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Liberan a madre e hija acusadas de un feroz homicidio

Las mujeres están imputadas de asesinar de 185 puñaladas al esposo de una de ellas y padre de la otra.
Sabado, 16 de marzo de 2019 01:14

El juez de Garantías 4 de San Martín, Alberto Brizuela, ordenó ayer tarde la excarcelación extraordinaria de la madre e hija que mataron de 185 cuchilladas al esposo y padre, respectivamente, en la localidad bonaerense José C. Paz, aunque deberán seguir detenidas hasta que la medida quede firme. La medida benefició a Paola Elvira Córdoba (38) y su hija Paula Milagros Naiaretti (18), quienes estaban presas desde el sábado, cuando se produjo el homicidio de Alberto Elvio Naiaretti (46). En su resolución el juez dispuso que ambas mujeres sean excarceladas, pero previamente debe notificarse a la fiscal de Malvinas Argentinas, Silvia González Bazzani, lo cual se concretará el lunes porque esta tarde no estaba presente en la audiencia.

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El juez de Garantías 4 de San Martín, Alberto Brizuela, ordenó ayer tarde la excarcelación extraordinaria de la madre e hija que mataron de 185 cuchilladas al esposo y padre, respectivamente, en la localidad bonaerense José C. Paz, aunque deberán seguir detenidas hasta que la medida quede firme. La medida benefició a Paola Elvira Córdoba (38) y su hija Paula Milagros Naiaretti (18), quienes estaban presas desde el sábado, cuando se produjo el homicidio de Alberto Elvio Naiaretti (46). En su resolución el juez dispuso que ambas mujeres sean excarceladas, pero previamente debe notificarse a la fiscal de Malvinas Argentinas, Silvia González Bazzani, lo cual se concretará el lunes porque esta tarde no estaba presente en la audiencia.

El defensor oficial de madre e hija, Javier Chirinos, explicó a Télam que si la fiscal está de acuerdo con la medida recuperarán la libertad de inmediato, pero si González Bazzani apela a la Cámara, sus asistidas deberán esperar esa resolución. "El juez hizo lo que tenía que hacer. Fue un paso muy importante", sostuvo el abogado público, quien detalló que Brizuela impuso como condiciones que Córdoba y su hija permanezcan los primeros 30 días de libertad en la casa de una hermana de la primera y que no se alejen a más de 100 kilómetros mientras sigue la investigación.

Respecto de los otros tres hijos de la mujer, ordenó que no tengan contacto hasta que lo autorice la asesora de Menores, y le impidió cualquier acercamiento a la familia de Naiaretti.

La resolución fue celebrada con lágrimas por Paola, su hija, las dos hermanas de la primera y la directora del colegio de una de sus hijas, quienes estuvieron presentes en la sala. En la audiencia que se había realizado el mediodía, Chirinos pidió la excarcelación de ambas, ya que a su entender se trata de un caso de "violencia de género histórica".

"Consideramos que este hecho se realizó en una situación de violencia de género histórica, de muchos años, más de 20 años que sufría Paola, esta violencia era económíca, física, tortura y prostitución. No solo de ella sino también sus hijos", explicó el defensor. Chirinos explicó que Naiaretti no solo realizaba amenazas de muerte a Paola Córdoba y a sus hijos "sino también a los sobrinos".

Recordó que cuando fue indagada, tanto Paola Córdoba como su hija decidieron "contar con lujo de detalles todo lo que aconteció no solo esa noche sino lo que sucedió durante muchos años, toda su historia de tanta violencia y vejaciones". El defensor oficial también remarcó que en el caso de su asistida ningún organismo del Estado pudo darle una respuesta.

"Paola hizo innumerables requerimientos, no solo a la Justicia sino a otro tipo de organismos como la Dinaf (Dirección Integral de Niñez, Adolescencia y Familia de José C. Paz) y a lugares con abogados de asistencia gratuita, y nadie le dio respuesta", señaló. Además contó que visitó a Córdoba en la Alcaidía de La Plata, donde fue trasladada, y allí la mujer le pidió que "por favor que cuiden a los chicos", en referencia a sus otros tres hijos, un varón de 6 años y dos nenes de 9 y 13. Por su parte, la fiscal señaló que la excarcelación extraordinaria era una "medida prematura", a seis días de haberse producido el crimen, y que era necesario citar a algunos testigos.

 

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