La tensión entre aborígenes wichi, liderados por el histórico Indalecio Calermo y otros miembros del IPPS alcanza por estas horas una magnitud preocupante.
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La tensión entre aborígenes wichi, liderados por el histórico Indalecio Calermo y otros miembros del IPPS alcanza por estas horas una magnitud preocupante.
Más allá de los hechos de violencia registrados el jueves, el pedido de intervención del organismo, formulado por Calermo, y los cuestionamientos frontales a la ministra de Desarrollo Social y Asuntos Indígenas, Edith Cruz.
Sin detenidos
En las últimas horas del jueves luego del violento enfrentamiento que protagonizaron aborígenes, desocupados y efectivos de la Policía de la Provincia, la Justicia ordenó la liberación de 6 dirigentes.
Habían sido detenidos en medio de las refriegas y las corridas que se produjeron en la ruta nacional 34 en dirección a la salida norte de Tartagal el jueves anterior en horas de la tarde .
Como consecuencia del violento enfrentamiento fueron 6 los policías que sufrieron golpes y lesiones de menor consideración, dos el día miércoles y otros cuatro el jueves.
Un clima de tensión se vivió en algunos barrios y en el centro de la ciudad, cuando los aborígenes y desocupados llegaron hasta el centro de la ciudad exigiendo la libertad de los detenidos.
El paso de la marcha conformada por unas 100 personas obligó al cierre de algunos comercios; la totalidad de los locales ubicados en las cercanías de la comisaría 42 también cerraron sus puertas, ya que se temía que los manifestantes tomen la comisaría N´ 42 ubicada en pleno centro de la ciudad. La dependencia policial permaneció por varias horas con una fuerte custodia policial hasta que los aborígenes se retiraron.
Reclamos de fondo
Si bien la jornada del viernes se presentó tranquila, los aborígenes encabezados por el vocal wichíi del IPPIS Indalecio Calermo esperaban la llegada de funcionarios o asesores del Ministerio de Gobierno de la Provincia.
Enfrentado con los otros vocales, en especial con su director Alejo Gallardo, Calermo -reelecto desde hace más de 20 años en representación del pueblo wichi- exige la intervención del IPPIS, el desplazamiento de su cargo de la ministra Edith Cruz, entre otros temas, argumentando malos manejos económicos en la entidad. Algunas versiones no confirmadas indicaban que la próxima semana el Ministerio de Gobierno podría ordenar la intervención de la entidad, tal como lo pide Calermo.
Indalecio Calermo
Un viejo conflicto
Nadie puede asegurar si habrá o no intervención a Instituto Provincial de los Pueblos Indígenas de Salta, pero lo cierto es que la situación interna se torna insostenible.
Las elecciones de diciembre pasado fueron accidentadas y no permitieron apaciguar las aguas. Las actuales autoridades fueron elegidas hace 15 días. El presidente es Alejo Gallardo, (chulupí) y el vice Héctor Fabián (diaguita calchaquí).
El 30 de enero cerca de 80 integrantes de distintas etnias intentaron tomar el IPPIS para reclamar una intervención y desconocer a la actual comisión directiva. En ese momento Liliana López, secretaria de Calermo, dijo a una radio que quienes están al frente de la entidad son quienes tienen deudas por 18 millones con los pueblos".
Vicios de la política que generan violencia entre pobres
Opinión por Francisco Sotelo
Salta cuenta entre su población a miles de miembros de nueve etnias originarias.
Es una de las provincias con mayor población indígena genuina.
En la cultura moderna, el indigenismo es bien visto, cuenta con buena prensa y, en consecuencia, seduce a los constructores de discursos políticos.
Nadie puede ignorar que los pueblos indígenas del chaco salteño viven en condiciones inequívocas de precariedad, vulnerabilidad y, en gran medida, de marginalidad.
La ciencia antropólogica, que abarca al hombre en general, y su vínculo con la cultura, en particular, es un pensamiento occidental que se muestra benevolente y pretende la idealización de una condición aborigen “originaria” que ya no existe. Los pueblos evolucionan, migran, se fusionan. Los pueblos cambian.
Esa idealización de las etnias genera diversos conflictos.
Hay comunidades salteñas, en el norte, que viven la pobreza suburbana. Otras, en el monte, sobreviven con economías de subsistencia.
Por más que se pretenda imponerles un retorno a las costumbres y creencias de los ancestros, el esfuerzo es inútil. Los tiempos cambian para todos, y también para ellos.
Los europeos no podrían jamás volver a ser celtas, visigodos, etruscos, pelasgos o vikingos.
Lo que es un derecho inherente a la condición humana es el derecho a la identidad.
La benevolencia occidental, que se ensaña con la memoria de Cristóbal Colón o Julio Argentino Roca, no se preocupa por los pueblos indígenas reales: se enamora de su propia ideología.
El gobierno deberá resolver si interviene o no al IPPS. Las posiciones parecen irreductibles, a pesar de la ancestral cualidad de los aborígenes para negociar la resolución de conflictos. En esta materia, Indalecio Calermo es un líder experimentado.
Pase lo que pase, los dirigentes y funcionarios deberían revisar qué se entiende por “indígena”, “aborigen” u “originario”. Porque lo que la antropología y, sobre todo, la madurez democrática pusieron como prioritario: la condición ciudadana de los aborígenes, se materializó en leyes buenas pero que dejan margen para la desprolijidad, y en instituciones politizadas y con cultura clientelar, como el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas.
Porque los hechos muestran que se perdió el rumbo. Los violentos episodios protagonizados por autopercibidos mapuches en Chubut, Neuquén y la Capital Federal en 2017 hablan por si solos.
La condición indígena se ideologizó, se convirtió en un recurso más de los punteros que, de repente, se descubrieron descendientes de pueblos originarios, se “auto percibieron”, como les pide la ley, y muchos lograron un cargo rentado de caciques.
A la ambigüedad de la “autopercepción” se añadió la apetecible confusión del concepto de “derecho a las tierras que ocupan”. Para el sentido común (y la letra de la ley), se trata de tierras ocupadas por una comunidad desde el siglo XV, por lo menos. Los nuevos caciques eligen tierras productivas y apetecibles y las “ocupan”. Y luego, la legislación destinada a que las verdaderas comunidades de San Martín, Rivadavia u Orán no fueran desalojadas de los lotes que efectivamente ocuparon siempre, les permite a los caciques de dudosa prosapia generar violencias como las que se repiten en los valles calchaquíes. No son los aborígenes el problema: son las mañas occidentales.
La violencia del martes en Cachi es distinta de la que ocurrió en la ruta 34 el jueves.
Ambas deben ser resueltas. Los dueños de los terrenos que los falsos caciques ocupan por la fuerza tienen derechos formales, que son vulnerados.
Los aborígenes reales del chaco salteño, que son quienes deberían recibir los mayores esfuerzos del INAI y del gobierno provincial tienen derechos vulnerados. Las instituciones democráticas no deberían permitir, ni mucho menos alentar, estas violencias entre pobres.