Falta de educación sexual integral en las escuelas de las provincias, el dictado de educación religiosa, el accionar de las Asesorías de Incapaces frente a los casos de abortos no punibles, la criminalizacion de las víctimas investigadas por fiscales en casos de falsas denuncias de los victimarios, la falta de presupuesto para implementar las políticas publicas ya gestionadas, y el ingreso y la permanencia en cargos de funcionarios denunciados por violencia de género. Esos puntos fueron remarcados a través de un crítico comunicado del Instituto Jurídico con Perspectiva de Género del Colegio de Abogados de Salta.
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Falta de educación sexual integral en las escuelas de las provincias, el dictado de educación religiosa, el accionar de las Asesorías de Incapaces frente a los casos de abortos no punibles, la criminalizacion de las víctimas investigadas por fiscales en casos de falsas denuncias de los victimarios, la falta de presupuesto para implementar las políticas publicas ya gestionadas, y el ingreso y la permanencia en cargos de funcionarios denunciados por violencia de género. Esos puntos fueron remarcados a través de un crítico comunicado del Instituto Jurídico con Perspectiva de Género del Colegio de Abogados de Salta.
Pese a que las integrantes del Instituto pidieron que el pronunciamiento fuera subido a la página oficial del Colegio de Abogados, la comisión directiva no lo hizo. Hasta ayer no aparecía.
Sin apoyo
"No buscábamos una adhesión ni un respaldo del Colegio, solo que se den a conocer los planteos que hicimos para el 8 de marzo (Día Internacional de la Mujer", expresó Gloria Cruz, presidente del Instituto, que integran unas 15 profesionales del Derecho.
La abogada consideró que hubo "censura" y que fue "absurda" la postura de la comisión directiva. Relató que el pronunciamiento fue elevado el jueves a la mañana para que pueda ser compartido el viernes. "Es la primera vez que nos pasa", acotó.
Cruz dijo que en el pronunciamiento se expusieron falencias del Estado e inobservancias en las leyes que detectaron en su labor cotidiana.
Entre otros puntos, pidieron por la urgente aplicación de la Ley Micaela.
"Desde nuestro espacio, como profesionales de la abogacía manifestamos gran preocupación por el constante incumplimiento y desacato a las leyes por parte de empleados/as y funcionarios/as de los tres poderes", plasmaron en el documento.
Derechos sexuales
"En especial y por nuestra formación en derechos humanos creemos que resulta inadmisible el ya conocido "modus operandi" que distintas instituciones vienen desarrollando para obstaculizar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres", agregaron.
En otro párrafo del pronunciamiento plantearon una situación de alerta, "por la preocupante cantidad de muertas, por las violadas, por la tortura a niñas que son sometidas a partos y cesáreas, por la falta de educación, por la feminización de la pobreza, por la violencia y el destrato institucional".
Reclaman formación
"Son los funcionarios y funcionarias quienes principalmente incumplen las leyes, exigimos la inmediata implementación de la ley Micaela que obliga al Estado a formarse de un funcionariado capacitado en derechos humanos y con sensibilidad para el cargo", destacaron.
Cruz se refirió a los casos de Jujuy y Tucumán, donde niñas abusadas tuvieron problemas para acceder al aborto no punible, establecido en el Código Penal hace cien años.
Planteo
"Estamos en alerta y el estado es responsable. No queremos una declaración de emergencia que signifique otra política pública sin asignación de presupuesto. Le decimos basta a la violencia institucional, exigimos un Estado respetuoso de los Derechos Humanos y separado de la iglesia", indicaron.
"La esperanza de las mujeres salteñas es que el Estado respete y garantice sus derechos, que se haga realidad", concluye el pronunciamiento.