del aborto.
Numerosas publicaciones destacaron hechos que aún el mundo globalizado e hipercomunicado parecen una sorpresa. La mamá de la víctima, que dio a luz a nueve hijos, que enfrentó a los violadores que seguían merodeando su casa, que vive una vida heroica si se compara con las comodidades urbanas, esa mujer aprendió a escribir de grande y no sabía que el aborto por violación es no punible, y que existen métodos accesibles para evitar la concepción. De todo eso, al parecer, se enteró en el hospital.
El caso estalló cuando la niña fue operada y perdió a su bebé. Resulta difícil comprender que ni los médicos ni los magistrados hayan actuado conforme la jurisprudencia de la Corte Suprema y del sentido común.
La víctima es epiléptica y sufrió un daño inimaginable. Su madre asegura que pasó siete meses sin levantarse de la cama. Aunque cuesta aplicar el concepto de “sociedad patriarcal” a la realidad de Alto La Sierra, la interpretación antropológica mostró a ese crimen como una muestra de posesión en banda propia del poder machista. La realidad es elocuente. Como lo fue, en octubre de 2014, el asesinato de una maestra heroica, Evelia Murillo, a manos de un violador que quería apropiarse de una joven aborigen en la escuela de El Bobadal, a 70 km de Tartagal.
En esta ocasión, y a diferencia de lo ocurrido cuando murió en Tartagal la joven chorote Evangelina Pisco, el juicio a los violadores de Alto La Sierra cuenta con traductora wichi.
Los imputados, frente al tribunal.
En el banquillo
Los jueces de la Sala I del Tribunal de Juicio de Tartagal, Anastasio Vásquez Sgardelis, Osvaldo Miguel Chehda y Ricardo Hugo Martoccia, dieron por finalizada la ronda de testimoniales y pasaron a un cuarto intermedio hasta el lunes.
Los acusados son Jorge Gabriel Salas, J. M. S., A. L. S., Juan Domingo Verón, Sebastián Matías Salvatierra, Pantaleón Javier Mansilla, L.F.L., Omar Alcides Arias y E. E. M., acusados del delito de abuso sexual con acceso carnal. El menor J.M.S. fue declarado en rebeldía.
Durante la tercera jornada se escucharon los testimonios de Rogelio Nerón, chofer de la ambulancia que trasladó a la víctima hacia el hospital de Alto La Sierra; Asencio Pérez, cacique de la comunidad y enfermero del pueblo; Abdón Rojas; Maira Gisela Salas; Enriqueta Gómez y Antolina Herrera. Sandra Pisco es la intérprete wichi.
Después del juicio
El jueves 28 se conocerá la sentencia. El caso fue traumático, y seguirá siéndolo. Para el Inadi hubo “una discriminación sistémica. No es que “alguien” se equivocó. No hubo un error de un médico, o un error de un ministerio. Hubo una política estatal que generó esta situación”.