El Consejo Económico Social de Salta, quizás el foro con mayor representación de los distintos sectores públicos y privados de la provincia, perdió ayer la posibilidad de que el jefe de Gabinete, Fernando Yarade, brinde explicaciones sobre cómo quedarán paradas las arcas provinciales y cuáles son los proyectos de inversiones que quedarían en pie luego de la disposición de un incremento salarial para los estatales del 38% más un plus de $5.000.
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El Consejo Económico Social de Salta, quizás el foro con mayor representación de los distintos sectores públicos y privados de la provincia, perdió ayer la posibilidad de que el jefe de Gabinete, Fernando Yarade, brinde explicaciones sobre cómo quedarán paradas las arcas provinciales y cuáles son los proyectos de inversiones que quedarían en pie luego de la disposición de un incremento salarial para los estatales del 38% más un plus de $5.000.
El funcionario estaba invitado para la reunión del Consejo, que se concretó en la sede del Sindicato de Empleados de Comercio, pero se excusó de asistir "por cuestiones de agenda", según se explicó en la jornada.
Lo cierto es que por la ausencia de Yarade, sorpresiva para la mayoría de los consejeros, el encuentro del organismo, cuya función es discutir acciones e ideas para delinear políticas públicas para la Salta del futuro, derivó en una suerte de catarsis de los diferentes representantes de la sociedad organizada sobre lo que ocurrió en las caóticas paritarias docentes, cuyo resultado se trasladó a toda la administración provincial.
Como se podía esperar, los representantes de las cámaras empresariales que integran el Consejo manifestaron su preocupación por la posibilidad de que la situación de anarquía que se vivió en las negociaciones salariales, en la que prevaleció la voluntad de un amplio grupo de educadores (los autoconvocados), quienes desconocieron cualquier representación gremial, se traslade a otros reclamos sectoriales. Cuestionaron, además, el anuncio del Gobierno de que se van a relegar obras públicas para pagar los sueldos de los estatales.
"El mensaje que se dio no es bueno, parece que el que grita más fuerte tiene la razón y ese método de demanda se puede trasladar a otros sectores", alertó en la oportunidad Carlos Ruiz Echazú, de la Cámara de Turismo de Salta.
En una posición distinta se manifestó la representante del Instituto Provincial de Pueblos Indígenas, Betina López, quien sostuvo que no se puede estar en contra del reclamo de los docentes autoconvocados, ni de sus métodos para manifestarse, por la frágil situación económica de esos trabajadores, que, por cierto, explicó, están mucho mejor que las comunidades originarias.
A todo esto, el presidente del Foro de Intendentes de Salta, Mario Cuenca, quien es jefe comunal de Campo Santo, advirtió que el 90% de las 60 municipalidades de la provincia no podrán pagar el incremento salarial dispuesto por el gobierno de Juan Manuel Urtubey.
La conclusión de la reunión del Consejo fue la difusión de un parte de prensa en el que se insta a "dejar de lado los intereses sectoriales en pos del bien común y de las posibilidades reales de progreso socio económico de la provincia".
En el top ten del empleo público
Mientras el sector empresarial y gran parte de los vecinos salteños se preguntan a dónde va a parar la gran cantidad de dinero que deben pagar en impuestos, desde el Ministerio de Hacienda de la Nación difundieron los datos sobre el empleo público que existe en las provincias y municipios del país.
De acuerdo a ese informe, Salta es el octavo distrito nacional con mayor cantidad de trabajadores estatales. Cuenta con 93.269 personas que reciben sueldos pagados desde las arcas públicas. Es, prácticamente, la misma cantidad de empleados que se desempeñan en el sector privado formal.
Solo el Estado provincial debe hacerse cargo de cerca de 70 mil salarios en sus distintas dependencias, lo que le ocupa más del 60% del presupuesto anual.
En la mayoría de los municipios salteños la situación es más dramática, ya que la mayoría de ellos se convirtió en, apenas, una caja de empleo, no solo por las precarias economías comunales sino también por favores políticos y el proselitismo clientelar. Se relegaron, así, las necesarias inversiones en obras públicas.