Ni bien asumió como intendente de Pichanal, en diciembre de 2003, Julio Jalit se aseguró la administración discrecional de los fondos del Municipio.
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Ni bien asumió como intendente de Pichanal, en diciembre de 2003, Julio Jalit se aseguró la administración discrecional de los fondos del Municipio.
El 15 de enero de 2004, por resolución 021/04, declaró autónoma a la Tesorería Municipal. De esa forma, la caja quedó en sus manos.
En los 15 años y tres meses que llevan sus cuatro mandatos evitó rendir cuentas al Concejo de las ejecuciones presupuestarias y el destino de los recursos recibidos de la Nación y la Provincia.
Desde 2005 su patrimonio personal empezó a multiplicarse con vehículos de alta gama, camiones, maquinarias agrícolas, equipos viales y más de una decena de fincas.
La mayor parte de las operaciones inmobiliarias se cerró entre 2009 y 2010, mientras regía la prohibición de desmontar dictada por la Corte Suprema. A pesar de la cautelar, esas tierras de San Martín y Orán fueron desmontadas y volcadas a la soja y otros cultivos.
Desde 2009, Jalit fue denunciado en la Justicia ordinaria y federal por enriquecimiento ilícito, malversación de fondos, incumplimiento de deberes y abuso de poder, pero fiscales y jueces se mostraron imperturbables ante la insistencia de concejales y legisladores provinciales. Los organismos de recaudación tampoco se inmutaron frente al exponencial crecimiento de su patrimonio personal. En los registros de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) el jefe comunal de Pichanal figura desde julio de 2007 como trabajador autónomo de categoría III con ingresos de hasta $15.000. A ese mismo año se remonta la inscripción de Jalit como productor agrícola. El organismo federal, que persigue con tenacidad a pequeños contribuyentes, nunca se enteró -o no quiso enterarse- de que el empleado de los surtidores se convirtió, casi de la nada, en uno de los hombres más ricos del departamento Orán.
Desde su primer día en la función pública, el intendente de Pichanal eludió el cumplimiento de las declaraciones juradas de bienes que debía presentar, obligatoriamente, al comienzo y al final de cada mandato. Las normas provinciales dictadas para prevenir la corrupción, en su caso, fueron letra muerta. Recién el 15 de octubre de 2014, luego de que El Tribuno expusiera el patrimonio en tierras conocido hasta entonces, Jalit presentó su primera declaración jurada ante la Escribanía de Gobierno.
A aquella le siguieron otras dos, el 2 de septiembre de 2016 y el 3 de enero de 2017. Con ellas, apenas blanqueó con valores risibles una parte de la fortuna que amasó durante sus 15 años de función pública.
La riqueza personal de Jalit creció tan descontroladamente que cada vez dedicó más tiempo a sus negocios que al Municipio.
Tres informes de la Auditoría General y varias denuncias que terminaron dormidas en los despachos judiciales de Orán marcaron serias irregularidades en la administración de los fondos públicos, los asientos contables, las contrataciones, el parque vehicular, la planta de empleados, los nombramientos y los comprobantes de gastos del Municipio.
En 2009, Jalit fue denunciado penalmente por una injustificada erogación de $1.500.000 en las arcas municipales, imputada a combustible y repuestos de vehículos.
Desde el 24 de septiembre de 2010, dedicado casi de lleno a sus negocios, delegó la totalidad de las facultadas conferidas por la Carta Orgánica a Joaquín Alberto Vélez, "en su carácter de procurador general de la Municipalidad, a los fines que fueren necesarios". De esa forma cubrió sus faltazos en la Intendencia.
En 2011, en la operación de las 44 hectáreas que la Provincia adquirió a la firma KyM para el Parque Industrial de Pichanal, Jalit actuó de intermediario. Detrás de esa compra directa, concejales denunciaron un "gran negociado inmobiliario" que tampoco se investigó.
Ese mismo año Pichanal estuvo en titulares nacionales por la muerte de niños desnutridos. En ese contexto, el concejal Carlos Castañeda denuncio al intendente ante la Justicia Federal de Orán por enriquecimiento ilícito y malversación de fondos nacionales destinados a los comedores.
En abril de 2016, en medio de la crisis del dengue, otros ediles denunciaron que Jalit se quedó con partidas que estaban destinadas a cubrir a las escuelas del trágico brote.
En diciembre de 2018, el concejal Facundo Montero denunció un faltante de $11 millones que estaban incluidos en el presupuesto de 2017. Esa presunta malversación de fondos públicos había quedado expuesta en un informe final de la Auditoría General de la Provincia.
Monotributo
En la AFIP, a la par de sus actividades, Jalit está inscripto como trabajador autónomo categoría III con ingresos hasta $15.000