Un episodio particularmente violento se produjo ayer cuando treinta personas, identificadas como miembros de la Comunidad Diaguita Kallchaki La Aguada, en Cachi, intentaron ingresar a un predio de la bodega Puna.
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Un episodio particularmente violento se produjo ayer cuando treinta personas, identificadas como miembros de la Comunidad Diaguita Kallchaki La Aguada, en Cachi, intentaron ingresar a un predio de la bodega Puna.
Según se pudo reconstruir, cuando el arrendero Miguel Guitián llegó a trabajar en un espacio que se utiliza como secadero y obrador, se encontró con un alambrado que le impedía el paso. El arrendero cortó el alambre y en ese momento -explicaron- fue agredido por los que intentaban apropiarse del lugar. Los propietarios de la bodega llamaron a la policía y, en el enfrentamiento, dos mujeres policías resultaron heridas y seis de los manifestantes, presos, aunque fueron dejados en libertad por el Ministerio Público poco después.
Según informó el propietario de la bodega, Javier Montero, en una entrevista con Radio Nacional Salta, su familia adquirió las 25,5 hectáreas en agosto de 2011 a Celina y Carmen Michel, quienes heredaran la propiedad de su familia, que se radicó en el lugar hace más de cien años. "En estos ocho años, ningún vecino reclamó propiedad alguna, jamás tuvimos problemas de convivencia y allí construimos la casa. Ahora asusta ver que una fiscal libera a gente violenta y que nos tiene amenazados", dijo el empresario.
Los títulos de propiedad de Montero no son objetados. El problema que se plantea es el que vienen denunciando desde hace años los productores de los Valles Calchaquíes: los relevamientos irregulares y la aparición de comunidades autoproclamadas indígenas -desconocidas hasta entonces- que aprovechan la legislación indígena de 1985 y 2006 para ocupar tierras de hecho.
Ayer los vecinos identificaron al cacique Miguel Plaza Schaefer y al activista Ulises Yanes (luego detenido y liberado) en el lugar de los hechos. Ambos pertenecen a La Cámpora.
A su vez, el dirigente de Cafayate Juan Condorí, integrante del Consejo de Participación Indígena (CPI), dijo a Radio Nacional Salta que "Montero está usurpando territorio de la comunidad". Aunque reconoce que las tierras pertenecían a la familia Michel, y admite la legalidad de la operación, opina que Montero compró de "mala fe, porque sabía que eran de las comunidades". Condorí, cabe aclararlo, fue uno de los responsables políticos de los relevamientos ahora investigados y que son un punto clave en este conflicto que multiplica la violencia en los valles. La legislación nacional habla de los derechos indígenas sobre las tierras que las comunidades ocupan "ancestralmente, desde antes de la llegada de los españoles". Con las tierras fiscales el problema se resolvería rápidamente, pero nadie reclama tierras fiscales, sino las que son aptas para la producción.
Condorí nunca había planteado estas objeciones hasta ahora. Ayer habló de fuerte represión. Las imágenes y los partes médicos indican que hubo una refriega.
Cerca del mediodía, la activista tucumana Margarita Mamaní politizó el hecho cuando difundió en las redes digitales un mensaje donde aseguraba que "Urtubey mandó a reprimir sin ninguna orden, a golpear con palos y pedradas a mujeres y niños", y aseguró que la bodega en cuestión es de un socio del gobernador. Más cauto, Condorí también había hablado de "un testaferro" pero refiriéndose al "poder político". Nadie aportó pruebas de que Montero haya realizado una acción ilegal. La presencia policial fue ciertamente una novedad, ya que hasta hace poco, los productores plantearon que jueces, fiscales y policías hacían caso omiso de todas las denuncias por usurpaciones de la misma índole.