Hasta el momento nueve personas extranjeras fueron deportadas de Argentina y, en particular, de esta provincia, luego de haber cumplido la mitad de la pena por la que están detenidas. Cinco de esos extranjeros fueron acusados de integrar una banda que cometió al menos 40 hechos de estafa con tarjetas de crédito y débito a través de la modalidad "skimming", y fueron denunciados por varios damnificados en 2017.
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Hasta el momento nueve personas extranjeras fueron deportadas de Argentina y, en particular, de esta provincia, luego de haber cumplido la mitad de la pena por la que están detenidas. Cinco de esos extranjeros fueron acusados de integrar una banda que cometió al menos 40 hechos de estafa con tarjetas de crédito y débito a través de la modalidad "skimming", y fueron denunciados por varios damnificados en 2017.
A cargo de la investigación por la que se condenó a las cinco personas de Bolivia, Colombia y Brasil estuvo la Unidad de Delitos Económicos Complejos. Los autores de los delitos fueron condenados a la pena de tres años y seis meses de prisión efectiva. Tras haber cumplido con más de la mitad de la condena las autoridades solicitaron al Juzgado de Ejecución interviniente se los autorice para "expulsar" a estas personas de Argentina.
La autoridad judicial verificó la documentación y el cumplimiento de los extremos legales y autorizó a la Delegación Salta de la Dirección Nacional de Migraciones iniciar los trámites ante las fuerzas de seguridad y aerolíneas para la expulsión de los delincuentes a Bolivia y Colombia. En el caso de las ciudadanas colombianas su traslado se realizó hasta el área metropolitana, auxiliada por la fuerza pública, para embarcar en un vuelo desde Ezeiza, en Buenos Aires, con destino a Bogotá.
La ley de migraciones, sancionada en 2004, permite que a los extranjeros residentes en Argentina que cometan delitos y sean condenados penalmente podrán ser expulsados una vez que hayan cumplido la mitad de la pena. En caso de no tener residencia, la ley establece que cuando un extranjero tiene un procesamiento penal el Ministerio Público Fiscal y el Poder Judicial de la Nación están obligados a dar aviso a la Dirección Nacional de Migraciones, que está bajo la órbita del Ministerio del Interior de la Nación. Proceso que seguirá su curso dado que desde Migraciones pueden intimar al extranjero a regularizar su situación, la orden de expulsión puede ser apelada ante la Justicia en lo Contencioso Administrativo Federal.
A la espera para echarlos
Según el delegado salteño de Migraciones, Martín Pérez Estrada, este año esperan expulsar cerca de 81 delincuentes extranjeros de Salta. Esta provincia se adhirió a un programa de expulsión de delincuentes extranjeros dispuesto por el Gobierno nacional.
El funcionario aclaró que según la legislación vigente, los detenidos pueden ser expulsados una vez que cumplieron la mitad de su pena. Además, agregó que durante el año pasado en esta provincia se tramitó la expulsión de 200 malvivientes de otros países.